Tres exconsejeros acusan a la cúpula de CAM de ocultar datos

ALICANTE.- Tres ex consejeros de Caja Mediterráneo (CAM) han dirigido al Banco de España un pliego de alegaciones en el que atribuyen las posibles irregularidades detectadas en la gestión de la entidad al «núcleo duro» directivo formado en torno al ex presidente Modesto Crespo y a los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, según 'Abc'.

El escrito remitido al regulador está firmado por Juan García Gómez —que fue consejero de CAM entre 2004 y 2010—, Juan Bernal Roldán y Manuel Muelas Yébenes, estos últimos consejeros desde febrero de 2010 hasta que la caja fue intervenida, el pasado julio. Los dos primeros fueron elegidos en representación de los ayuntamientos, mientras que Muelas procede de los impositores.

En su pliego de alegaciones, asumen que las irregularidades expuestas en el expediente disciplinario abierto por el Banco de España «no son la manifestación de una conducta negligente por parte de los consejeros, sino una clara manifestación de una conducta continuada y planificada por parte de quienes tienen el control efectivo de la entidad». 

Los mismos gestores que, añade el escrito, se fijaron «indemnizaciones millonarias por prujubilarse, a pesar de la situación financiera», y aprobaron la incorporación de directivos de la caja al ERE cuando ya se había cerrado el plazo legal de inscripción.

Los tres ex consejeros que firman el pliego de alegaciones explican que la gestión diaria de la caja estaba formada por un núcleo duro» en torno a Modesto Crespo, López Abad y María Dolores Amorós, junto con los tres vicepresidentes y el resto de miembros del comité de dirección.

Los firmantes de la alegación añaden que el equipo directivo ocultaba información a la mayoría de los consejeros, a los que se les impedía incluso obtener copias de las actas del consejo y de otros documentos internos: sólo se les permitía tomar notas a mano, por motivos de seguridad.

Durante las reuniones del consejero, señala el escrito, todas las cuestiones se aprobaban sin debate previo y sin que hubiera apenas margen para pedir aclaraciones. Todos los informes internos que eran expuestos ante el consejo estaban avalados previamente por los auditores, por el propio Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En estas circunstancias, añaden los firmantes de la alegación, les resultaba imposible conocer unas irregularidades que «sólo han podido salir a la luz después de una concienzuda labor inspectora del Banco de España, labor que ni es posible ni le es exigible a un consejero general de la entidad. ¿Teníamos que hacer de detectives privados para investigar el trasfondo de los préstamos y refinanciaciones que se hacía?».