MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 21 de
Madrid ha incoado diligencias previas por la denuncia presentada por
Manos Limpias contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel
Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la
entidad.
Según el auto dictado dictado el 21 de mayo, el juez concluye que los hechos denunciados
"presentan características que hacen presumir la posible existencia de
una infracción penal" por lo que abre diligencias y lo pone en
conocimiento del Ministerio Fiscal.
De esta forma se abre el primer paso para la apertura de un
proceso penal por la gestión llevaba a cabo en Bankia, que cerró 2011
con unas pérdidas de 2.979 millones de euros y su matriz, Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), que anunció ayer 'números rojos' de 3.318
millones de euros.
El sindicato acusa al gobernador del Banco de España por su
"grave imprudencia" al permitir la concesión de créditos "sin controlar
el riesgo", lo que podría constituir varios "delitos penales" por omitir
su labor de supervisión de las entidades financieras, según la denuncia
presentada.
Además, Manos Limpias acusa a Fernández Ordóñez de no
supervisar correctamente a Caja Castilla La Mancha (CCM) y la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM), que también tuvieron que ser
intervenidas por el Banco de España ante su situación de quiebra.
Por otro lado, el sindicato considera que los antiguos
presidentes de Bankia incurrieron en presuntos delitos societarios,
falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales
públicos.
En la denuncia se les acusa de conceder una "millones de
créditos fallidos a los especuladores" del sector inmobiliario y de
"maquillar los balances" en la declaración de sus cuentas presentadas
ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hechos
denunciados posteriormente por los administradores del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB).
El sindicato también denuncia el incumplimiento por parte de
España de la directiva europea 30/0/2009, que limitaba las
indemnizaciones a los banqueros a dos años de retribuciones fijas y
obligaba a devolver los pagos en exceso.
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