El Gobierno de Orihuela afirma que la moción firmada por el PP y dos no adscritos es "indecente e ilegal"

ORIHUELA.- El equipo de Gobierno de Orihuela, formado por Los Verdes y PSPV-PSOE, ha considerado que la moción de censura firmada este martes por los 12 concejales del PP en el Ayuntamiento de la localidad y por los ediles no adscritos Bob Houliston y Asunción Mayoral es "indecente e ilegal".

   El Ejecutivo de la ciudad ha realizado estas declaraciones en un comunicado después de que los 12 concejales que forman el grupo del PP en el consistorio, además de Mayoral y Houliston, hayan firmado una moción de censura, liderada por la 'popular' Pepa Ferrando, contra el alcalde de la localidad, Monserrate Guillén, de Los Verdes.

   Así, el Gobierno municipal ha anunciado haber suscrito poderes generales a letrados y procuradores para poder presentar querellas contra funcionarios y representantes públicos y políticos por los delitos recogidos en el título 19 del Código Penal, como los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociaciones y actuaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos cometidos en el ejercicio de su función, en caso de que se convoque el pleno que solicita una moción de censura a Guillén.  

   "Consideramos indecente esta moción que intenta perpetrar el PP apoyándose en dos concejales no adscritos, ya que más del 40 por ciento de los 12 ediles 'populares' están en procesos judiciales o condenados en firme, y con la candidata a la alcaldía --Ferrando-- al borde de la imputación por las adjudicaciones del pabellón de la ciudad en Fitur realizadas entre 2008 y 2011", ha resaltado.

   Igualmente, ha hecho alusión a la primera moción firmada el pasado 22 de julio, en la que 11 de los 12 ediles del PP estamparon su firma, encabezados por la exalcaldesa Mónica Lorente, imputada en el caso Brugal. No obstante, el 'popular' Antonio Rodríguez se negó a rubricar la propuesta porque no estaba autorizada por la dirección provincial del partido. Igualmente, Mayoral tampoco aportó su apoyo en esta ocasión a la espera de que la formación tuviera "un candidato por consenso".

   Así, el Ejecutivo ha resaltado que Lorente, "frustrada candidata" a la alcaldía, "está al borde del banquillo y del juicio oral" por los presuntos delitos de "prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos, por ejecutar una obra antes de adjudicarla y firmar su contrato".  

   Igualmente, ha apuntado que dentro del caso Brugal, la ex primera edil "tendrá que declarar por supuesta prevaricación, revelación de información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude", un procedimiento en el que, tal y como ha añadido, "también están imputados los actuales concejales del PP David Costa, José Manuel Cutillas y Araceli Vilella, y los exediles Antonio Lidón, Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez Murcia".

   Además, desde el consistorio han incidido en que Costa también está imputado en la rama del caso Brugal que investiga la adjudicación del Plan Zonal de La Vega Baja, al tiempo que ha sido imputado, "por tercera vez, por la adjudicación del proyecto de la Ciudad Deportiva, con un informe en contra de la arquitecta municipal".

   Finalmente, han aludido al caso del edil Roberto López, de quien han recordado que "fue condenado en firme" por la Audiencia Provincial de Alicante a una multa de 900 euros por sendas faltas de amenazas y lesiones, "tras haber mantenido una pelea en las fiestas de una pedanía".

   "Con este panorama, el PP provincial, regional y nacional ha avalado que todos ellos firmen una moción de censura ilegal con dos concejales no adscritos, cuya rúbrica no es válida para conseguir a cualquier precio el poder en un Ayuntamiento que desde junio de 2011 ha recuperado la dignidad y su razón de ser en beneficio de los ciudadanos y no de unos pocos", ha enfatizado el equipo de Gobierno de Orihuela.

   En el mismo sentido, ha afirmado "no entender" como los presidentes 'populares' José Císcar, Alberto Fabra y Mariano Rajoy "pueden consentir que un grupo como el mencionado intente conseguir el poder a cualquier precio, incluso soliviantando la legislación en vigor para aupar a Ferrando a la alcaldía".

   Al respecto, ha agregado que la propia Ferrando "está denunciada" en Fiscalía por haber contratado con varias empresas "que tenían el mismo administrador" para adjudicar el pabellón de Orihuela en Fitur en 2008, 2009, 2010 y 2011, "razón por la que este Gobierno considera que acabará igualmente imputada en breve plazo", tal y como ha opinado.