ALICANTE.- Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Alicante han rechazado este
martes, con sus votos en el pleno, una moción presentada por UPyD para
aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la
asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que
se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos.
Así, mientras los ediles 'populares' han votado en contra, si bien no han intervenido en el debate del punto, el resto de partidos en la oposición --UPyD, PSPV-PSOE y EU-- se han posicionado a favor. La moción proponía "la aprobación de medidas que garanticen la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos municipales".
Durante su exposición de los argumentos, el portavoz de la formación magenta, Fernando Llopis, ha resaltado que "la gente opina que no puede fiarse de los políticos", y ha abogado por "poner en valor el trabajo de la clase política".
Así, mientras los ediles 'populares' han votado en contra, si bien no han intervenido en el debate del punto, el resto de partidos en la oposición --UPyD, PSPV-PSOE y EU-- se han posicionado a favor. La moción proponía "la aprobación de medidas que garanticen la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos municipales".
Durante su exposición de los argumentos, el portavoz de la formación magenta, Fernando Llopis, ha resaltado que "la gente opina que no puede fiarse de los políticos", y ha abogado por "poner en valor el trabajo de la clase política".
"No debemos tener miedo de decir qué cobramos y en
qué gastamos el dinero público", ha manifestado.
Llopis ha calificado de "fundamental" el concepto de transparencia, y ha incidido en la necesidad de que los ciudadanos "sepan en qué gastamos los políticos su dinero". "El dinero de los grupos municipales debe ser para Alicante", ha apuntado.
Por su parte, el concejal y portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, ha opinado que la moción representa "un paso adelante" en cuanto a transparencia, si bien ha señalado que los grupos municipales son representación de partidos, por lo que tienen que disponer de "pequeñas asignaciones" para funcionar.
En el mismo sentido se ha expresado el edil del PSPV-PSOE, Manuel Marín, que ha hecho las veces de portavoz en sustitución de Miguel Ull, que ha tenido que abandonar la sesión por problemas de salud. Así, Marín ha afirmado que su formación "siempre" estará "de acuerdo con medidas a favor de la transparencia y contra la corrupción", pero ha agregado que "tampoco" puede apoyar "la dedicación altruista a la política.
Por otra parte, y dentro del orden del día, todos los grupos han aprobado una declaración institucional, propuesta por UPyD, para instar a la Generalitat valenciana a que comunique los plazos aproximados para el otorgamiento de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina.
En los turnos de palabra, Pavón ha subrayado que el PGOU, investigado dentro del caso Brugal por presuntas irregularidades en su desarrollo, "es un cadáver urbanístico, está muerto y viciado en su origen", y ha considerado que aunque "no está oficialmente suspendido", ha sido "paralizado de facto" por la Generalitat.
"La única salida digna para Conselleria sería suspenderlo hasta que se resuelva el proceso judicial. Se tiene que dilucidar qué hay detrás, deberíamos reiniciarlo basándolo sobre los principios reales de participación ciudadana y sostenibilidad", ha recalcado.
Igualmente, la concejal socialista Loles Fernández ha enfatizado que el planteamiento urbanístico "se aprobará definitivamente cuando los tribunales decidan", y ha apuntado que "lleva paralizado tres años por su oscura y deficiente redacción y tramitación".
Durante el pleno, EU ha formulado una pregunta centrada en la deuda actual que el Ayuntamiento mantiene con proveedores, de la misma manera que UPyD ha interrogado al concejal de Hacienda, Juan Seva, sobre la fecha prevista para hacer efectivos los pagos de las facturas pendientes con pequeños y medianos empresarios.
Así, Pavón ha cifrado en 27 millones de euros la deuda en este sentido, en base a datos del último informe de morosidad, correspondiente al tercer trimestre de 2012, y ha expresado la preocupación de su grupo por el "volumen" que esta partida puede alcanzar. Del mismo modo, Llopis ha alertado de que los impagos a los proveedores pueden provocar el cierre de "muchos" de ellos, y ha opinado que "no hay transparencia" por parte del equipo de Gobierno.
En respuesta a ambos, Seva ha indicado que los informes de morosidad de los últimos trimestres "están siendo finalizados", ha confirmado que serán transmitidos cuando estén acabados, y ha incidido en que el Ejecutivo alicantino "hace un esfuerzo importante" para "intentar pagar lo antes posible".
Llopis ha calificado de "fundamental" el concepto de transparencia, y ha incidido en la necesidad de que los ciudadanos "sepan en qué gastamos los políticos su dinero". "El dinero de los grupos municipales debe ser para Alicante", ha apuntado.
Por su parte, el concejal y portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, ha opinado que la moción representa "un paso adelante" en cuanto a transparencia, si bien ha señalado que los grupos municipales son representación de partidos, por lo que tienen que disponer de "pequeñas asignaciones" para funcionar.
En el mismo sentido se ha expresado el edil del PSPV-PSOE, Manuel Marín, que ha hecho las veces de portavoz en sustitución de Miguel Ull, que ha tenido que abandonar la sesión por problemas de salud. Así, Marín ha afirmado que su formación "siempre" estará "de acuerdo con medidas a favor de la transparencia y contra la corrupción", pero ha agregado que "tampoco" puede apoyar "la dedicación altruista a la política.
Por otra parte, y dentro del orden del día, todos los grupos han aprobado una declaración institucional, propuesta por UPyD, para instar a la Generalitat valenciana a que comunique los plazos aproximados para el otorgamiento de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina.
En los turnos de palabra, Pavón ha subrayado que el PGOU, investigado dentro del caso Brugal por presuntas irregularidades en su desarrollo, "es un cadáver urbanístico, está muerto y viciado en su origen", y ha considerado que aunque "no está oficialmente suspendido", ha sido "paralizado de facto" por la Generalitat.
"La única salida digna para Conselleria sería suspenderlo hasta que se resuelva el proceso judicial. Se tiene que dilucidar qué hay detrás, deberíamos reiniciarlo basándolo sobre los principios reales de participación ciudadana y sostenibilidad", ha recalcado.
Igualmente, la concejal socialista Loles Fernández ha enfatizado que el planteamiento urbanístico "se aprobará definitivamente cuando los tribunales decidan", y ha apuntado que "lleva paralizado tres años por su oscura y deficiente redacción y tramitación".
Durante el pleno, EU ha formulado una pregunta centrada en la deuda actual que el Ayuntamiento mantiene con proveedores, de la misma manera que UPyD ha interrogado al concejal de Hacienda, Juan Seva, sobre la fecha prevista para hacer efectivos los pagos de las facturas pendientes con pequeños y medianos empresarios.
Así, Pavón ha cifrado en 27 millones de euros la deuda en este sentido, en base a datos del último informe de morosidad, correspondiente al tercer trimestre de 2012, y ha expresado la preocupación de su grupo por el "volumen" que esta partida puede alcanzar. Del mismo modo, Llopis ha alertado de que los impagos a los proveedores pueden provocar el cierre de "muchos" de ellos, y ha opinado que "no hay transparencia" por parte del equipo de Gobierno.
En respuesta a ambos, Seva ha indicado que los informes de morosidad de los últimos trimestres "están siendo finalizados", ha confirmado que serán transmitidos cuando estén acabados, y ha incidido en que el Ejecutivo alicantino "hace un esfuerzo importante" para "intentar pagar lo antes posible".
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