ALICANTE.- Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, Esquerra Unida (EUPV), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), y PSPV-PSOE, a propuesta de este último, han presentado una solicitud a la Alcaldía para la realización de un pleno extraordinario cuyo único punto del orden del día sea el debate sobre el estado de la ciudad, después de la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, en la rama del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina.
El secretario general de la Ejecutiva Local del PSPV-PSOE, Gabriel Echávarri, y el portavoz municipal del PSPV, Miguel Ull, han comparecido para informar sobre la petición del debate sobre el estado de la ciudad, que ha sido suscrita por los siete ediles del PSPV, así como por los dos portavoces de UPyD y EUPV, Fernando Llopis y Miguel Ángel Pavón, respectivamente.
Ull ha explicado que "un pleno extraordinario de estas características" debe estar apoyado por al menos una cuarta parte de los concejales de la corporación --mínimo ocho, en el caso de Alicante--, tiene que ser aprobado por la Alcaldía, y sus condiciones, tales como fecha y órdenes del día, han de ser pactadas a través de la Junta de Gobierno local.
Por su parte, Echávarri ha considerado que ante la imputación de Castedo en la rama del caso Brugal relativa al PGOU, la alcaldesa tiene que hacer frente "a los delitos más graves de los que se puede acusar a una representante pública" y que, a su juicio, han provocado que la ciudad de Alicante se encuentre "paralizada".
Al respecto, ha asegurado que "el poco tiempo" que pasa la primera edil en la capital alicantina "lo dedica a su futuro personal y a defenderse" de los cargos que se le imputan --revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho--.
Igualmente, el secretario socialista ha insistido en que las "relaciones" de Castedo con el empresario Enrique Ortiz, también imputado en la misma pieza del caso Brugal, "provocan la pérdida de confianza de muchos empresarios y sus inversiones en la ciudad", por lo que se ha preguntado "qué empresarios van a venir a invertir" si la alcaldesa de Alicante "se va a Ibiza con Ortiz".
Además, ha subrayado en la misma línea que la citada situación "atenta contra la sana competencia", al tiempo que ha apuntado que "afecta a los servicios públicos", ya que "ya está todo el pescado vendido en materia de contratas", tal y como ha puntualizado.
También ha hecho un llamamiento a los ediles del PP en el consistorio alicantino para que "sustituyan a la alcaldesa", porque de lo contrario, según Echávarri, "serán cómplices de la vergüenza". "Alicante no puede abrir los telediarios de España con imputados por delitos de corrupción", ha agregado.
En el mismo sentido, Ull ha resaltado que la imputación de Castedo se une a la "grave situación" que, a su entender, generan los "problemas de desempleo" que afectan a la ciudad y sobre los que, tal y como ha enfatizado, "no se han visto signos del Ayuntamiento para solventarlos".
Además, el portavoz municipal socialista ha manifestado que estas circunstancias "influyen negativamente" sobre los funcionarios locales, "que no saben cuál es su papel" en una ciudad con un Ayuntamiento "plano de iniciativas" y con una hacienda pública municipal en "quiebra técnica, funcional y total".
Por su parte, el portavoz de grupo municipal de EUPV, Miguel Ángel Pavón, ha señalado a través de un comunicado, en el que ha informado de la adhesión de su grupo a la propuesta de los socialistas, que desde la aprobación en 2005 del anterior reglamento del pleno municipal, deben celebrarse en cada legislatura "al menos" dos sesiones de debate sobre el estado de la ciudad.
El secretario general de la Ejecutiva Local del PSPV-PSOE, Gabriel Echávarri, y el portavoz municipal del PSPV, Miguel Ull, han comparecido para informar sobre la petición del debate sobre el estado de la ciudad, que ha sido suscrita por los siete ediles del PSPV, así como por los dos portavoces de UPyD y EUPV, Fernando Llopis y Miguel Ángel Pavón, respectivamente.
Ull ha explicado que "un pleno extraordinario de estas características" debe estar apoyado por al menos una cuarta parte de los concejales de la corporación --mínimo ocho, en el caso de Alicante--, tiene que ser aprobado por la Alcaldía, y sus condiciones, tales como fecha y órdenes del día, han de ser pactadas a través de la Junta de Gobierno local.
Por su parte, Echávarri ha considerado que ante la imputación de Castedo en la rama del caso Brugal relativa al PGOU, la alcaldesa tiene que hacer frente "a los delitos más graves de los que se puede acusar a una representante pública" y que, a su juicio, han provocado que la ciudad de Alicante se encuentre "paralizada".
Al respecto, ha asegurado que "el poco tiempo" que pasa la primera edil en la capital alicantina "lo dedica a su futuro personal y a defenderse" de los cargos que se le imputan --revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho--.
Igualmente, el secretario socialista ha insistido en que las "relaciones" de Castedo con el empresario Enrique Ortiz, también imputado en la misma pieza del caso Brugal, "provocan la pérdida de confianza de muchos empresarios y sus inversiones en la ciudad", por lo que se ha preguntado "qué empresarios van a venir a invertir" si la alcaldesa de Alicante "se va a Ibiza con Ortiz".
Además, ha subrayado en la misma línea que la citada situación "atenta contra la sana competencia", al tiempo que ha apuntado que "afecta a los servicios públicos", ya que "ya está todo el pescado vendido en materia de contratas", tal y como ha puntualizado.
También ha hecho un llamamiento a los ediles del PP en el consistorio alicantino para que "sustituyan a la alcaldesa", porque de lo contrario, según Echávarri, "serán cómplices de la vergüenza". "Alicante no puede abrir los telediarios de España con imputados por delitos de corrupción", ha agregado.
En el mismo sentido, Ull ha resaltado que la imputación de Castedo se une a la "grave situación" que, a su entender, generan los "problemas de desempleo" que afectan a la ciudad y sobre los que, tal y como ha enfatizado, "no se han visto signos del Ayuntamiento para solventarlos".
Además, el portavoz municipal socialista ha manifestado que estas circunstancias "influyen negativamente" sobre los funcionarios locales, "que no saben cuál es su papel" en una ciudad con un Ayuntamiento "plano de iniciativas" y con una hacienda pública municipal en "quiebra técnica, funcional y total".
Por su parte, el portavoz de grupo municipal de EUPV, Miguel Ángel Pavón, ha señalado a través de un comunicado, en el que ha informado de la adhesión de su grupo a la propuesta de los socialistas, que desde la aprobación en 2005 del anterior reglamento del pleno municipal, deben celebrarse en cada legislatura "al menos" dos sesiones de debate sobre el estado de la ciudad.
Así, Pavón ha explicado que se trata de una "obligación" recogida en el artículo 72 del reglamento del pleno, mantenido en el nuevo orden que se aprobó en septiembre de 2011, y que, según ha añadido, "los sucesivos equipos de gobierno del PP han incumplido de forma flagrante" al no celebrar ninguno desde 2005, un extremo al que se han referido también los socialistas durante su comparecencia de prensa.
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