MADRID.- La Audiencia Nacional investiga las inversiones hoteleras que realizó Caja Mediterráneo (CAM)
a través de la sociedad Valfensal, participada en un 30 % por la
entidad financiera y en un 70 % por los empresarios Juan Ferri Guardiola
y José Salvador Baldó.
Según confirmaron fuentes
jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha llevado a cabo
registros en Benidorm y Altea con el objetivo de obtener
documentación de los domicilios particulares de los dos empresarios y de
la principal oficina de Vanfensal, cuya sede social se encuentra sin
embargo en Madrid.
La
investigación liderada por el juez de la Audiencia Nacional Javier
Gómez Bermúdez se inició a raíz del informe encargado por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a Deloitte sobre las
operaciones de CAM
con Valfensal, que desveló la existencia de múltiples irregularidades,
constitutivas de delitos de apropiación indebida y blanqueo de
capitales, entre otros.
Según Deloitte, Ferri y Baldó
constituyeron un entramado de una treintena de sociedades, algunas de
las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales, gracias en buena
medida a la financiación sin condiciones de CAM, donde supuestamente contaban con el apoyo del ex director general Roberto López Abad.
De hecho, en la documentación anexa al informe, CAM
señala que el ex director general conocía a los propietarios
mayoritarios de Valfensal desde la crisis de 1992 y que en 2004, cuando
la entidad financiera creó TI Participaciones, "los clientes establecen
contacto con Roberto López, Daniel Gil y Agustín Llorca para ofrecernos
en (sic) los proyectos que van a desarrollar en América".
Entre 2004 y 2009, CAM
financió con 194,56 millones de dólares a Valfensal para comprar en el
Caribe el Hotel Sandos Caracol, el Hotel Playacar (antiguo Hotel Gala) y
el Hotel Rivera, así como varias parcelas en Rivera Maya y República
Dominicana.
Tras la concesión de los préstamos, CAM
y Valfensal renegociaron la ampliación del período de carencia del
capital, que quedó fijado hasta febrero de 2014, aunque el vencimiento
se mantuvo en 2018.
Los registros fueron realizados el pasado 16
de octubre por la Guardia Civil sin que de momento el titular del
Juzgado Central de Instrucción nº 3, que lidera la investigación
sobre las irregularidades cometidas por los antiguos gestores de CAM, haya imputado a los dos empresarios.
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