ALICANTE.- Tres
ex consejeros murcianos de Caja Mediterráneo (CAM) han pedido al Banco de España
que les facilite copia de todos los correos electrónicos recibidos y
enviados por los ex directores generales de la entidad Roberto López
Abad y María Dolores Amorós, para poder acreditar las presuntas
irregularidades detectadas en su gestión.
La
petición ha sido planteada por Juan García Gómez, Juan Bernal Roldán y
Manuel Muelas Yébenes en el pliego de alegaciones que han presentado al
expediente diciplinario abierto por el servicio de Inspección del Banco
de España a 49 ex consejeros y directivos de la CAM. Como informó ayer
ABC, estos tres antiguos miembros del consejero de administración no
niegan la existencia de irregularidades, pero las atribuyen al «núcleo
duro» formado en torno al ex presidente Modesto Crespo y a los dos ex
directores generales. Entre ellas citan que los ex directivos de la
entidad se estipular «indemnizaciones millonarias por prejubilarse», a
pesar de la delicada situación financiera que atravesaba la CAM, así
como el hecho de que algunos de ellos se incorporaran al ERE cuando ya
se había cerrado el plazo legal establecido.
En su pliego de
alegaciones, los tres ex consejeros piden que el Banco de España inste a
la CAM a facilitarles abundante documentación interna para poder
ejercer su defensa. Entre otras pruebas, reclaman copia de todos los
correos electrónicos que circularon por las cuentas corporativas de
López Abad y Dolores Amorós, del expresidente Modesto Crespo (desde
2007), así como de los exvicepresidentes Ángel Martínez (desde 2007) y
Armando Sala (desde 2004).
Asimismo,
reclaman que el Banco de España, la Comisión Nacional del mercado de
Valores (CNMV) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) les faciliten
copia de todos los informes y comunicaciones que han mantenido en
relación con la CAM.
Como
informó Abc, estos tres exconsejeros sostienen en su pliego de
alegaciones que desconocían todas las irregularidades que han podido
producirse en la CAM, ya que durante su etapa como miembros del consejo
la entidad no les facilitaba ningún documento y todos los acuerdos se
aprobaban sin debate previo.
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