La UA cifra en 250 millones de euros la deuda histórica acumulada por la Generalitat desde 2001

ALICANTE.- El rector de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar, ha cifrado este martes en 250 millones de euros la deuda histórica acumulada que la Generalitat valenciana mantiene desde 2001 con la institución universitaria, de los que 59 corresponden a los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2013.

Palomar ha hecho estas declaraciones durante la exposición de su informe en la sesión plenaria del Consejo Social de la UA, celebrado en la tarde de este martes, y en la que se ha aprobado la liquidación del presupuesto y las cuentas anuales pertenecientes al pasado ejercicio tanto de la universidad como de las sociedades y fundaciones dependientes, según ha informado en un comunicado la institución.

Así, el rector ha subrayado que "una parte importante" de las cantidades adeudadas a la UA "procede de impagos" del Gobierno valenciano, y ha concretado que la deuda "total acumulada" por parte del Consell asciende "en estos momentos" a 250 millones de euros.

Igualmente, ha detallado que de esa cantidad, 59 millones corresponden a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, mientras que otros 142,4 millones son acumulados por la deuda histórica perteneciente a los años comprendidos entre 2001 y 2008.

Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social, Francisco Gómez Andreu, ha aportado informes durante la reunión en los que ha señalado que la universidad alicantina "ha cumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria", con una liquidación de cuentas con saldo positivo.

En este sentido, ha explicado que el resultado de las cuentas presentadas "evidencia una gestión financiera y económica prudente, acorde a las obligaciones" que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera de abril de 2012, y la Ley de Presupuestos de la Generalitat valenciana.

Además, el presidente del Consejo Social, Ricardo Ferré, ha destacado que la aprobación de las cuentas sirve para "reforzar la legitimidad, tan necesaria como servicio público y que tiene como meta el interés general y como objetivo el respaldo social de la institución".

"Hacemos visible la gestión de los recursos públicos manejados por la UA, al mismo tiempo que podemos conocer en profundidad los comportamientos y actividades que han realizado los distintos órganos que tienen responsabilidad de gestión en el seno de la comunidad universitaria", ha asegurado Ferré.

En su intervención, ha incidido en el papel que juega el Consejo Social para la "transparencia de la gestión" de la universidad, y ha agregado que la "hace más accesible a la sociedad a la que representa, reforzando con ello la autonomía universitaria como condición necesaria".

Por lo que respecta a la liquidación de cuentas aprobadas por el Consejo Social, a fecha de 31 de diciembre la UA tiene pendiente de cobro cerca de 40 millones de euros, mientras que las obligaciones pendientes de pago "no llegan" a los ocho millones.

De esta manera, el presidente de la comisión económica, Francisco Gómez, ha resaltado el "enorme esfuerzo pagador" llevado a cabo por la institución, tanto en gestión de pago a proveedores como en "las demás obligaciones", y ha expuesto que en el capítulo de gastos, el dedicado a personal "sigue siendo" el más amplio, seguido por el de inversiones reales y por bienes y servicios.

Por su parte, las fuentes de ingresos tienen sus mayores cuantías en las procedentes de transferencias corrientes y activos financieros. El informe de la comisión también especifica que tanto el Centro Superior de Idiomas de la UA, como la Fundación Alcudia, cerraron 2012 con saldo positivo.

El PP rechaza una moción de UPyD para hacer pública la gestión de las asignaciones a los grupos municipales de Alicante

ALICANTE.- Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Alicante han rechazado este martes, con sus votos en el pleno, una moción presentada por UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos.

Así, mientras los ediles 'populares' han votado en contra, si bien no han intervenido en el debate del punto, el resto de partidos en la oposición --UPyD, PSPV-PSOE y EU-- se han posicionado a favor. La moción proponía "la aprobación de medidas que garanticen la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos municipales".

Durante su exposición de los argumentos, el portavoz de la formación magenta, Fernando Llopis, ha resaltado que "la gente opina que no puede fiarse de los políticos", y ha abogado por "poner en valor el trabajo de la clase política".

 "No debemos tener miedo de decir qué cobramos y en qué gastamos el dinero público", ha manifestado.

Llopis ha calificado de "fundamental" el concepto de transparencia, y ha incidido en la necesidad de que los ciudadanos "sepan en qué gastamos los políticos su dinero". "El dinero de los grupos municipales debe ser para Alicante", ha apuntado.

Por su parte, el concejal y portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, ha opinado que la moción representa "un paso adelante" en cuanto a transparencia, si bien ha señalado que los grupos municipales son representación de partidos, por lo que tienen que disponer de "pequeñas asignaciones" para funcionar.

En el mismo sentido se ha expresado el edil del PSPV-PSOE, Manuel Marín, que ha hecho las veces de portavoz en sustitución de Miguel Ull, que ha tenido que abandonar la sesión por problemas de salud. Así, Marín ha afirmado que su formación "siempre" estará "de acuerdo con medidas a favor de la transparencia y contra la corrupción", pero ha agregado que "tampoco" puede apoyar "la dedicación altruista a la política.

Por otra parte, y dentro del orden del día, todos los grupos han aprobado una declaración institucional, propuesta por UPyD, para instar a la Generalitat valenciana a que comunique los plazos aproximados para el otorgamiento de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina.

En los turnos de palabra, Pavón ha subrayado que el PGOU, investigado dentro del caso Brugal por presuntas irregularidades en su desarrollo, "es un cadáver urbanístico, está muerto y viciado en su origen", y ha considerado que aunque "no está oficialmente suspendido", ha sido "paralizado de facto" por la Generalitat.

"La única salida digna para Conselleria sería suspenderlo hasta que se resuelva el proceso judicial. Se tiene que dilucidar qué hay detrás, deberíamos reiniciarlo basándolo sobre los principios reales de participación ciudadana y sostenibilidad", ha recalcado.

Igualmente, la concejal socialista Loles Fernández ha enfatizado que el planteamiento urbanístico "se aprobará definitivamente cuando los tribunales decidan", y ha apuntado que "lleva paralizado tres años por su oscura y deficiente redacción y tramitación".

Durante el pleno, EU ha formulado una pregunta centrada en la deuda actual que el Ayuntamiento mantiene con proveedores, de la misma manera que UPyD ha interrogado al concejal de Hacienda, Juan Seva, sobre la fecha prevista para hacer efectivos los pagos de las facturas pendientes con pequeños y medianos empresarios.

Así, Pavón ha cifrado en 27 millones de euros la deuda en este sentido, en base a datos del último informe de morosidad, correspondiente al tercer trimestre de 2012, y ha expresado la preocupación de su grupo por el "volumen" que esta partida puede alcanzar. Del mismo modo, Llopis ha alertado de que los impagos a los proveedores pueden provocar el cierre de "muchos" de ellos, y ha opinado que "no hay transparencia" por parte del equipo de Gobierno.

En respuesta a ambos, Seva ha indicado que los informes de morosidad de los últimos trimestres "están siendo finalizados", ha confirmado que serán transmitidos cuando estén acabados, y ha incidido en que el Ejecutivo alicantino "hace un esfuerzo importante" para "intentar pagar lo antes posible".

Educación convoca las oposiciones para cubrir 300 plazas de docentes en la Comunitat

VALENCIA.- La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) las órdenes por las que se convocan los procedimientos selectivos para el ingreso en los cuerpos de maestros y de profesores de Enseñanza Secundaria y profesores técnicos de Formación Profesional. En concreto se trata de las pruebas de oposición para cubrir 300 plazas de personal docente de la Oferta de Empleo Público de 2013, de las cuales 240 plazas para el ingreso en el Cuerpo de maestros y 60 plazas dirigidas a Formación Profesional. 

   El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 20 de mayo, y la inscripción también podrá realizarse vía telemática a través de la web de la Conselleria www.cece.gva.es, informa la Generalitat en un comunicado.  

   La convocatoria reserva un 7% de las plazas para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o superior al 33%, con el fin de que, progresivamente, se alcance el 2% de los efectivos totales del personal docente de la Generalitat. En el caso de que las plazas reservadas no fuesen adjudicadas por falta de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, se acumularán a las restantes plazas convocadas por el sistema de ingreso libre.

   Con la convocatoria de nuevas plazas de personal docente, la Conselleria de Educación "pretende dar mayor estabilidad a la plantilla docente lo que redundará en una mejora de la calidad educativa, por cuanto los centros dispondrán de un mayor número de personal funcionario de carrera y los funcionarios de carrera podrán optar a destinos definitivos". Asimismo, los centros "podrán implantar y desarrollar sus programas de mejora educativa y organizativa con todas las garantías, dado que su personal seguirá siendo el mismo", destacan desde este departamento.

   Las instancias deberán ser descargadas de la página web de la conselleria www.cece.gva.es y deberán ser cumplimentadas por triplicado. No podrá presentarse más de una instancia salvo que se opte a más de una especialidad. Una vez realizado el pago de las tasas en la entidad bancaria colaboradora, se deberá presentar la solicitud en los registros de las direcciones territoriales de la conselleria de Educación.

   Asimismo, las personas que dispongan de DNI con certificación electrónica incorporada o firma electrónica de la Autoridad de certificación de la Comunitat, podrán realizar la inscripción y el pago de las tasas por vía telemática a través de la web http://www.cece.gva.es, en cuyo caso no será necesaria la presentación de la inscripción en ningún registro.

   Una vez concluya el plazo de presentación de instancias se publicará en el DOCV la resolución en la que se indicará los lugares en que se expondrán al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos. Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de 10 días para subsanar el defecto que ha motivado su exclusión. Una vez concluido este plazo y resueltas las posibles reclamaciones, se volverá a publicar en el DOCV resolución indicando donde consultar las listas definitivas de aspirantes.

   La realización de la primera prueba de la fase de oposición tendrá lugar el próximo 25 de junio, siendo la última prueba el 13 de julio. La fecha, la hora y el lugar donde haya de realizarse, se determinará en la resolución por la que se declare aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos.

   Educación prevé tener las notas de las pruebas en torno al 23 de julio, en las que se reflejarán los aprobados y suspensos así como las personas que han obtenido una plaza.

   El procedimiento selectivo también contempla la realización de pruebas previas para acreditar el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana. En concreto se realizarán pruebas para las personas que no tengan nacionalidad española y su conocimiento de dicha lengua o se deduzca de su origen. Asimismo, se llevarán a cabo las pruebas de valenciano para todos aquellos aspirantes que no acrediten poseer un conocimiento de la lengua tal y como establecen las bases de la convocatoria.

   Las pruebas de valenciano tendrán una parte oral, que supondrá el 30% del total de la prueba, y una parte escrita que supondrá el restante 70% de la nota y que se superará con un mínimo de un 35%. Esta parte contemplará preguntas sobre le contenido y el vocabulario de un texto leído previamente, ejercicios sobre construcción gramatical correcta de frases y expresiones, y una redacción sobre un tema general sencillo a elegir entre dos o más, de aproximadamente doscientas palabras.

   La principal novedad en cuanto a la baremación de las pruebas es un cambio importante en el peso que tendrán las dos partes que integran tradicionalmente las pruebas sobre la nota final, respecto a las últimas oposiciones.

   En este sentido y atendiendo a la Ley Orgánica de Educación vigente y a la normativa estatal, la Conselleria ha adaptado las bases y modificado el peso relativo, tanto de la fase de oposición como de la fase de méritos o concurso.

   Este cambio se debe a que la LOE de 2006 preveía un periodo transitorio en el que la ponderación era especial y los procedimientos selectivos se convocaron con criterios que favorecieran la incorporación de los docentes interinos al sistema mediante una fase de oposición simplificada de una sola prueba y una fase de méritos también diferente a la prevista con carácter general, explica la Conselleria.

   Vencido dicho periodo transitorio el procedimiento selectivo que se va a convocar se rige por nuevos parámetros fijados por la normativa estatal con dos pruebas en la fase de oposición y un baremo de méritos diferente, de tal modo que resulta procedente también ajustar las bolsas al nuevo contexto.

   En este sentido, la fase de oposición ponderará dos tercios de la nota final, frente al 60% que representó en las últimas pruebas. Esto supone que se concede más importancia al examen y que aumenta su protagonismo.

   Sin embargo, la fase de concurso o méritos puntuará un tercio. Cabe recordar que en las últimas oposiciones, celebradas en 2011, la fase de concurso tenía más peso, en concreto un 40% de la nota final, frente al 60% del examen de oposición.

   Cabe destacar que los temarios para preparar estas oposiciones serán los mismos que los establecidos en las últimas convocatorias, es decir, los aprobados por la normativa estatal.

   Además, también es importante recordar que los opositores deberán acreditar, para poder presentarse a las pruebas, el conocimiento del nivel medio de valenciano, bien mediante certificaciones acreditativas o bien mediante la superación de la prueba específica de valenciano.

Sanidad acepta la recomendación del Síndic sobre la ampliación de los horarios de las UCI pediátricas

VALENCIA.-   La Conselleria de Sanidad ha aceptado la recomendación del Síndic de Greuges, José Cholbi, sobre la ampliación de los horarios de las UCI pediátricas en los hospitales valencianos, según ha informado la entidad en un comunicado, con el fin de hacer compatible la atención médica prestada con la compañía de los padres de los menores asistidos.

   José Cholbi asegura haber recibido "con gran satisfacción" la respuesta de la Conselleria de Sanidad en la que acepta su recomendación para que "en la medida de lo posible, ampliara los horarios de las UCI pediátricas de los hospitales públicos valencianos, al objeto de hacer compatible el deseo de los padres/madres de acompañar a sus hijos/as en estas situaciones hospitalarias tan difíciles con la atención médica y la aplicación de tratamientos al menor hospitalizado".

   El escrito de la Conselleria de Sanidad, según el síndic, señala que esta medida "sin duda va a contribuir en la mejora de la atención sanitaria que prestamos a niños y niñas ingresados en la UCI pediátricas de nuestros hospitales". Actualmente, la Comunitat Valenciana dispone de Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas en La Fe y el Clínico de Valencia y en el Hospital General de Alicante.

   La intervención del defensor valenciano en esta materia vino motivada por las "numerosas quejas" que presentaron ante esta institución madres y padres de niños que denunciaban un horario "demasiado restringido" de las UCI pediátricas. Estas familias reclamaban que en esats áreas "se pudiera compatibilizar la atención sanitaria y que una madre o un padre no deje solo a su hijo en esas circunstancias tan terribles".

   Además, en sus escritos alegaban que muchos de los "más prestigiosos" hospitales públicos españoles (como el Niño Jesús de Madrid, el Hospital materno-infantil Virgen del Rocío, el 12 de Octubre de Madrid, hospitales públicos de Murcia, etc) ya vienen aplicando este protocolo de "puertas abiertas".

   El síndic destaca el caso de una madre de un niño de dos años que debido a su grave enfermedad tiene que pasar bastantes veces por la UCI pediátrica del Hospital la Fe de Valencia. "Esta mujer está luchando con coraje y valentía para que este protocolo de 'puertas abiertas' sea una realidad", apunta.

   José Cholbi ha aludido a los avances que a lo largo de los años se han ido alcanzando en lo relativo a los derechos de los niños a ser acompañados por sus madres/padres mientras se encuentran hospitalizados.

 En este sentido, ha subrayado "la adopción paulatina de normas y prácticas, tanto a nivel europeo, nacional y autonómico, que apuntan hacia un planteamiento cada vez más aperturista y afectivo de las estancias hospitalarias de los niños".

   "En definitiva, un modelo hospitalario más integral y humano que, sin duda, también contemple las necesidades afectivas y emocionales del niño y que les ayude a superar una situación crítica", indica.

Las televisiones autonómicas TV3 y Canal 9 podrán verse en ambas regiones

BARCELONA/VALENCIA.- La Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes la firma de un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para que Televisió de Catalunya (TVC) y Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) --TV3 y Canal 9-- se puedan ver en ambas comunidades autónomas.

   El acuerdo permitirá que los canales autonómicos catalanes TV3, 3-24, Súper 3/33, TV3HD y TV3cat se reciban en la Comunitat Valenciana, y que Canal 9, Canal 9 HD, Canal Nou Dos, Canal Nou 24 y Canal Nou Internacional también se vean en Cataluña.

   La reciprocidad de las emisiones se hará efectiva cuando la Generalitat Valenciana disponga de un mayor espacio radioeléctrico, por lo que solicitará al Estado poder disponer de más frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha celebrado la confirmación de que los gobiernos de Cataluña y Comunitat Valenciana han llegado a un acuerdo de reciprocidad de las emisiones de TV3 y Canal 9, al tiempo que ha destacado que gracias a "la movilización" se ha conseguido que las emisiones del canal autonómico catalán "sean legales" en territorio valenciano.

   La entidad recuerda que fue la que creó la red de repetidores que ha permitido la recepción de TV3 en la Comunitat durante casi 30 años, y promovió que también Canal 9 se pudiera ver en Cataluña. En este sentido, ha considerado que "este acuerdo va en la línea de lo que siempre ha defendido ACPV".

   "Nuestra entidad era conocedora de la existencia de este proceso de negociación entre los dos gobiernos, tal y como hicimos público en enero, cuando ofrecimos como muestra de buena voluntad un plazo de tiempo antes de reabrir las emisiones, precisamente a petición de las partes. Nos congratulamos de que nuestro gesto haya ayudado a hacer llegar a buen puerto este diálogo", manifiesta Acció Cultural en un comunicado.

   "Todo esto ha sido posible --agrega-- gracias a las decenas de miles de ciudadanos que nos han apoyado en nuestra reivindicación, participando en las multitudinarias movilizaciones que hemos convocado o ayudante a recoger las 651.000 firmas que hicieron posible la presentación al Parlamento español de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Televisión sin Fronteras'".

   ACPV recuerda también el apoyo de "tantísimas instituciones valencianas, así como la confirmación por parte del Tribunal Supremo  y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de que la postura de la entidad era jurídicamente correcta, tanto en el sentido de que el Gobierno del expresidente Francisco Camps infringía la legalidad al multar a Acció Cultural, como en la reflexión hecha por el Tribunal Supremo sobre que hacía falta dar una cobertura legal a las emisiones de TV3 en el País Valenciano".

   De este modo, "el progresivo apoyo social, institucional y jurídico a estas posiciones han permitido avanzar en la resolución de un conflicto que nunca tendría que haberse producido".

   Finalmente, ACPV entiende que este acuerdo "debe concretarse y hacerse efectivo con la mayor brevedad posible, puesto que no existe ningún impedimento técnico para su puesta en práctica: la Generalitat Valenciana tiene espacio suficiente en los dos múltiplexs de los que dispone para hacer realidad la reciprocidad de emisiones, y en cualquier caso Acció Cultural siempre ha ofrecido su red de repetidores como instrumento al servicio de este objetivo".

CCOO y UGT calculan que la bolsa de economía sumergida afecta a 112.000 personas en la provincia de Alicante

ALICANTE.- Los secretarios generales de CCOO y UGT en Alicante, Consuelo Navarro y Óscar Llopis, respectivamente, han destacado el incremento de la economía sumergida en la provincia de Alicante a causa de la  crisis, y han calculado que alrededor de 112.000 personas de la provincia trabajan sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

   En un encuentro informativo ofrecido en Alicante para presentar los actos previstos este miércoles, con motivo del Día del Trabajador, Navarro ha subrayado que la economía sumergida ya supone el 18 por ciento del empleo total en la provincia.

   Óscar Llopis ha explicado que esta actividad constituye "una competencia desleal" para los "empresarios que tratan de cumplir con todas sus obligaciones legales", a los que, según ha dicho, ante la economía sumergida les "pueden surgir dudas" sobre su situación.

   Llopis ha lamentado que los datos de la inspección laboral del año pasado "aún no son públicos", y ha mostrado su "temor" de que una vez conocidos estos sean "muy negativos". 

"Cuando la administración no da los datos es porque van a ser negativos para sus intereses políticos", ha apuntado al respecto.

   Por otra parte, Consuelo Navarro también ha reclamado a la Administración que actúe "con mayor firmeza" y "vele" para que sean revisados la totalidad de los 116 convenios laborales de la provincia de Alicante cuya firma estaba prevista para el presente mes de abril, acuerdos que afectan a las condiciones laborales de alrededor de 35.000 trabajadores de la provincia.

   Los responsables de CCOO y UGT en Alicante han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que la manifestación del 1 de mayo "sea un clamor de los parados, de los desempleados que no reciben prestaciones, así como de las mujeres y los jóvenes que buscan una oportunidad en el mercado laboral".

   La protesta, que como cada año partirá a las 11.30 horas desde la céntrica escalinata del IES Jorge Juan de Alicante para terminar en la Explanada de España, invita a los participantes a reclamar al gobierno un cambio en su política.

   En este sentido, Llopis ha resaltado que la "reforma laboral ha fracasado, y lejos de servir para crear empleo, ha elevado a 266.000 parados en la provincia de Alicante, y ha disparado las desigualdades, la pobreza y la exclusión social".

   Los sindicatos convocantes de la manifestación, que este año lleva el lema 'Lucha por tus derechos. No tienen límite', proponen "frente al drama del paro, la reactivación económica y de empleo", "frente a la desregulación laboral, derecho del trabajo y convenio colectivo", "frente a las privatizaciones, los servicios públicos y la protección social" y "frente a la crisis social y política, más y mejor democracia".

Un centenar de bomberos acceden al Ayuntamiento de Alicante para pedir negociar las horas extra y cubrir bajas

ALICANTE.- Un centenar de efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Alicante han realizado este lunes una protesta ante el Ayuntamiento de la ciudad y han accedido al interior del consistorio alicantino para reclamar que se cubran las bajas registradas desde septiembre de 2011 en la plantilla, así como negociar las horas extra de los trabajadores.

   Así, unos 100 bomberos vestidos con su uniforme de trabajo, han entrado al recibidor del edificio administrativo del Ayuntamiento, situado junto al inmueble histórico, mientras se celebraba la reunión de la junta de Gobierno local, en cuyo orden del día estaba previsto aprobar 440 guardias extraordinarias.

   A continuación, y tras mediar con agentes de la Policía Local, han solicitado reunirse con el concejal de Seguridad, Juan Seva, si bien al no encontrarse en el consistorio, la alcaldesa, Sonia Castedo, ha aceptado recibirlos, por lo que cuatro representantes de los manifestantes han mantenido un encuentro con ella.

   Uno de los portavoces ha explicado que Castedo, tras escuchar sus peticiones, ha decidido retirar el citado punto del orden del día de la junta local, al tiempo que ha acordado con los efectivos del Speis continuar con las negociaciones.

   Por su parte, los bomberos han expuesto que las bajas en la plantilla no se cubren desde septiembre de 2011, un periodo en el que, tal y como han agregado, cerca de 10 trabajadores han dejado su puesto por jubilación, por fallecimiento o por haberse trasladado a otras localidades.

   De este modo, ante el descenso de personal y el aumento de las horas extraordinarias, los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento han acordado forzar su entrada al consistorio para reclamar negociar estas condiciones, algo que finalmente han conseguido.

   Igualmente, entre sus reivindicaciones han exigido que se equipare su situación con sus compañeros de Valencia y Castellón en base a lo establecido en la Ley de Bomberos de la Comunitat Valenciana, donde, tal y como ha resaltado uno de los portavoces, el consistorio de la capital alicantina "ha hecho lo que le ha dado la gana".

   Por último, han asegurado que en caso de que sus condiciones no mejoren y no alcancen acuerdos con el equipo de Gobierno local, no descartan realizar paros durante la celebración de las fiestas de las Hogueras de San Juan, que cada año se celebran a finales de junio.

Alperi se defiende ahora ante el juez de delitos fiscales por ingresos no declarados

VALENCIA.- El diputado del PP en las Corts y exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se ha defendido ante el magistrado Antonio Ferrer de los delitos fiscales de los que está acusado, y a su salida del tribunal valenciano ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta, que "evidentemente" es inocente.

   Alperi estaba citado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para declarar, como imputado, por varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y cohecho impropio, en relación con pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010.

   El ex primer edil estaba citado a las 11.30 horas, y sin embargo se ha presentado en el tribunal valenciano unas dos horas antes, sobre las 9.30 horas, acompañado por su abogado, Vicente Grima. Previamente a Alperi estaba citado el empresario Antonio Solana, quien ha estado declarando, también en calidad de imputado, durante una hora.

   Alperi ha sido interrogado durante algo más de dos horas, y a su salida ha insistido en que no quería hacer ninguna declaración: "no hago declaraciones", ha repetido en varias ocasiones. No obstante, ha comentado que ha respondido a todas las partes del procedimiento y que estaba "bastante" satisfecho. También ha indicado que "evidentemente" se declara inocente.

   Junto a Alperi y Solana, en el procedimiento figuran como imputados José Contreras, administrador de la sociedad Maldonado 33 S.A. y Antonio Moreno, administrador de Taller de Contabilidad S.A. Estos dos últimos estaban citados el día 22 de abril, pero el magistrado suspendió las declaraciones y todavía no ha fijado una nueva fecha.

   El caso se origina a raíz de una denuncia de Fiscalía contra Alperi por varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y cohecho impropio. En la denuncia, presentada por los fiscales Gonzalo López Ebri y Rafael Navarro, se señalaba que Alperi habría podido obtener rentas sujetas al IRPF, no declaradas por él, correspondientes a 2007, 2008 y 2010, "cuya regularización en vía administrativa supondría unas cuotas a ingresar superiores a 120.000 euros", con la concurrencia "de una serie de maniobras" para ocultarlas, con la colaboración de los tres empresarios, las empresas regentadas por ellos y contratos simulados.

   El 2 de abril, la sala de lo Civil y Penal del TSJCV se declaró competente para investigar la denuncia y posteriormente sumó el delito de cohecho impropio a los delitos a investigar. Este último paso se produjo después de que el ministerio público, a raíz de una documentación de Hacienda, ampliara su denuncia inicial y pusiera de manifiesto que una embarcación objeto de las actuaciones pudiera haber estado amarrada en el puerto deportivo de Alicante sin satisfacer canon alguno.

   La sala indicó en su auto que en este caso existe una relación de hechos como consecuencia de la acción inspectora de Hacienda, de los que la acusación pública entiende que resultan "elementos indiciarios bastantes" de la presunta comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y cohecho.

   El exalcalde está ya siendo investigado en el TSJCV por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, en la causa separada del 'caso Brugal' sobre presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante.

Los partidos políticos de Comunitat se repartirán una subvención de 1,2 millones de euros

VALENCIA.- El secretario general del PPCV y conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha indicado que los partidos políticos de la Comunitat Valenciana recibirán, en 2013, una subvención para su financiación de 1,2 millones de euros "lo que representa una rebaja de un 30 por ciento" respecto a los 1,7 millones de euros presupuestados.

   Castellano ha realizado estas manifestaciones durante un desayuno con los medios de comunicación. El dirigente 'popular' ha cuantificado que esta rebaja supone "529.000 euros que se destinarán a otras partidas de políticas sociales y otras necesidades de la sociedad".

   El secretario general del PPCV ha recordado que este tipo de rebajas se estaba haciendo en los últimos años y "mientras no mejore la situación económica se entiende que hay que aminorar las partidas a los partidos políticos".

   Castellano considera que esta rebaja del 30 por ciento va "acorde con la austeridad para invertir en lo que haga más falta". El conseller ha explicado que en 2007 se fijó una partida presupuestaria de 3,5 millones de euros para esta subvencion, y a medida que han pasado los años se ha rebajado a 1,7 millones de euros. "En 2012 se pagaron 433.000 euros a repartir entre todos los partidos según la fórmula de escaños y votos obtenidos en las últimas elecciones", ha recordado.

   El dirigente 'popular' cree que es "momento de hablar de política con mayúsculas, de dar la cara y dar explicaciones", por este motivo considera que "hay que estar con la gente y por ese motivo se intensificará la agenda del PPCV hasta el verano con 30 o 40 actos" que versarán sobre economía, empleo, educación e infraestructuras. Entre ellos se celebrará el primer aniversario de Alberto Fabra al frente del PPCV "que tendrá lugar el 17 o 18 de mayo en la Rambleta".

   Castellano ha vuelto a tender la mano a la oposición "para llegar a acuerdos y negociaciones sobre cuestiones que afectan a los ciudadanos". Sin embargo, ha señalado que "parece que la oposición le producen urticaria este tipo de cuestiones, pero por nosotros no va a quedar llegar a acuerdos".

   El secretario general de los 'populares' valencianos considera que la oposición "en general, vive al rebufo del malestar de la gente y aprovecha las medidas que se toman contra el desempleo y la crisis en general". Al mismo tiempo ha indicado que "si se quita esto y las cuestiones internas que tienen, la oposición es invisible y no tiene alternativa".

   En otro orden de cosas, Castellano ha sido preguntado por imputación del alcalde de Castellón y presidente del PP local de Castellón, Alfonso Bataller, en una pieza separada del 'caso Gürtel'. Castellano ha recordado que ya se le ha abierto expediente informativo  y que tanto el PP local de Castellón como el PPCV "están estudiando la situación".

   En este sentido ha apuntado que la "ejemplaridad y la transparencia tiene que ser para todos. Otra cosa son los juicio paralelos que se puedan dar, pero los tiempo los marca el PPCV y no aceptará presiones de nadie".

   Castellano también ha sido preguntado por el archivo de la denuncia contra el exconseller de Hacienda, José Manuel Vela, sobre el que ha dicho que el PPCV "se alegra muchísimo" de que se haya archivado porque demuestra que "no actuó de ninguna manera irregular".

 "La justicia la deben impartir los tribunales y los jueces y nadie más, y a partir de ahí quien quiera confundir los términos allá ellos", ha agregado.

   Respecto a la exposición que se inauguró el pasado 25 de abril en la Corts sobre el momento preautonómico en la Comunitat por parte de la Universidad de Alicante, se le ha preguntado si la van a retirar, a lo que ha remitido a las Corts "que es la que debe decidir sobre esta cuestión. Otra cosa son las opiniones personales y que se considere que es una muestra más o menos sesgada".

Ximo Puig apuesta por la creación de un nuevo IVEX para que sea más potente

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha apuntado este lunes que los socialistas valencianos ya están construyendo su alternativa de Gobierno, en la que incluyen la creación de un nuevo Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) "cogestionado por los empresarios valencianos y la Generalitat".

   Así, Puig ha apuntado que su intención es que sea "más potente, que amplíe su horizonte a más lugares del mundo, y que sea adecuado y flexible a los intereses de los empresarios valencianos de los diversos sectores industriales que coexisten en la Comunitat Valenciana".

   Del mismo modo, y tras mantener un encuentro con el presidente de Ateval, Vicente Aznar, en la sede de la entidad en Ontinyent, así como con representantes de los sindicatos CCOO y UGT, el secretario general de los socialistas valencianos ha incidido en la necesidad de "potenciar la internacionalización de las empresas", al tiempo que ha señalado que "otro de los problemas graves es la necesidad de crédito, por eso hemos propuesto la creación de un banco público para que las empresas no mueran asfixiadas".

   Puig, que ha incidido en que su objetivo con esta 'Gira por la Industria y la Innovación' que está llevando a cabo es "detectar el pulso de nuestra industria", ha apuntado que "es necesario mandarle un mensaje claro a este sector, y es que los socialistas estamos profundamente convencidos de que un país avanzado no puede serlo sin una industria potente".

   De esta manera, ha asegurado que coincidía con las afirmaciones que ha realizado el propio presidente de Ateval, quien ha advertido de que "si el peso de la industria no crece al menos dos, tres o cuatro puntos en los próximos años, la Comunitat Valenciana lo va a pasar muy mal".

   En este sentido, el secretario general del PSPV ha asegurado que, "desde que gobierna el PP en la Comunitat Valenciana hace casi ya dos décadas, el peso de la industria ha bajado de más del 20 por ciento al 12 actual. Por tanto, "ha habido un movimiento permanente de retroceso de la industria", ha subrayado.

   Ante estos datos, Puig ha hecho hincapié en su intención de "poner todo nuestro empeño para cambiar esta situación, para que se de otra política industrial". Así, a su entender, ha señalado que "lo que ha pasado en estos años es que el PP ha puesto todos los huevos en la cesta inmobiliaria y de grandes eventos, mientras que para nosotros la vía valenciana de prosperidad debe estar basada en la industria agroalimentaria, en la reindustrialización y en un turismo de calidad como el que tenemos con nuestros recursos naturales y culturales".

   Por este motivo, ha incidido en que "nuestro objetivo no es otro que situarnos al lado y a la vanguardia de lo que denominamos una segunda generación de política industrial para los valencianos".

   El líder del PSPV-PSOE ha denunciado que "en estos 20 años no ha habido política industrial, y ahora es tarde para muchas empresas". Ante esta situación, ha afirmado que "ahora debemos reconstruir un proceso complicado y por eso debemos estudiar las opciones para facilitar, desde lo público, el fortalecimiento del tejido industrial".

   En concreto, Puig se ha referido al sector textil y ha señalado que "es un sector duro y muy potente", al tiempo que ha destacado que "con toda la competencia que existe en este momento conseguir aguantar es un símbolo de la calidad que hay, así como de la innovación, investigación y tecnología".

   Finalmente, Puig ha asegurado que "hemos hablado con los empresarios de muchas cuestiones que incluiremos en nuestro programa electoral, así como de algunas sobre las que ya estamos trabajando", al tiempo que ha destacado que "desde la oposición podemos fiscalizar al Gobierno actual, labor que ya hace nuestro diputado Paco Toledo desde Les Corts, o de la que yo mismo me encargo en el Congreso de los Diputados".

Las Cortes Valencianas reiteran la solicitud de comparecencia a Ordóñez (BdE) y a exdirectivos del FROB

VALENCIA.- Los cuatro grupos parlamentarios han aprobado este lunes por unanimidad en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas reiterar la solicitud de comparecencia al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a otros exdirectivos de este Banco central y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

   El PP, Compromís y EUPV han solicitado la comparecencia de Fernández Ordóñez, quien al igual que otros directivos y exdirectivos del Banco de España y del FROB ya se negó a comparecer en esta comisión de investigación alegando que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no al ámbito de actuación de las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos.

   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM acordó ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. No obstante, la Fiscalía archivó las diligencias porque "en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna".

   Además de a Fernández Ordóñez, la comisión, que trata de aclarar el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina en 2011, pedirá que intervengan los exsubgobernadores del Banco de España José Viñals y Francisco Javier Aríztegui; el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez; los ex directores generales del FROB Julián Atienza y Mariano José Herrera; y la ex directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda Soledad Núñez. Los cuatro grupos han aceptado estas comparecencias solicitadas por el PP.

   También han dado luz verde a pedir que comparezcan los inspectores del Banco de España que fiscalizaron la CAM --como ha reclamado Compromís y EUPV-- y el letrado asesor y redactor de las actas del proceso electoral de la CAM de 2007, que ha solicitado EUPV. El resto de peticiones de comparecencias de la oposición --alrededor de una treintena-- han sido rechazadas por el grupo parlamentario popular.  

   Entre estas solicitudes figuran las del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; el exvicepresidente del Gobierno valenciano y exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps; y el exjefe del Consejo y expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas. Los grupos de la oposición han criticado que el PP haya impedido que comparezcan estas personas y, en este sentido, han lamentado que pretenda "cerrar en falso" la comisión.

   Así, el diputado socialista Ángel Luna ha tildado de "absolutamente incomprensible" que los que eran los responsables políticos de la Generalitat cuando la CAM fue intervenida no pasen por la comisión de investigación. Luna ha acusado al PP de "desnaturalizar" el objeto de esta comisión, ya que considera que "no tiene sentido pedir responsabilidades políticas al exgobernador del Banco de España y no dejar que pasen por aquí el expresidente de la Generalitat o el exconseller de Hacienda".

   Al respecto, el parlamentario 'popular' Vicente Betoret ha criticado que el PSPV pida las comparecencias de Camps y Olivas y no la de la que fue vicepresidenta económica del Gobierno central Elena Salgado que, según ha asegurado, "autorizó muchas cuestiones que llevó a la CAM al proceso de intervención".

   Ángel Luna ha respondido que "esto son las Cortes Valencianas" y, por lo tanto, que su función es "controlar al Gobierno valenciano", mientras que el Ejecutivo central ya tiene "otros órganos que lo controlan". Además, ha indicado que ningún grupo ha pedido que comparezca Salgado.

   Por parte de Compromís, la diputada Mireia Mollà ha señalado que supone "un paso atrás" que el PP no acepte que acudan a la comisión de investigación "los máximos responsables políticos de la Generalitat en temas económicos". Así, considera que la ausencia de estas personas hará que la comisión de la CAM "se cierre en falso" y, en este sentido, ha lamentado que supone "una oportunidad perdida".

   Del mismo modo, el representante de EUPV Lluís Torró, quien ha defendido su "propuesta de mínimos", ha señalado antes de la votación de las comparecencias que si el PP solo aprobaba sus propias solicitudes, supondría "la carta de defunción de esta comisión" e implicaría admitir que "las conclusiones ya está tomadas". Así Torró ha criticado que el PP quiera dejar claro que Miguel Ángel Fernández Ordóñez "es el responsable único y último de todos los males que tiene que la CAM".

   Al inicio de la comisión de investigación, su presidente, Rafael Maluenda, ha informado de que el próximo 13 de mayo comparecerá el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, quien no acudió a la comisión el pasado 4 de marzo, cuando estaba citado. 

Posteriormente, las Cortes recibieron la excusa de Segura basada en un informe del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a instancias de la CNMV, que señala que ni los actuales miembros de este organismo ni los que lo fueron tienen la obligación de comparecer en la comisión sobre la CAM.

   No obstante, la cámara valenciana remitió un escrito a la presidenta actual de este órgano, Elvira Rodríguez, para que autorizara a intervenir a Segura en el parlamento autonómico. Rodríguez respondió al parlamento valenciano señalando que no existe "ningún inconveniente" para que comparezca Julio Segura en la comisión de investigación, por lo que intervendrá el próximo 13 de mayo.

La industria fitosanitaria considera "desproporcionado" prohibir los neonicotinoides para proteger a las abejas

MADRID.- La Asociación de Empresas de la Industria Fitosanitaria (AEPLA) considera "desproporcionada" la medida aprobada este lunes por la Comisión Europea de prohibir durante dos años el uso de los tres neonicotinoides más frecuentes como plaguicidas en la siembra del girasol, la colza, el algodón y el maíz, por los riesgos que plantean para la salud de las abejas.

   Así, el presidente de AEPLA, Carlos Palomar, ha señalado que la medida comunitaria no tiene base científica que lo justifique y ha asegurado que algunos estudios señalan que el uso de los neonicotinoides no son la causa principal de la disminución de colmenas en la Unión Europea, sino que figura como la séptima causa.

   Por ello, ha subrayado que si se quiere proteger a las abejas y otros polinizadores se debería abordar "de forma global" su salud y atendiendo, sobre todo a los primeros factores, que son las enfermedades y parásitos. A su juicio, se debería hacer un muestreo lo suficientemente amplio y potente para que, en estos dos años, se pueda discernir los efectos reales de los neonicotinoides sobre las colmenas en vez de prohibirlos.

   En este contexto, ha recordado que en Francia ha regido una prohibición de estos fitosanitarios entre 2007 y 2009 y cuando se volvieron a autorizar en 2010, 2011 y 2012, aumentaron las colonias de abejas.

   Además, ha lamentado la medida adoptada este lunes, que entrará en vigor a partir del 30 de noviembre, porque no está contrastada "debidamente" con la comunidad científica y se tardará "mucho tiempo" en encontrar un sustituto, lo que provocará daños a las cosechas de los agricultores.

   Respecto a los daños, Palomar estima que la prohibición supondrá unos 127 millones de pérdidas en las cosechas al no poder usar semillas tratadas, sobre todo en maíz y girasol. Por ello, ha puesto de ejemplo el cultivo de maíz en el valle del Ebro, donde existe el virus del enanismo del maíz que se trata directamente con neonicotinoides. En este caso, ha asegurado que la cosecha caerá un 80 por ciento, porque el maíz no crece.

   En todo caso, considera que estos productos representan entre un 3 y un 4 por ciento del sector fitosanitario pero lo que les preocupa es que se puede dejar a la agricultura "sin defensa contra las plagas".

   Finalmente, ha advertido de que aunque la industria seguirá desarrollando nuevas soluciones, estas podrían tardar entre 9 y 10 años por lo que será difícil saber "cuándo habrá un sustituto". En su opinión, será más fácil demostrar en dos años que los neonicotinoides no son la causa de la desaparición de las abejas que descubrir otros productos sustitutos.

Arturo Pérez-Reverte: "Si Aznar era un arrogante y Zapatero un imbécil, Rajoy es un sinvergüenza"

MADRID.- El escritor Arturo Pérez-Reverte examinó un domingo más a través de su cuenta de Twitter la actualidad política y social de los últimos siete días, desde su habitual punto de vista ácido y crítico.

En esta ocasión, uno de los principales puntos de debate fue la comparecencia de Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos para analizar las principales decisiones tomadas en el último Consejo de Ministros.

El cartagenero comenzó asegurando que "lo del Consejo de Ministros del viernes y su conferencia de prensa fue, literalmente, para irse fuera de España a vomitar", subrayando "esa vileza dialéctica, esa cobardía moral, esa descarada asunción de impotencia y ese desprecio a la inteligencia de quienes los escuchaban".

"Y mientras, su jefe en la Moncloa, fumándose un puro, incomunicado, ajeno a todo, impasible como Don Tancredo", lamenta, asegurando que empieza "a creer que si Aznar era un arrogante y Zapatero un imbécil, Rajoy es un sinvergüenza".

"Está quemando su mayoría (y nunca nadie la tendrá igual) sin tocar un pelo de este monstruoso e inviable derroche autonómico. Tiene miedo de que se rebelen los sicarios, los trincones de lo caliente, los barones locales que han hecho de este disparate su negocio. Así que Rajoy lo exprimirá todo y a todos antes que tocarles el negocio a los compadres y desmantelar este disparate burocrático", comenta.

Reverte relata que "las empresas públicas vinculadas en directo a la política son las únicas empresas que en 2012 aumentaron sus plantillas".

 "Hay un sistema clientelar de 20.000 asesores políticos y compadres varios trincando de lo que el Estado expolia", comenta.

El escritor lamenta que "ni 6,2 millones de parados han convencido aún a estas ratas de alcantarilla estatal de reformar la Administración que asfixia a España". "Ahora dicen 'esto se va al carajo', pero en bonito, y se encogen de hombros, y siguen apretando a empresas y familias sin darse cuenta que cuando la desesperación estalla de verdad, a esa no hay quien la gestione con silencios, perífrasis y cigarros puros".

Reverte finaliza apuntando que "aún no hemos visto dimitir a ningún ministro, y eso significa que están de acuerdo con la infamia que el Gobierno de su jefe impone", y resume que "la poca vergüenza, la cobardía moral y el cinismo político se los reparten entre todos, sin inocentes, ese Gobierno, esa gentuza".

Se pide que comparezcan en la comisión de la CAM de las Corts unas 50 personas como Ordóñez (BdE) y Camps

VALENCIA.- La comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes aprobará mañana lunes, en la sesión que se celebrará a partir de las 10.30 horas, solicitar nuevas comparecencias que puedan ayudar a poner luz sobre el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina por parte del Banco de España en julio de 2011. 

   Los cuatro grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y EUPV-- han solicitado unas 50 comparecencias, entre las que destacan nombres como el del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez o los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y José Luis Olivas.

   Las comparecencias en la comisión de investigación sobre la CAM, cuya creación aprobaron las Corts por unanimidad en octubre de 2011, comenzaron en mayo de 2012 y, desde entonces, han pasado por este órgano alrededor de un centenar de personas.

   Asimismo, el pasado día 15 de abril esta comisión abrió un plazo que se cerró el pasado viernes para que los diferentes grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y EUPV-- presentaran nuevas propuestas de comparecencia, que se debatirán este lunes.

   Tres grupos parlamentarios --PP, Compromís y EUPV-- han vuelto a solicitar la comparecencia del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien al igual que otros directivos y exdirectivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se negó a comparecer alegando que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no al ámbito de actuación de las comisiones de investigación de los partlamentos autonómicos.

   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM acordó ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. No obstante, la Fiscalía archivó las diligencias porque "en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna".

   El PP también ha solicitado que acudan a la comisión de investigación los exsubgobernadores del Banco de España José Viñals y Francisco Javier Aríztegui; el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez; los ex directores generales del FROB Julián Atienza y Mariano José Herrera; la ex directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda Soledad Núñez; y el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez.

   Por su parte, el PSPV ha pedido las comparecencias del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps; del exjefe del Consell y expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas; así como del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y de la actual presidenta de este órgano María Elvira Rodríguez.

   Julio Segura no acudió a la comisión de investigación sobre la CAM el pasado 4 de marzo, cuando estaba citado y, posteriormente, las Corts recibieron la excusa de Segura basada en un informe del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a instancias de la CNMV, que señala que ni los actuales miembros de este organismo ni los que lo fueron tienen la obligación de comparecer en la comisión sobre la CAM.

   No obstante, la comisión acordó volver a citar al expresidente de la CNMV, después de que la actual presidenta de este organismo, Elvira Rodríguez, haya dicho que no hay "inconveniente" para que comparezca en el parlamento autonómico.

   Por parte de Compromís sus solicitudes de comparecencia incluyen además de a Fernández Ordóñez; a Francisco Camps, Gerardo Camps y José Luis Olivas; al ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez; a los inspectores del Banco de España que ejercieron de fiscalizadores de la CAM a partir de 2008; al exdirector del IVF Enrique Pérez Boada y al actual, Enrique Montes.

   La coalición también pide que intervengan en esta comisión exmiembros del consejo de aministración de la caja, como el que fue presidente Modesto Crespo; el exsecretario José Forner; y el expresidente y el exsecretario de la comisión de Retribuciones Antonio Gil y Martín Sevilla, respectivamente.

   Además, Compromís plantea que acudan a las Corts el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés; los exdirectores generales Daniel Gil y María Dolores Amorós; el exdirector general de Inversiones Inmobiliarias Daniel Gil, entre otros exdirectores.

   Finalmente, EUPV ha pedido la comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordoñez y del equipo de trabajo de inspectores que realizó la última inspección a la CAM; así como de los directores del área de supervisión de entidades financieras del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) entre 2004 y 2011, además de los dos exdirectores del IVF, Enrique Pérez Boada y Jorge Vela Barcas. También solicitan que intervenga el letrado asesor y redactor de las actas del proceso electoral de la CAM de 2007.

El Gobierno ve potencial en el turismo de salud, que atrajo a más de 20.000 turistas extranjeros en 2012

MADRID.- El turismo de salud ha adquirido mayor relevancia en España en los últimos años, ya que atrajo a más de 20.000 turistas internacionales en 2012, según la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.

   En su comparecencia el pasado jueves en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, Borrego resaltó que cada vez son más los turistas nacionales e internacionales que visitan los balnearios españoles o realizan viajes relacionados con la salud.

   En concreto, el año pasado 21.868 turistas internacionales llegaron a España para realizarse tratamientos de salud voluntarios, según datos facilitados por Turespaña, con un gasto de los visitantes que optaron por este segmento turístico de 12,1 millones de euros.

   Durante su intervención en la primera Jornada Nacional de Turismo de Salud, que se celebró en Archena (Murcia) a finales de marzo, la secretaria de Estado de Turismo ya destacó que el turismo de salud es "estratégico" para el Ejecutivo.

   Así, insistió en que el gasto medio de un turista de salud multiplica el de un turista convencional y sus estancias son generalmente más largas, a la vez que hizo hincapié en que el turismo médico mueve alrededor de 75.000 millones de euros anuales en todo el mundo.

   El turismo sanitario mueve de hecho a más de nueve millones de europeos al año y ya hay previsiones de que se incrementarán hasta 2020, en un 90%, los viajes cuya motivación sea la salud y el bienestar.

   De igual forma, puntualizó que este tipo de viajes no se suelen realizar en temporada alta por lo que cuentan además con un importante factor desestacionalizador, y tachó de "excelente oportunidad" el auge del segmento, al considerar que servirá para mejorar en calidad y diversificar la oferta termal española.

   Por otra parte, Borrego calificó el turismo de salud de "nicho de futuro" al destacar que su gran capacidad de crecimiento se verá beneficiada por la evolución de la población de Europa, cada vez más mayor y con más esperanza de vida.

   En su apuesta por el posicionamiento español en el sector, la responsable de Turismo subrayó en la Cámara Alta la importancia de mercados como el alemán, uno de los principales emisores de turistas a España junto con Reino Unido.

   Preguntada el pasado jueves por el senador del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Miguel Fidalgo, sobre la adecuación de una legislación que regule las aguas termales y su aprovechamiento, Borrego reconoció que es necesario adecuar esta normativa.

   Así, apuntó que se debe trabajar para actualizar la regulación de las aguas termales, que en la actualidad depende de la normativa de minas, aunque remarcó que el asunto depende de diversos ministerios como Sanidad, Medio Ambiente e Industria.

   "El aprovechamiento de las aguas termales tiene un impacto positivo en el turismo de salud , por lo que debemos crear un solo producto y ayudar a los balnearios a adecuar la normativa", aseguró.

El presidente argelino sufre un accidente isquémico sin secuelas

ARGEL.- El presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, sufrió ayer un accidente isquémico transitorio sin secuelas y su estado no genera preocupación, informó Rachid Bougherbal, director del Centro Nacional de Medicina Deportiva.

El jefe del Estado argelino debe permanecer en reposo para poder continuar con las pruebas médicas, explicó Bougherbal a la agencia oficial Aps.

"Ya se han llevado a cabo los primeros estudios y el presidente de la República debe mantener el reposo para proseguir con los exámenes" correspondientes, indicó Bougherbal, quien insistió en que no existe inquietud sobre la salud de Buteflika.

El primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, aseguró que el estado de Buteflika "no es en absoluto grave".

"Hace unas horas, el presidente sufrió un pequeño malestar y fue hospitalizado, pero su situación no es en absoluto grave", dijo Sellal desde la provincia de Bejaia, en el este de Argelia, donde se encuentra en visita de trabajo.

El accidente isquémico transitorio es un déficit neurológico de origen vascular que se produce de repente, pero que remite en un período muy corto de tiempo, inferior a una hora, sin provocar secuelas ni anomalías.

El estado de salud del presidente argelino, tema considerado tabú por los medios políticos y la prensa local, no suele ser objeto de comunicación oficial más que en escasas ocasiones.

En diciembre de 2005, el jefe de Estado fue trasladado a París oficialmente a causa de una úlcera y tuvo que estar alejado de sus funciones durante varias semanas tras ser sometido a una delicada intervención quirúrgica.

Desde entonces, el estado de salud de Buteflika es tratado por la prensa, que especula con la posibilidad de que el presidente sufra un cáncer y su entorno esté haciendo todo lo posible por ocultar la verdad.

Una parte de la oposición ha pedido en numerosas ocasiones la destitución del presidente por incapacidad física, como establece la Constitución.

Traslado a París

Bouteflika ha sido hoy mismo trasladado a París para someterse a exámenes complementarios después del accidente, según la agencia de prensa APS. "El presidente de la República, Abdelaziz Bouteflika, fue trasladado este sábado por la tarde a París para que le realicen exámenes médicos complementarios por recomendación de sus médicos", dijo la agencia, citando una fuente médica.
Según fuentes competentes en París, Bouteflika llegó a las 18.00 GMT al aeropuerto de Le Bourget y fue llevado de inmediato, bajo escolta, al hospital militar de Val-de-Grace, establecimiento que recibe habitualmente a importantes personalidades francesas y extranjeras.
Aunque su estado general es estable y "no da lugar a preocupación especial", los médicos le han prescrito exámenes adicionales y unos días de descanso, precisó la fuente médica argelina a APS.
Elegido jefe de Estado en 1999 y reelegido en abril de 2004 y abril de 2009, Bouteflika, de 76 años, fue operado a finales de 2005 en París de "una úlcera sangrante en el estómago", según las autoridades argelinas. El presidente argelino anunció un año después que "había estado muy, pero muy enfermo", pero que había sanado "de forma absolutamente fabulosa".
 "Hay que dejar de hablar de mi salud", advirtió.
Bouteflika aún no ha indicado si va a postular para un cuarto mandato de cinco años en 2014.

Arqueólogos hallan el zócalo de un muro del siglo IV a.C. en la antigua ciudad íbera de Álon

VILLAJOYOSA.- Los trabajos de excavación dirigidos por la arqueóloga Ana Martínez en La Vila Joiosa han sacado a la luz el zócalo de un muro del siglo IV a.C. de la antigua ciudad íbera de Álon, sobre el que se alzaban muros de adobe y una crátera ática con la figura de un fauno dibujada.

   Esta intervención arqueológica, realizada en un inmueble de la plaza de la Iglesia, ha permitido excavar por primera vez de forma sistemática muros y suelos que pertenecieron a habitaciones de la antigua ciudad íbera, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

   Se trata de un hallazgo "extraordinariamente importante" dado que, aunque ya se habían detectado muros y pavimentos en 1992 al abrir zanjas de alcantarillado en la parte más baja del cerro del casco antiguo y grandes basureros de los siglos V a I a.C. en diferentes solares y en el techo de los refugios de la Guerra Civil, ahora se confirma que la extensión de esta importante ciudad ibérica fue al menos similar a la ciudad amurallada medieval de Villajoyosa.

   La existencia de dos enormes necrópolis (Casetes y Poble Nou) a los lados de los caminos de entrada a la ciudad ibérica con cientos de tumbas desde el siglo VII a.C. hasta época tardorromana (al menos el siglo V d.C.) ya hacía suponer que la ciudad ibérica debía ser importante y, como en época romana, debió controlar el territorio de la Marina Baixa.

   Los trabajos de excavación han sacado a la luz el zócalo de un muro realizado mediante piedras trabadas con barro. Sobre él se alzaban muros de adobe que se derrumbaron y se han encontrado caídos sobre los suelos antiguos. Asociados a este muro se han documentado tres pavimentos superpuestos de tierra apisonada mezclada con cal, testimonio de diferentes ocupaciones de época ibérica.

   Los primeros estudios llevan a fechar la estructura en el Ibérico Pleno, concretamente en el siglo IV a.C. y entre los materiales localizados se han encontrado varios fragmentos de una crátera ática de figuras rojas de cierta calidad entre las que se encuentra la de un fauno, símbolo del deseo sexual, que formaban el cortejo del dios del vino, Dioniso.

   Asimismo, una de las grandes sorpresas es el hallazgo de un anillo de plata con chatón ovalado decorado con una figura incisa que no se podrá conocer hasta que no termine su restauración, una joya que "pasará sin duda a las vitrinas del nuevo Vilamuseu, que ya cuenta con una colección de joyería ibérica y romana y, sobre todo, feniciopúnica, extraordinariamente rica, aportada por los ajuares de las tumbas de los dos cementerios".

La Comunitat Valenciana inicia el fin de semana con cielos cubiertos, lluvia y descenso de las temperaturas

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha iniciado el fin de semana con cielos nubosos, chubascos acompañados de tormenta y un descenso de las temperaturas, especialmente las máximas, que continuará el domingo, jornada en la que la región estará en alerta por lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros.

   Según la Agencia Estatal de Meteorología, el aire frío que recorre la región ha provocado un descenso notable de las temperaturas y la inestabilidad termodinámica podría disparar las tormentas a lo largo de la tarde de este sábado en el sur de la región.

   En las últimas horas se han registrado precipitaciones de 16 litros por metro cuadrado en Segorbe (Castellón) o Chelva (Valencia), aunque se prevé que las lluvias se intensifiquen a lo largo de la tarde. Los valores mínimos, por su parte, han caído hasta los 0 grados en La Pobla de Benifassà o Castellfort, en la provincia de Castellón.

   Para el domingo, la Aemet ha decretado la alerta en las tres provincias por chubascos persistentes y ocasionalmente fuertes en el sur de Valencia y Norte de Alicante, y podría nevar en cotas superiores a los 1.000 metros. Los vientos, asimismo, podrían soplar con rachas del nordeste de hasta 70 km/h en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.

   Además, para el domingo se ha decretado la alerta naranja por temporal marítimo en Valencia y Castellón y amarilla en Alicante. Este temporal irá arreciando hasta mar muy gruesa y podrían registrarse olas de hasta cinco metros en Valencia y Castellón.

Ximo Puig propone primarias abiertas en los partidos y la publicación de sus cuentas para lograr transparencia

VALENCIA.-   El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado en su propuesta de Reacción Democrática, la convocatorias de primarias abiertas en los partidos políticos, así como la publicación de sus cuentas para lograr la transparencia en la financiación de los partidos, dentro de "la necesidad de que todos los partidos cambien".

   Así se ha manifestado el secretario general del PSPV este sábado en la celebración del Comité Nacional del PSPV, donde se ha presentado la propuesta de Reacción Democrática, "más ambiciosa que se ha hecho nunca".

   De esta manera, el dirigente socialista contempla la modificación de la Ley de Partidos para recoger la elección por primarias abiertas a todos los ciudadanos de los candidatos a alcaldes en municipios de más de 20.000 habitantes, así como a la presidencia de la Comunidad autónoma y al Gobierno de la Nación. Igualmente, reclama que sean pública la contabilidad de los partidos políticos.

   En este sentido ha destacado que desde el PSPV ya llevan "mucho tiempo" pidiendo una reforma en la Ley de partidos políticos, para que todos apliquen un proceso de primarias para incrementar la participación en la política "por parte de los ciudadanos".

   Puig ha explicado que la propuesta garantiza que "los políticos son honrados y que están al servicio de la ciudadanía", por lo que deben exigir "transparencia y lucha contra la corrupción". Para ello ha destacado la necesidad de cuantificar las medidas que se incluyan en los programas electorales en términos económicos, de forma que las propuestas se acompañarán de un anexo explicativo de los recursos que se van a utilizar para su financiación.

   Asimismo, ha propuesto una rendición de cuentas de todos los cargos públicos de los partidos, así como la creación de un formato común para reflejar las cuentas y el patrimonio de los partidos, donde se de detalle de todos los préstamos recibidos.

   La propuesta recoge también la prohibición por ley de cualquier tipo de condonación de préstamos a los partidos, así como la puesta en marcha de un nuevo plan contable para partidos políticos separando los distintos tipos de ingresos y gastos, unificando la contabilidad central de partidos políticos, agrupaciones locales, o asociaciones afines.

   Otro de los objetivos del documento de Reacción Democrática es que se dé publicidad de la contabilidad de los partidos políticos, de forma que se publique la totalidad de los informes del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas de los partidos el año siguiente de las mismas. Del mismo modo, busca el establecimiento de un techo de gastos para los partidos políticos, así como la prohibición de las donaciones de empresas.  

   Por último, Puig ha incidido en que "no es posible que todo cambie y que no cambien las instituciones", porque las instituciones "pensadas para el siglo XIX no pueden ser para el siglo XXI". Por eso, "hay que apostar por un nuevo modelo", teniendo en cuenta que ahora hay menos recursos y que habrá menos recursos "durante muchos años", por lo que las instituciones deben ser "más eficientes y más democráticas". Así, ha propuesto una reforma de la Constitución a través de la Constitución" para combatir la desafección ciudadana.

   Del mismo modo, el secretario general del PSPV ha traslado a su partido algunas de las medidas que lleva a cabo el gobierno andaluz, como es la aprobada contra los desahucios y que los socialistas valencianos registrarán en las Corts Valencianes para su debate.

   El secretario general ha destacado que la sociedad valenciana vive en estos momentos "una situación de emergencia". Así, el secretario general ha apuntado que "no se puede permitir", porque por primera vez, el número de parados supera los seis millones y en esta situación la Comunitat tiene el 30 por ciento de parados, de deuda y de exclusión.

   Asimismo, Puig afirmado que "nunca en la historia los españoles han estado tan preocupados por la corrupción" y ha señalado que "la corrupción sistemática del PP se ha convertido en un obstáculo para la recuperación económica".

La Comunitat ahorra 229 millones de euros en los primeros nueve meses del nuevo sistema de aportación farmacéutica

VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad ha conseguido ahorrar cerca de 229 millones de euros en los últimos nueve meses, desde la puesta en marcha del nuevo sistema de aportación farmacéutica el pasado mes de julio de 2012.

   Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la Comunitat Valenciana es la primera región en reducción del volumen de recetas facturadas en el acumulado interanual, con una rebaja del 13,6 por ciento y 15,48 millones de recetas menos que en el mismo período del año anterior, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

   En el mes de marzo, asimismo, se situó en quinto lugar, con un descenso del 21,9 por ciento en las recetas facturadas y 2,1 millones de recetas menos.

   Respecto a la contención del gasto farmacéutico en el mes de marzo, la Comunitat Valenciana se situó en tercer lugar tras Murcia y Aragón, con una reducción del mismo del 24,6 por ciento respecto a marzo de 2012, lo que representa un ahorro de cerca de 29 millones de euros respecto a marzo de 2012.

   Estos datos siguen la tendencia iniciada con la puesta en marcha del Real Decreto 16/2012 que instauró el nuevo sistema de aportación farmacéutica y coincide también con la actualización en el mes de octubre de los precios menores en las agrupaciones homogéneas de medicamentos.  

   Por otra parte, la Conselleria de Sanidad puso en marcha una serie de medidas de gestión como las mejoras del programa informático de prescripción GAIA, cuyo impacto se ha visto en 2012, y se ha fomentado la reducción del uso de talonarios de recetas en papel y la utilización del módulo de prescripción para los tratamientos.

   Asimismo, este año se impulsará el programa REFAR, que consiste en la revisión por parte de los profesionales sanitarios de los historiales de los tratamientos de los pacientes polimedicados. De este modo, los medicamentos serán sometidos a estudios y evaluaciones en torno a su eficacia, seguridad y eficiencia.

   Hasta el momento, se han revisado más de 100.000 historiales farmacológicos y se han adecuado más de 40.000 tratamientos, lo que ha supuesto un ahorro aproximado de más de 19 millones de euros.

Afectados consideran un "fraude de Estado" la nueva Ley de Costas, que provoca más inseguridad jurídica

MADRID.- Los afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los ciudadanos del país". 

   "Antes ya estaba mal, pero ahora está peor", ha manifestado el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, que ha señalado que el proyecto que salió del Gobierno era mejor para sus intereses que el que el que ha aprobado el Senado este martes y que ahora volverá al Congreso de los Diputados.

   Sobre la inseguridad jurídica, Ortega critica que el plazo máximo sea "hasta" 75 años porque esto permitirá dar concesiones por 5 o 10 años y ha añadido que el hecho de que las concesiones se puedan dar por plazos prorrogables es "un fraude de Estado".

   Además, critica la enmienda al artículo 13 que sobre la regresión en la costa por la subida del nivel del mar, ya que esto es un fenómeno que sucede en el Mediterráneo a causa de los áridos para la realimentación de playas y ha acusado a los miembros de la Dirección General de Costas de tener "un pacto siniestro" y no hacer obras de restauración a propósito para favorecer este fenómeno.

   "Es una maniobra silenciosa que consiste en dejar que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Esto es una operación fraudulenta que lleva años y que es muy difícil de ver porque es pasiva, pero ahora el Estado se quita la careta", ha apostillado.

   En este sentido, ha añadido que la ley apunta al cambio climático pero no se refiere al efecto sombra de los puertos sobre los áridos, por lo que denuncia que el Estado está creando las condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios. "Este es un regalo que han hecho los senadores del PP en esta enmienda que lo único que hacen es sumir en más problemas a los afectados. De más seguridad jurídica nada, al revés", ha lamentado.

   En cuanto a la revisión de los deslindes, Ortega vaticina que no se van a revisar porque no hay una definición nueva del dominio público así que no hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es "pura escenografía".

   Por último, ha asegurado que él no patrocina el ladrillo sino que defiende a gente que ha sido víctima de la Ley de Costas. "Aquí la discusión está entre los que piensan hay que proteger el litoral gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización", ha resumido la cuestión porque afirma que los propietarios también quieren proteger el litoral, pero con un precio. A su juicio, "hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa heredada de su abuela y le dijeran 'váyase' no querría que fuera sin indemnización".

   Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costa, Carmen del Amo, coincide con Ortega en que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones de darán "a voluntad del Gobierno".

   Asimismo, critica que a partir de ahora todos aquellos que vivan en primer y segunda línea de playa tendrán que pagar con una "contribución especial" hasta el 50 por ciento de todas las obras públicas que se realicen en el litoral, tales como mejora y conservación de playas, obras en paseos marítimos. "Si el dominio público es para el disfrute de todos, que paguen todos y no los propietarios que, encima de quitarnos la casa tenemos que pagar las obras públicas", ha subrayado.

   Por otro lado, acusa al Gobierno de "confundir" a la opinión pública con el tema de los plazos y ha precisado que las concesiones que terminan en 2018, las que tienen un periodo de 30 años, son las que se emitieron a industrias en el litoral, como las empresas papeleras, mientras que no están caducando las de los propietarios de viviendas, que tienen 30 + 30 años. "Nos han dejado peor que estábamos", ha asegurado.

   Del Amo ha recordado que la Ley también es cuestionada por el Parlamento Europeo que ha insistido en que "la concesión por más tiempo no es una indemnización y que si el Gobierno quiere la propiedad tiene que pagar".

   Al mismo tiempo, ha aclarado que la servidumbre de protección "siempre" ha sido privada, nunca pública porque no es dominio público marítimo terrestre, que no peligra. Esto significa que esa rebaja de 100 a 20 metros será terreno que quede liberado y dentro de ordenación, pero no es suelo público.

   A su juicio, la aplicación de la ley, "en la que todo queda a voluntad del Gobierno", será clave y ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha contado con su participación, ya que devolvieron a la Asociación "todas" las alegaciones presentadas. Concretamente, ha dicho que propusieron una reunión "a tres" entre organizaciones ecologistas, de afectados por la ley y Ministerio, un encuentro que "nunca se ha llegado a producir" y con el que considera que se podría haber evitado todo esto.

   Del Amo quiere que se devuelva "gratis" la propiedad privada a los propietarios y "no solo" a los de Formentera y Ampuria Brava, a los salineros. Por otro lado, ha añadido que el Estado devolverá "dependiendo de su voluntad" a quienes tengan una propiedad tras un paseo marítimo realizado por el Estado. Por su parte, los 12 municipios que han sido excluidos y que, por tanto, serán amnistiados, "les tocará volver a comprar la propiedad que el Gobierno les quitó".

   Finalmente, ha manifestado que no entiende por qué el Ejecutivo no ha esperado a iniciar la reforma de la Ley a que se apruebe, en los próximos meses, una directiva europea sobre las costas, en la que dice que se respetará la Carta Europea de Derechos Humanos, que considera como un derecho la propiedad privada. "Se van a meter en un problema que podrían haber evitado", ha advertido.

La sindicatura de cuentas siembra la duda sobre la gestión económica de Castedo en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- EU califica de demoledor el informe de la Sindicatura de Cuentas y exige a Castedo y Seva que se establezcan de forma urgente medidas de control y transparencia

Miguel Ángel Pavón acusa a Castedo y Seva de ocultar a la oposición y a los alicantinos un informe al que el Ayuntamiento de Alicante alegó hace más de tres meses, de gastar “alegremente” el dinero municipal en las grandes contratas de empresarios como Enrique Ortiz, Joaquín Arias o Francisco Rodríguez y de generar una abultada deuda que castiga a los ciudadanos.

El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, ante el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el control interno del Ayuntamiento de Alicante referido al ejercicio de 2011, que no ha dudado en calificar como “demoledor”, ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y al concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan Seva, que se establezcan de forma urgente medidas de control y transparencia en la gestión de las cuentas municipales y del área de personal.

El edil, que ha denunciado de forma reiterada el descontrol y caos económico municipal generado por el equipo de gobierno del PP, así como la opacidad del área de Hacienda y diversas irregularidades en materia de personal, ha acusado a Castedo y Seva de ocultar a la oposición y a los alicantinos un informe al que el Ayuntamiento presentó alegaciones hace ya más de tres meses “a través de un documento firmado por la alcaldesa el 24 de enero de este año. 

Tanto el informe inicial como el documento de alegaciones han sido ocultados a los grupos municipales de la oposición y a los ciudadanos, que ahora nos enteramos de sopetón de esta certera radiografía del desbarajuste del área económica municipal que desde EU hemos denunciado pleno tras pleno. Lo transparente habría sido trasladar a los grupos tanto el informe inicial como las alegaciones municipales, por ejemplo a través de las comisiones de hacienda que se celebraron en enero y febrero de este año, pero se prefirió la opacidad y el ocultamiento”.

El portavoz de EU hace mención especial a la debilidad del control interno en áreas como contratación o contabilidad que constata el informe, casi duplicando la media de los ayuntamientos analizados por la Sindicatura, y se pregunta: “¿a quién o a quiénes beneficia la debilidad en el control interno de esas áreas? ¿a los empresarios de cabecera de la señora Castedo, como Enrique Ortiz, Joaquín Arias o Francisco Rodríguez? 

Castedo y Seva gastan alegremente el dinero municipal en las grandes contratas gestionadas por esos empresarios, amparando sobrecostes y reconocimientos extrajudiciales de crédito ruinosos para las arcas municipales y que han generado una enorme deuda municipal que supera los 200 millones de euros (600 euros por alicantino) y que castiga a los ciudadanos al privarles de recursos económicos que consumen el pago de esa deuda, casi 31 millones en 2013”. 

“Y el Síndic además pone en solfa la política de personal al denunciar sin medias tintas que las provisiones de puestos de trabajo y los cambios de departamento no se realizan mediante convocatoria pública en todos los casos en que ésta es preceptiva”, ha concluido Pavón.

La Sindicatura de Comptes detecta 12 cuentas irregulares en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha emitido un informe demodedor sobre la gestión de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Alicante, que dirige la popular Sonia Castedo, investigada en el caso 'Brugal' por un supuesto trato de favor al empresario Enrique Ortiz, recoge 'El Mundo'. 

En un análisis del ejercicio 2011 de las tres capitales de provincia de la Comunidad, el Síndico suspende la gestión de Juan Seva como concejal de Hacienda del consistorio alicantino, y alerta del descontrol que existen en pagos, subvenciones y en las cuentas municipales de la ciudad de Alicante.

El organismo fiscalizador llega a detectar hasta 12 cuentas corrientes, con un saldo de 74.272 euros, que no forman parte de la Tesorería. También alerta de que existe una tarjeta de crédito con un saldo de 6.000 euros sin identificar.

El Síndico apunta que los expedientes de contratación "no contienen en todos los casos la publicidad de la convocatoria, la certificación final" o el "informe del director de obras sobre el estado de éstas".

Y sigue: "Tampoco se motiva correctamente la tramitación de urgencia o emergencia de los contratos", y critica el modelo de reconocimientos extrajudiciales de rédito para pagar contratas, muchas de ellas pertenecientes a Ortiz.

Este análisis coincide con el que el ex interventor municipal hizo durante años en sus informes, hasta que Castedo y Seva lo destituyeron el pasado 26 de diciembre. Su sustituto, que no es habilitado nacional, ha relajado el tono del departamento hasta el punto de que ha eliminado el término "irregular" para referirse al pago de servicios sin contrato, algo que contempla la Ley sólo con carácter extraordinario.

Actualmente el Ayuntamiento de Alicante está pagando 'a dedo' el suministro eléctrico y la limpieza urbana de la ciudad. 

En este último caso el servicio lo presta la mercantil Inusa, participada por Ortiz, con un coste de unos 2,5 millones de euros mensuales.

Cataluña reclama una gobernanza del Corredor Mediterráneo compartida con las regiones

TARRAGONA.-   El secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font, ha reclamado este viernes que se aborde la gobernanza del Corredor Mediterráneo, y que el Estado la comparta con las regiones y las grandes empresas que transportan las mercancías durante la clausura de una jornada técnica sobre la infraestructura en la sede de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT).

   "Poco haremos si volvemos a hacer una gobernanza autista que no tiene en cuenta los territorios y las necesidades de cada uno", ha afirmado Font, quien ha defendido que una buena gobernanza ferroviaria es imprescindible para evitar los cuellos de botella y garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras.

   También ha llamado a las administraciones a ponerse de acuerdo para simplificar y unificar los corredores con el fin de evitar lo que ha calificado de un nuevo fracaso en infraestructuras, y ha alertado de que, de lo contrario, "no habrá negocio" y se acabarán utilizando camiones en lugar de ferrocarriles.

   Font ha insistido en que las administraciones deben dedicarse de forma prioritaria a elaborar un plan de negocios para el Corredor porque "no tiene sentido plantear infraestructuras sin un plan de servicios", así como a trabajar para que industrias como las químicas y los fabricantes de vehículos estén bien conectados a la vía principal.

   En cuanto a la marcha del Corredor, ha confiado en que los trenes de mercancías podrán circular en 2015 entre la nueva fábrica de Ford en Valencia y Perpignan (Francia), aunque ha lamentado el que no se perfilen aún los trabajos en el tramo entre Montpellier y Perpignan.

   Han acompañado a Font en la clausura el presidente de la APT, Josep Andreu, y el representante de la Comisión Europea (CE) en Cataluña y Baleares, Ferran Tarradellas, quien ha coincidido con el secretario en que el establecimiento de un corredor transeuropeo "requiere un esfuerzo de gobernanza para coordinar a todas las partes implicadas".

   Tarradellas ha recordado el "compromiso firme" de la CE con el Corredor Mediterráneo, y ha destacado que una de las prioridades es el desarrollo de la línea de transporte de mercancías entre Tarragona y Valencia para evitar los cuellos de botella en estos tramos.