ALICANTE.- El
abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en la causa
abierta por la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM),
ha pedido al juez Eloy Velasco que investigue las operaciones de
«ingeniería financiera» desarrolladas por la caja de ahorros a través de
sus sucursales abiertas en las islas Caimán, Miami, México y República Dominicana, según recoge 'Abc'.
En
un recurso dirigido al Juzgado Central de Instrucción nº 3, el
letrado que representa a la Plataforma de afectados de la CAM solicita
al juez que utilice el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de
Capitales del Banco de España para detectar las propiedades
inmobiliarias y depósitos bancarios que sociedades participadas por CAM
—como Hansa Urbana— hayan podido traspasar a «políticos y financieros»
de la Comunidad Valenciana y Murcia a través de «sociedades piramidales
interpuestas, fideicomisos, testaferros, fundaciones o empresas creadas
para tal fin».
Lo
que ha llevado al abogado Diego de Ramón a plantear esta solicitud al
juez es la sospecha de que políticos o personas públicos de ambas
comunidades autónomas hayan podido beneficiarse, a través de terceros,
del desvío de fondos y propiedades de las sociedades participadas por la
caja en Centroamérica y en distintos paraísos fiscales.
El recurso del
letrado no sólo alude a Hansa Urbana, sino también a las presuntas
irregularidades detectadas por el Banco de España en la gestión del
grupo hotelero Valfensal, en el que Caja mediterráneo tiene una
participación del 30% de su accionariado.
Valfensal utilizó una empresa instrumental con sede en las
Antillas Holandesas —JacksonPort Corporation— para pagar en una cuenta
suiza una comisión de 10,3 millones de dólares (unos 7,8 millones de
euros), por la compra de una parcela que valía la mitad: 5,2 millones de
dólares (3,9 millones de euros). El pago de la comisión se efectuó a
través de dos cuentas del Rothschind Bank AG de Zurich (Suiza), cuya
titular es la empresa panameña Caribbean Holiday Investment Corp, según
un informe elaborado por la auditora Deloitte.
En
un correo electrónico recogido en el informe de Deloitte, el director
general de inversiones inmobiliarias de CAM, Daniel Gil, relató que el
apoderado de Valfensal, Juan Ferri, se oponía auditar la contabilidad de
JacksonPort porque «podría incluso ir a la cárcel», según sus palabras
textuales.
El abogado Diego de
Ramón también solicita al juez en su recurso que, si detecta propiedades
inmuebles o depósitos bancarios transferidos por estas filiales de CAM a
políticos o financieros de la Comunidad Valenciana, proceda al embargo
de estos bienes para responder de las pérdidas que han sufrido los
clientes de CAM que invirtieron sus ahorros en las cuotas participativas
de la caja.
Del
mismo modo, el letrado de la Plataforma CAM pide al magistrado Eloy
Velasco —que ocupa el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la
Audiencia Nacional como juez sustituto— que anule la segregación del
negocio financiero de la caja de ahorros al Banco CAM. De Ramón
argumenta que esta operación permite a la entidad financiera eludir el
pago de las cuotas participativas.
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