El ex director general de la CAM, Roberto López, paga la fianza de 1,5 millones y sale de la cárcel

MADRID.- Roberto López Abad, ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), quedó anoche en libertad, poco después de las 19.30 horas, tras haber pagado la fianza de un millón y medio de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bérmudez al acusarle de defraudar a Hacienda, junto con otros antiguos responsables de la entidad, más de cinco millones de euros en tres años a través de un entramado de inversiones hoteleras e inmobiliarias en el Caribe.

López Abad salió de la prisión de Navalcarnero tras depositar ayer mañana la fianza, según informaron fuentes judiciales. El ex director general de la CAM ha permanecido cinco días en esta prisión tras dictar la semana pasada Gómez Bermúdez la orden de prisión eludible bajo fianza de un millón y medio de euros. López Abad ha estado en total seis días en las prisiones de Soto del Real y Navalcarnero (Madrid).
El ex director general de la CAM está siendo investigado por haber desviado 247 millones a un paraíso fiscal en el Caribe. 
El magistrado ordenó igualmente el ingreso en prisión bajo fianza de 400.000 euros del que fuera director general de empresas de la CAM Daniel Gil, que abono la cuantía en tan solo 12 horas.

Gómez Bermúdez justificó su decisión en el riesgo de fuga y en el elevado patrimonio de ambos, para los que la Fiscalía había pedido fianzas de 2 millones para López Abad y de 500.000 euros para Gil.
Sin embargo, el magistrado las rebajó porque López Abad tiene bienes bloqueados y embargados en la pieza principal de la CAM, por la que le impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros, rebajada el pasado octubre a 27 millones.

Según Gómez Bermúdez, López Abad y Gil "están en los dos escalones superiores de la CAM" y desempeñaron un "papel esencial" en las decisiones sobre la financiación de proyectos por parte de la sociedad Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 %.
Añade que los exdirectivos de la CAM no tuvieron "ningún reparo" en situar inversiones de la caja "en territorio calificado de paraíso fiscal".
Eso sucedió cuando los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó -a los que también ordenó detener, pero que están en paradero desconocido- les anunciaron su intención de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México, Costa Rica y la República Dominicana.
La estructura fiscal se creó con el asesoramiento del asesor fiscal del despacho de abogados Garrigues, Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla -Jacksonport Corporation, domiciliada en Curazao- para canalizar los beneficios de Valfensal.
Esos informes fueron utilizados por López Abad y Gil para justificar ante los órganos de control de la CAM la legalidad de la estructura societaria, "venciendo así toda posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja

Gómez Bermúdez, por otro lado, dejó en libertad al exdirector de la División Internacional y Negocio Hotelero de la entidad César Véliz y al antiguo director de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) –filial de la caja- Vicente Sánchez. También quedó en libertad el empresario Francisco Climent, que fue director económico de Valfensal, la sociedad matriz de la trama defraudatoria.
El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Luis Rodríguez Sol, había solicitado una fianza de dos millones de euros para López Abad y de 500.000 euros para Gil.
El juez imputa a López Abad, Gil, Véliz, Climent y Sánchez delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, falsedad contable, administración desleal y apropiación indebida.
Gómez Bermúdez dictó el pasado martes un total de cinco órdenes de detención, pero dos de los reclamados –los empresarios alicantinos José Baldó y Juan Vicente Ferri- no fueron finalmente arrestados por encontrarse en el extranjero. La Guardia Civil detuvo además a seis personas por iniciativa propia.
El instructor de la Audiencia Nacional sostiene que los imputados aprovecharon el desembarco de la CAM en la sociedad Valfensal –creada en 2003 y de la que poseía el 30 por ciento- para captar dinero de la entidad y desviarlo a través de empresas pantalla hasta las Antillas Holandesas (la actual Curaçao), un paraíso fiscal.
Los empresarios Juan Vicente Ferri y Jose Baldó y los entonces directivos de la CAM López Abad, Gil y Véliz elaboraron y pusieron en marcha un plan mediante el cual obtenían de la entidad la financiación necesaria para invertir en la compra de hoteles en el Caribe, principalmente en México y la República Dominicana, a través de Valfensal.
Los imputados, una vez garantizada la financiación de Valfensal, adquirieron la sociedad Jacksonsport Corporation, radicada en las Antillas Holandesas y que utilizaron como empresa pantalla para sus negocios irregulares. La trama utilizó en concreto esta sociedad para concentrar la mayor parte de los ingresos que obtenían con sus hoteles.
La trama falseó la contabilidad de Valfensal para que no repartiera dividendos, con lo que sustraían el dinero que debía retornar a la CAM y lo desviaban a Curaçao.
La Intervención General de la Administración del Estado ha tasado en 333 millones de dólares (247 millones de euros) los ingresos sustraídos a la entidad y derivados a la sociedad Jacksonport entre 2004 y 2011.
Los autos de prisión dictados por Gómez Bermúdez señalaron a modo de ejemplo que la trama dejó de pagar a Hacienda en los ejercicios de 2009, 2010 y 2011 un total 5.280.685 euros, “lo que en el mejor de los casos supone la comisión de tres delitos fiscales castigados con penas de hasta cuatro años de prisión cada uno”. El juez añadió que los empresarios, con la ayuda de López Abad y Gil, “habrían estado eludiendo el pago de impuestos a la Hacienda Pública española en los últimos nueve ejercicios tributarios”.
Gómez Bermúdez aseguraba en el auto que los detenidos podrían fugarse a las Antillas Holandesa, territorio “con el que no existe convenio de extradición”. “Cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao”, apuntaban los autos de prisión.
El juez señaló además que López Abad “ha cobrado recientemente una indemnización de 3.888.000 euros” y añadió que “ha adquirido una casa en México por casi 600.000 euros”. Gil, por su parte, cobró en febrero de 2011 “algo más de 1.000.000 de euros”.