Vicente Gimeno: “La corrupción política puede acabar generando auténticas mafias”

MADRID.- "La corrupción política en España podría acabar generando la aparición de auténticas mafias". Esta es la advertencia que ha lanzado este jueves Vicente Gimeno Sendra, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Procesal de la UNED en el marco de la jornada La corrupción política. Propuesta de medidas legislativas impulsada por el Consejo General de la Abogacía Española.

 “El alcalde de Polop fue asesinado por intereses urbanísticos”, ha ejemplificado, pese a que el crimen de Alejandro Ponsoda aún permanece sin resolver. El motivo de la expansión de la corrupción, que en casi una década ha alcanzado 800 casos y 2.000 denuncias es, a juicio de Gimeno, la desaforada expansión urbanística de los años de bonanza económica.

Gimeno ha participado en la jornada con el también catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y exletrado del Constitucional Joan Queralt Jiménez. Ambos han propuesto una batería de medidas legislativas para frenar la corrupción. Queralt ha sugerido que se apliquen penas de inhabilitación para volver a ejercer un cargo público en detrimento de las privativas de libertad. “Hay que dar donde duele”, ha aseverado.

El catedrático ha reconocido que hace falta una reacción más enérgica de la magistratura para combatir este tipo de delitos, pero ha admitido que actualmente no hay herramientas suficientes ya que la justicia se encuentra anquilosada. “Los procesos penales son eternos y generan la sensación de impunidad en la sociedad”.

Gimeno ha señalado la necesidad de modificar la manera en que los partidos se financian para evitar que se produzcan casos de donaciones irregulares, como ha ocurrido con las supuestas que conformaron una contabilidad en b al PP que se investigan dentro del caso Bárcenas. Para evitarlo, se ha mostrado partidario de que el cien por cien de los ingresos de un partido provengan de los Presupuestos Generales del Estado, y que se les prohíba recibir dinero de donaciones y de cuotas de socios. “Prefiero que me suba los impuestos si sé que van a terminar con este problema”.

En su intervención, el magistrado emérito ha insistido en que la corrupción política ha aflorado demasiado en las comunidades del Mediterráneo desde que estallara hace siete años el caso Malaya en Marbella. “Solo en el Parlamento valenciano hay 10 imputados por corrupción, podrían hacer un partido propio”, ha bromeado. A su juicio, no sobran funcionarios en la Administración, pero sí “políticos de lujo", asesores y cargos duplicados. “La mayoría de los políticos son honestos y trabajadores, pero deben purgarse a sí mismos”.
También ha achacado el ingente número de casos en España al anquilosamiento de la Justicia por la escasa inversión del Gobierno en el poder judicial y su consiguiente atasco. “En España hay un juez por cada 100.000 habitantes y un político por cada 300”, ha reprochado. "Se ha recortado un 20% a Justicia en los Presupuestos, eliminado un 80% de jueces sustitutos y tres unidades de policía judicial en Costa del Sol, Mallorca y Levante", ha completado Queralt.
Incrementar las partidas para el poder judicial o el autogobierno de la magistratura o establecer un servicio informático único que permita a jueces de diferentes autonomías comunicarse han sido otras medidas que ha citado como posible solución para agilizar la justicia, un aspecto clave a la hora de combatir la corrupción. "El tiempo medio desde que se inicia una instrucción hasta que sale la sentencia es de cinco años, es intolerable", ha recalcado Queral.
Gimeno también ha citado revisar el aforamiento para que un imputado no puede acogerse a esa condición si el delito fue cometido antes de su mandato o permitir a los jueces de lo contencioso administrativo dictar licencias de urbanismo para evitar sobornos.