El abogado Diego de Ramón presenta una tercera querella contra los exdirectivos de la CAM

ALICANTE.- El abogado Diego de Ramón ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella -la tercera, en este caso en representación de 174 clientes- contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), a la que acusa de delito societario, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y engaño con abuso de poder en la gestión de la caja de ahorros alicantina.

La querella se dirige contra el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exvicepresidente Ángel Martínez, el ex director general adjunto Agustín Llorca Ramírez y otros directivos de la entidad.

En su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, Diego de Ramón solicita que la querella sea unida a las dos que presentó con anterioridad, y que ya han sido admitidas a trámite por el Juzgado Central de Instrucción número 3: una a título personal como acusación popular, y otra en representación de la Plataforma CAM, a la que ya se han adherido cerca de 400 clientes de la caja.

Como medida cautelar, el abogado solicita al juez que imponga a los querellados una fianza de 4.792.000 euros, para responder de su responsabilidad civil por las pérdidas que han sufrido los 174 firmantes de la querella en la compra de productos financieros de CAM.

En declaraciones a Abc, Diego de Ramón anunció su decisión de enviar a la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, una copia en inglés de las tres querellas que ha presentado ante la Audiencia Nacional, así como de todas las diligencias posteriores, para que estos tres organismos se interesen por exigir responsabilidades penales a los responsables de la quiebra de CAM.

De Ramón quiere responder así a las informaciones que indican que los tres organismos internacionales que componen la troika quieren tutelar la reestructuración del sistema financiero español, como condición para hacer efectivo el rescate de hasta 100.000 millones de euros destinado a la banca. En su querella, a la que ha tenido acceso Abc, el abogado señala que Caja Mediterráneo (CAM) colocó productos financieros «tóxicos», como las cuotas participativas y las opciones preferentes, eligiendo de forma sistemática a los clientes por su «bajo índice de conocimientos culturales o de entendimiento», con frecuencia entre personas mayores o extranjeros que carecían de información suficiente.

Pero además, a su juicio, estos clientes fueron engañados, ya que la entidad declaró un beneficio de 38,9 millones de euros en el primer trimestre de 2011, cuando en realidad, según los administradores del FROB, en dicho periodo se registraron unas pérdidas por valor de 1.1136 millones, que alcanzaron los 2.713 millones en el conjunto del ejercicio. Puesto que la rentabilidad de las cuotas y participaciones preferentes estaba ligada a la cuenta de resultados de la caja, los clientes nunca hubieran comprado estos productos si hubieran conocido la situación real de la entidad, argumenta la querella.

Al respecto, alude a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Alicante que confirmó el despido procedente de la ex directora general María Dolores Amorós y que consideró probado que la entidad alteró su realidad contable para maquillar sus resultados, en lo que podría suponer un delito societario.

En su denuncia, Diego de Ramón atribuye la quiebra de CAM, en buena medida, al hecho de que la caja diera créditos multimillonarios, que luego han resultado impagados, a grandes empresas inmobiliarias sin exigirles garantías suficientes.