VALENCIA.- La secretaria general de Cáritas Diocesana, Fani Raga, ha afirmado este jueves que "claramente" las políticas sociales "no son una prioridad" para el Gobierno valenciano, como demuestra que haya descendido un 7% el presupuesto de Bienestar Social, a pesar de que la pobreza se está convirtiendo en "un fenómeno estructural".
Raga, ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa de
presentación del 'Observatorio diocesano de la realidad 2012', en la que
ha constatado que la pobreza cada vez es "más extensa, básica e intensa",
lo que ha llevado a duplicar el número de personas atendidas de media
de 135 a 270 por Cáritas Parroquial entre 2007 y 2011 y a incrementar el
fondo de las ayudas un 1.200 por cien pasando de 39.000 a 525.000 en
este periodo.
Al respecto, ha advertido de que Cáritas Diocesana realiza, con "unas fuerzas limitadas" y "unos recursos escasos"
una tarea que es "complementaria" cuando ha recalcado que la protección
social es una obligación social. Sin embargo, ha lamentado que esta
reducción en Bienestar Social en los presupuestos que se están debatiendo en las Corts supondrán una merma de 51 millones para "atender a las necesidades más básicas" que con esta crisis están aumentando y "todo parece indicar que las cifras van a empeorar".
Así, ha afirmado que con esta cantidad "no llegan a nada".
"Parece que no son conscientes de las necesidades sociales cuando
presentan unos presupuestos en los que la devolución de la deuda aumenta
un 71 por ciento y bajan un 7% la atención social", ha recriminado
Raga, quien ha pedido una modificación para hacer "unos presupuestados de verdad sociales" e "ir más allá de las políticas de emergencias".
Raga ha advertido de que el escenario social es "grave" porque la pobreza cada vez es "más extensa",
afecta al 21 por ciento de los hogares en España y al 19 por ciento en
la Comunitat Valenciana, intensa, porque las privaciones han aumentado
por lo que las ayudas han aumentado un 57 por ciento, y crónica, por lo
que ha augurado de que aunque pase la crisis "muchas familias quedarán instaladas en la pobreza".
En concreto, ha arremetido contra dos "replieges" del sistema de
protección social. En primer lugar, contra el decreto que excluye del
sistema sanitario público a "las personas más vulnerables".
Cáritas se ha sumando a otras 17 entidades para recoger los casos que se
quedan fuera del sistema y reclamarlos ante la Administración.
En un mes ya han detectado 78 incidencias tanto de personas
inmigrantes irregulares como de propios españoles que al no haber
cotizado nunca a la Seguridad Social "se han quedado fuera del sistema". "Hemos pasado de que la Sanidad sea un derecho básico a un modelo de contraprestación por el que sólo lo recibes si pagas", ha lamentado Raga quien por ello ha exigido la derogación de este decreto.
Del mismo modo, ha denunciado "el desmantelamiento" de los
servicios sociales mediante el alargamiento de tiempo para pedir cita,
el endurecimiento de los requisitos para su acceso, los retrasos en las
resoluciones, y la reducción de las prestaciones. Es más, la partida
destinada a la Renta Garantizada de Ciudadanía se ha reducido este año
en 5 millones
Raga ha señalado que las redes familiares y vecinales, que suponía "un colchón", se "están agotando", lo que "resulta muy preocupante".
Por ello, han pasado de 16 economatos a 39 desde 2007 que atienden a
6.500 familias y han pasado de gastar 86.500 euros mensuales a
105.000.
Ante esta situación, Cáritas cuenta con 42 equipos de empleo y en
lo que va de año se han formado para el trabajo más de 300 personas.
Además, con motivo de la Navidad, Cáritas lanza su Campaña
Institucional, que con el lema 'Vive con sencillez y trabaja por un
mundo más justo'.
Por su parte, el Programa de Vivienda, en su primer año de
funcionamiento, ha contado con diez viviendas y 31 personas
beneficiarias; y la colaboración desinteresada de Broseta Abogados ha
servido para asesorar en materia hipotecaria a más de 200 personas.
Como
ocurre desde antes de 2007, pero muy especialmente en los últimos años,
la mayor parte de la ayuda económica que ofrece la Institución -más de
un 80 por ciento- está destinada a aspectos relacionados con la vivienda
(pagos de suministros y alquileres, entre otros).
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