Fabra no puede relevar a la alcaldesa de Alicante, pero espera que ella renuncie

LA CORUÑA.- La Generalitat valenciana reconoce que su presidente, Alberto Fabra, no tiene facultades para destituir a cargos electos. Y lo admitía a través del vicepresidente del Gobierno autónomo, José Císcar, quien quiso subrayar el compromiso de Fabra en la lucha contra la corrupción. Al hilo de las críticas habidas en torno a las posibilidades de imputación de la alcaldesa de Alicante, la ribadense Sonia Castedo, y de su predecesor, Luis Díaz Alperi -ambos diputados autonómicos-, por un caso de corrupción urbanística, Císcar, tras conceder que no se actuará contra los parlamentarios del PP que están imputados -porque carecen de capacidad «legal»-, también dejó caer que esperan que la regidora renuncie por su propia voluntad, según publica 'La Voz de Galicia'.

En este sentido, el PSOE valenciano ofreció el día anterior a Fabra su decidido apoyo para seguir gobernando si obligaba a los parlamentarios populares imputados a integrarse en un grupo mixto. Y es que el PP valenciano tiene un serio problema de corrupción, que su grupo parlamentario en las Cortes regionales escenifica a la perfección: actualmente cuenta con siete diputados imputados, que incluso podrían ser diez si Rafael Blasco (portavoz del grupo, implicado en el caso de desvío de fondos de la cooperación con el tercer mundo), Castedo y Díaz Alperi (rama del caso Brugal que investiga el amaño del Plan de Urbanismo alicantino) resultan imputados. Según recuerda la prensa valenciana, en la bancada popular de la Cámara autónoma conviven hoy seis imputados por la causa de la presunta financiación ilegal del PP valenciano en el caso de la red corrupta Gürtel -Ricardo Costa, Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García y Angélica Such- y un séptimo, Pedro Hernández Mateo, por la adjudicación de la contrata de basuras en el Ayuntamiento de Torrevieja, localidad de la que era alcalde.

Císcar quiso dejar claro que Fabra «actúa plenamente» y con contundencia tanto en el Gobierno como en el partido -donde su presidencia sí tiene «potestades»-. Fue en este punto donde avisó de que cuando los procesos congresuales provinciales concluyan quedará constituido el comité de derechos y garantías del PP regional, «que es el que tiene la potestad de decidir en este tipo de actuaciones». Los estatutos del partido, apuntó, han de ser los que pondrán en marcha los preceptivos mecanismos para encarar estas situaciones, aunque rechazó adelantar las posible medidas a adoptar.

Sobre si cabe la expulsión del grupo parlamentario de las personas imputadas, el vicepresidente de la Generalitat dijo que tal decisión corresponde al grupo, y que en estos momentos «no tiene intención de hacerlo».