VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha comenzado y terminado 2012 --su primer año completo como jefe del Consell-- con cambios en su equipo de gobierno, en un ejercicio que ha estado marcado por los recortes para lograr el cumplimiento del objetivo del déficit, las protestas ciudadanas ante estos ajustes y el discurso de lucha contra la corrupción.
Así, el jefe del Consell comenzó 2012 con un equipo renovado tras
la primera remodelación de gobierno, anunciada el pasado 30 de
diciembre. De esta forma, el hasta entonces conseller de Educación,
Formación y Empleo, José Císcar, se convirtió en 'hombre fuerte' al ser
nombrado vicepresidente de la Generalitat, en sustitución de Paula
Sánchez de León, que pasó a ocupar el cargo de delegada del Gobierno en
la Comunitat Valenciana.
Císcar también pasó a ostentar el cargo de portavoz del Consell,
que ejercía hasta entonces la también consellera de Turismo y Cultura, Lola Johnson.
La vacante en Educación y Empleo la ocupó la alcaldesa de Torrent,
María José Català. Los nuevos consellers tomaron posesión el 2
de enero.
Fabra volvió a elegir otro viernes, el 7 de diciembre, en pleno
puente de la Constitución, para reducir de diez a ocho el número de
consellers y dejar fuera de su gobierno a cuatro titulares que procedían
de la etapa de su predecesor, Francisco Camps, en concreto Lola Johnson, Jorge Cabré, Luis Rosado y Maritina Hernández.
Así, entraron en el gobierno Juan Carlos Moragues, para ocuparse
de Hacienda y Administración Pública; Manuel Llombart, que ha tomado las
riendas de la Conselleria de Sanidad; y Asunción Sánchez Zaplana, que
ha pasado de dirigir los asuntos sociales del Ayuntamiento de Alicante a
los de la Generalitat.
No obstante, permanecen de la época del ejecutivo de Francisco
Camps José Císcar, que a la Vicepresidencia y Portavocía ha añadido las
competencias de Agricultura y Agua; Isabel Bonig, que permanece en
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente; y Serafín Castellano,
quien se ocupa de Justicia y Gobernación.
Los últimos cambios de Gobierno se produjeron una semana después
de que José Manuel Vela dimitiera como conseller de Hacienda y
Administración Pública, horas antes de ser imputado por la supuesta
filtración de un informe de la Intervención General sobre el 'caso de
Cooperación' al diputado del PP, imputado en esta causa, Rafael
Blasco.
Precisamente, la imputación de Blasco ha sido uno de los sucesos
relevantes de 2012 en las filas 'populares'. El parlamentario tuvo que
delegar provisionalmente sus funciones de portavoz del grupo popular en
las Corts a Rafael Maluenda en junio. En octubre, Jorge Bellver pasó a
ser el nuevo síndic del PP.
Y es que el mensaje de lucha contra la corrupción ha sido uno de
los más repetidos por el jefe del Consell estos últimos meses y, al
respecto, ha tomado algunas decisiones. Por ejemplo, Fabra forzó la
dimisión del director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge
Vela, y del secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, como
consecuencia de su imputación en el 'caso Nóos'. Además, cesó al
director general de Integración y Cooperación, Josep María Felip, y al
subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá,
implicados, al igual que Blasco, en el llamado 'Caso de cooperación'.
No obstante, en las filas del grupo popular en las Corts continúan
nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con
delitos de corrupción. Asimismo, Pedro Hernández Mateo dejó su acta de
parlamentario al ser condenado por el TSJCV.
En el ámbito interno del PPCV, Fabra fue reelegido presidente del
PPCV con el 81,3 por ciento de los votos, y sustituyó a Antonio Clemente
por Serafín Castellano en la Secretaría General de la formación.
Respecto al ámbito económico, la Comunitat Valenciana fue
la primera autonomía en adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA),
decisión que el Consell anunció el pasado mes de julio, y con la que
buscaba "hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012" y, además, poder atender el pago a proveedores.
En la gestión de Fabra han ocupado un lugar importante las
diversas medidas de austeridad, desde principios del año. Así, el pasado
5 de enero el Consell anunció el primer gran paquete de recortes que
contemplaba, entre otros, la subida de determinados impuestos y ajustes a
empleados públicos.
Más tarde, en abril, la Generalitat presentó su plan de
reequilibrio que prevé un ahorro de más de 2.000 millones con un cambio
en el modelo sanitario --extendiendo la iniciativa privada en los
hospitales--; aumentando las ratios en las aulas y el horario lectivos
de los docentes; incrementando las tasas universitarias, o vendiendo
inmuebles públicos, entre otras iniciativas.
El jefe del Consell también se ha centrado en la reestructuración y
reducción del sector público empresarial y fundacional, con importantes
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Radio Televisión
Valenciana, que contempla el despido de 1.198 trabajadores; en
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con unos 450 afectados; en
Vaersa, que tendrá unos 202 empleados menos, y en muchos otros entes
públicos. En total la plantilla del sector público valenciano quedará
recortada en un 40 por ciento.
Los diversos recortes ejecutados y anunciados por el Gobierno de
Fabra han multiplicado las protestas ciudadanas en la Comunitat.
Estudiantes, trabajadores del sector público, discapacitados y empleados
del ámbito cultural, entre otros, han protagonizado diversas
concentraciones y manifestaciones. Especialmente significativo ha sido
el cierre patronal de las farmacias de la Comunitat Valenciana por los retrasos en los pagos del Consell.
La austeridad de Fabra también se ha visto en los presupuestos de
la Generalitat para 2013 que han caído, a nivel consolidado, un 9,08 por
ciento con respecto a los del ejercicio anterior, hasta los 13.940,45
millones de euros. Asimismo, el presupuesto de la administración general
ha disminuido un 7,1 por ciento y alcanza los 12.784 millones de euros.
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