Blasco delega sus funciones de portavoz en las Corts tras hablar con Fabra

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco, ha delegado sus funciones de síndic en la Cámara hasta que se aclare su situación judicial después de que la jueza que instruye el caso de la supuesta trama de cooperación haya visto indicios de delito en su actuación al frente la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, y haya pedido a las Cortes la acreditación de su aforamiento, un paso previo a su posible imputación, que instruiría el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). 

   La decisión ha sido adoptada tras una conversación que ha mantenido con el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, donde se ha acordado que Blasco deje la primera línea del grupo parlamentario y delegue en el portavoz adjunto, Rafael Maluenda, esta tarea. El cambio se visualizará este miércoles cuando sea este último quien defienda la posición de su grupo durante la intervención de Fabra en el pleno para explicar el Plan de Reequilibrio del Consell.

   Según fuentes de su entorno, Blasco ha puesto su cargo a disposición del presidente de la Generalitat valenciana, que le ha comunicado su decisión de mantenerle en el puesto hasta que exista una imputación formal.

   En la conversación, el presidente Fabra le ha trasladado que ya sabe dónde está la línea marcada por el PP en casos judiciales y le ha advertido de que tendrá que dejar su cargo en caso de que sea imputado.

   Blasco ha recibido la información de la decisión de la juez durante un acto en las Cortes para celebrar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, organizado con Cruz Roja. Durante el evento, el síndic del PP ha atendido el teléfono, ha puesto "mala cara" y se ha marchado "corriendo" tras hacerse la foto, según fuentes que han estado presentes en el acto.

   Este mismo martes, a primera hora, Blasco ha presentado un escrito para renunciar a la percepción de la cantidad correspondiente a la indemnización por ejercicio de la función que, en su caso, asciende a 299,17 euros al mes, según han informado fuentes parlamentarias.