VALENCIA.- Este próximo lunes 10 de septiembre comienza el calvario judicial del
PP valenciano. El partido del presidente Alberto Fabra está envuelto en
varios procesos judiciales que afectan a tres supuestos casos de
corrupción en los que, de alguna forma, aparecen implicados diputados
populares: el caso Emarsa, el caso Cooperación y el caso de financiación
ilegal, enmarcado en una separata del caso Gürtel, recuerda www.maspublico.com
La primera prueba de fuego será este lunes cuando se reanudarán las
declaraciones por el llamado caso Emarsa. En él se investiga una
presunta trama corrupta que se dedicó a saquear las arcas de la empresa
pública de gestión de agua de Valencia y su área metropolitana del 2006
al 2009. Cerca de 25 millones de euros se calcula que se desvió de la
empresa pública a manos privadas. En el auto aparecen imputadas varias
personas vinculadas al Partido Popular.
El Tribunal Superior de Justicia ya ha hecho público el calendario de
declaraciones y, antes de que acabe el año, pasarán más de 30 testigos
por el juzgado número 10 de Valencia.
Imputados populares que aparecen también en el conocido como caso
Cooperación, donde se investiga el desvío de fondos públicos, en esta
ocasión, destinados a ayuda al Tercer Mundo (por ejemplo la construcción
de un hospital en Haití). En la actualidad hay 22 imputados, seis de
ellos altos cargos de la administración valenciana y se espera que en
los próximos días se impute al actual portavoz popular en Les Corts,
Rafael Blasco, por su relación con la trama.
El tercer caso de corrupción que se investigará en Valencia y que
tiene como actores a miembros del Partido Popular, está relacionado con
la trama Gürtel. Previsiblemente el 18 de septiembre se retomarán las
declaraciones para investigar la presunta financiación irregular del PP
en el País Valenciano.
El encargado de investigar este caso será el Tribunal Superior de
Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV), quien deberá pronunciarse
sobre el presunto delito de delito electoral y una presunta
prevaricación de la Administración autonómica. La causa, derivada de la
investigación del juez Pedreira en Madrid, está dividida en tres piezas:
delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007,
delito de falsedad documental en las generales de 2008 y prevaricación
de la Generalitat en la contratación de Orange Market, vinculada a la
trama Gürtel, derivados de su contratación para la feria de turismo
Fitur.
Además, sobre el ex Gobierno valenciano de Francisco Camps también
recae la duda de su relación con la trama Nóos y sus contrataciones con
Iñaki Urdangarín para la realización de la Valencia Summit.
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