ALICANTE.- Disidentes cubanas residentes desde 2011 en Alicante, adonde llegaron
gracias a un programa de acogida impulsado por el Gobierno central, van
a ser desahuciadas al haber dejado de recibir ayudas estatales y por la
dificultad de encontrar un empleo, según ha conocido el Síndic de
Greuges.
La institución ha responsabilizado a las
administraciones de no haber asumido sus responsabilidades públicas de
ayuda social a estas mujeres, una de las cuales podría ser separada de
sus hijos si resulta desahuciada, "con la misma intensidad que deberían
garantizar al resto de ciudadanos españoles".
El Sindic reprocha al
Estado haber promovido un programa de ayudas "sin ningún tipo de
previsión", que agotó las ayudas el primer año, y que ha llevado a las
disidentes a una situación de "extrema vulnerabilidad".
Para
paliar la situación de estas mujeres, el Síndic recomienda al Instituto
Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y al Ayuntamiento de Alicante que
concedan de forma urgente una vivienda social a las familias de estas
mujeres y diseñen un Plan de intervención social para atender sus
necesidades antes de que puedan desplazarse a Miami, como es su deseo.
A
Cáritas Diocesana, el Sindic le pide que "asuma la especial
responsabilidad que la Iglesia Católica tiene" al haber mediado en el
proceso de entrada de las disidentes, aportándoles la ayuda humanitaria
necesaria para evitar su exclusión social.
Además, considera que
la Consellera de Bienestar Social debería elaborar un informe de
situación y adoptar las medidas que le correspondan para atender y
promover la inserción de estas mujeres.
Las mujeres llegaron a
España en 2011 en el marco de un programa por el que España acogió a 120
disidentes políticos cubanos y a cientos de familiares suyos, la mayor
parte de ellos fuera de Madrid.
Durante el primer año, el Gobierno
central cubrió sus necesidades básicas a través de un programa de
asistencia financiado íntegramente por el Ministerio con el Fondo Social
para refugiados, que ha sido desarrollado mediante acuerdos con Cruz
Roja, y que les ha ofrecido un alquiler, subsidios mensuales, ropa y
material escolar.
A partir de 2012, las disidentes que se han
dirigido al Síndic solo han recibido ayudas de emergencia y puntuales
del Ayuntamiento de Alicante, Cáritas y Cruz Roja.
La crisis
económica en España ha convertido en "materialmente imposible" que estas
mujeres encuentren un trabajo, situación agravada por la reducción de
prestaciones sociales en España, lamenta el Síndic.
Ante la
amenaza de desahucio solicitaron viajar a Miami, donde se han instalado
otros compatriotas acogidos al mismo programa, gracias a un programa
especial de visados estadounidense.
Al conocer su situación, el
Síndic ha intentado mediar para evitar el desahucio de las mujeres
cubanas, dirigiéndose en primer lugar a la Subdelegación del Gobierno
para que pidiera al Ministerio de Asuntos Exteriores que cubriera los
costes y los visados para viajar a Miami, sobre lo que el Estado no ha
respondido todavía.
Al no recibir contestación, el Sindic pidió ayuda
a Cáritas, que el pasado abril le comunicó que solo podía ofrecer
"ayudas puntuales de comida, ropa y pequeños gastos", y en ningún caso
podía ofrecerle una vivienda, ya que hay lista de espera.
Desde el
Ayuntamiento de Alicante se le informó de que solo puede ofrecer el
centro de acogida municipal, de modo que, finalmente, el desahucio de
una de ellas fue ejecutado el pasado 7 de mayo.
El Sindic lamenta que
el acuerdo del Gobierno español "no fue realizado con la suficiente
previsión", algo que a su juicio "contrasta llamativamente con el gran
despliegue mediático que acompañó la entrada de los ciudadanos cubanos".
Además,
ha criticado que "ninguna administración local, autonómica o estatal ha
establecido un plan complementario", convencido de que se han marcado
"diferencias" en los apoyos prestados a estas familias respecto a otras
españolas.
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