MADRID.- Agentes de la Guardia Civil han detenido ya a
cinco personas relacionadas con la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM), entre ellos, tres exdirectivos como el exdirector general Roberto
López Abad, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja
Daniel Gil Mallebrera y el exdirector de la división internacional y
negocio hotelero de la Caja, César Veliz, han confirmado fuentes de la
investigación.
Estos tres ex directivos han sido arrestados por orden del juez de
la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que mantiene en secreto estas diligencias, y les investiga en
relación con cinco operaciones inmobiliarias irregulares, cuatro en el
Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de la empresa Valfensal
S.L, han informado hoy fuentes jurídicas. Este magistrado ha
ordenado un total de cinco detenciones.
Fuentes de la investigación han precisado que los otras dos
personas que ya han sido arrestadas no se encuentran dentro de los cinco
previstos por este auto de este juez y que su labor en la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM) no era tan relevante como la de los tres ex
directivos. Estas mismas fuentes añaden que la operación continúa
abierta y que se esperan más detenciones.
Asimismo la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo a
las 9.15 de este miércoles tres registros en Valencia, Alicante y
Mallorca. Los investigadores se han incautado de diversa documentación y
han llevado a cabo el clonado de material informático.
Se trata de los bufetes de Garrigues en Alicante y el valenciano Martínez y Ojeda Asociados. También la sede del grupo hotelero Sandos Marconfort.
Se trata de los bufetes de Garrigues en Alicante y el valenciano Martínez y Ojeda Asociados. También la sede del grupo hotelero Sandos Marconfort.
López Abad y Gil Mallebrera fueron imputados por el juez tras la
querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios de
Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada
por los empresarios y la Caja, llevó a cabo operaciones de inversión que
carecían de "racionalidad económica".
"En cambio, adquieren pleno
sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era
obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de
inversiones", aseguraba.
Registran un bufete de Alicante
La Audiencia Nacional ordenó el registro de un despacho de abogados en Alicante, de otro en Valencia y de un tercero en Madrid en relación con los procesos penales abiertos contra exdirectivos de la CAM por su actuación al frente de la entidad.
Fuentes judiciales indicaron que, además de la intervención en el despacho de Valencia, ordenada por el titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, instructor de estos procedimientos, también se han realizado registros en un bufete de Alicante, donde se habría incautado documentación del ordenador de un economista que trabaja allí, y otro de Madrid, si bien no han especificado de qué despacho se trata.
En el caso concreto del bufete valenciano, durante el registro, llevado a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, requisaron numerosa documentación supuestamente referida al caso de la CAM y procedieron al vaciado del contenido de un ordenador. Estos agentes, que llevaban un exhorto de la Audiencia Nacional, fueron asistidos por una secretaria judicial durante el tiempo que duró el registro, que se prolongó durante nueve horas.
Otras fuentes precisaron que el letrado de Valencia en cuyo despacho se hizo la intervención no se encuentra imputado en la causa sino que llevaría la defensa de uno de los imputados, por lo que se advirtió a través de un representante del Colegio de Abogados que el registro y la incautación del material podría constituir una posible vulneración del secreto de las comunicaciones, lo que podría llevar, si fuera así, a una nulidad de las actuaciones.
En Valencia es el conocido penalista Javier Boix quien lleva la defensa del exdirector general Roberto López Abad en colaboración con un bufete de Madrid, aunque tanto desde el entorno de Boix como otras fuentes judiciales negaron que este despacho hubiera sido registrado.
Sólo dos de los imputados en los procesos abiertos por la gestión de la CAM han optado por confiar su defensa a abogados de Alicante: el expresidente Modesto Crepo, a quien representa Antonio Garrigós, y Daniel Gil, exresponsable de inversiones de la caja de ahorros, que ha contratado a Javier Gerona, un letrado estrechamente ligado a Boix.
Fuentes del Colegio de Abogados de Alicante, que a través de un representante estuvo presente durante el registro, desmintieron que se tratara de alguno de estos dos bufetes. Desde el Colegio de Alicante no hubo reacción oficial alguna.
El 'modus operandi'
Según la querella, los imputados obtuvieron "un lucro personal" utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.
Esta sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el ex director general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".
La primera de las operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
La segunda es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.
La tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.
En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".
Por último, se encuentra la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.
López Abad está además imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.
La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España y, posteriormente, se conoció que había acumulado unas pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Meses después, el organismo regulador capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional.
Registran un bufete de Alicante
La Audiencia Nacional ordenó el registro de un despacho de abogados en Alicante, de otro en Valencia y de un tercero en Madrid en relación con los procesos penales abiertos contra exdirectivos de la CAM por su actuación al frente de la entidad.
Fuentes judiciales indicaron que, además de la intervención en el despacho de Valencia, ordenada por el titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, instructor de estos procedimientos, también se han realizado registros en un bufete de Alicante, donde se habría incautado documentación del ordenador de un economista que trabaja allí, y otro de Madrid, si bien no han especificado de qué despacho se trata.
En el caso concreto del bufete valenciano, durante el registro, llevado a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, requisaron numerosa documentación supuestamente referida al caso de la CAM y procedieron al vaciado del contenido de un ordenador. Estos agentes, que llevaban un exhorto de la Audiencia Nacional, fueron asistidos por una secretaria judicial durante el tiempo que duró el registro, que se prolongó durante nueve horas.
Otras fuentes precisaron que el letrado de Valencia en cuyo despacho se hizo la intervención no se encuentra imputado en la causa sino que llevaría la defensa de uno de los imputados, por lo que se advirtió a través de un representante del Colegio de Abogados que el registro y la incautación del material podría constituir una posible vulneración del secreto de las comunicaciones, lo que podría llevar, si fuera así, a una nulidad de las actuaciones.
En Valencia es el conocido penalista Javier Boix quien lleva la defensa del exdirector general Roberto López Abad en colaboración con un bufete de Madrid, aunque tanto desde el entorno de Boix como otras fuentes judiciales negaron que este despacho hubiera sido registrado.
Sólo dos de los imputados en los procesos abiertos por la gestión de la CAM han optado por confiar su defensa a abogados de Alicante: el expresidente Modesto Crepo, a quien representa Antonio Garrigós, y Daniel Gil, exresponsable de inversiones de la caja de ahorros, que ha contratado a Javier Gerona, un letrado estrechamente ligado a Boix.
Fuentes del Colegio de Abogados de Alicante, que a través de un representante estuvo presente durante el registro, desmintieron que se tratara de alguno de estos dos bufetes. Desde el Colegio de Alicante no hubo reacción oficial alguna.
El 'modus operandi'
Según la querella, los imputados obtuvieron "un lucro personal" utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.
Esta sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el ex director general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".
La primera de las operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
La segunda es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.
La tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.
En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".
Por último, se encuentra la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.
López Abad está además imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.
La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España y, posteriormente, se conoció que había acumulado unas pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Meses después, el organismo regulador capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional.
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