MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez
Bermúdez considera que existen indicios de delito contra el exdirector
general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y
el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, por el
cobro irregular de dietas y la concesión de créditos en condiciones
ventajosas a las empresas de la familia de este último que causaron un
perjuicio a la entidad de 4,91 millones de euros.
En un auto en el que transforma las diligencias en procedimiento
abreviado, equivalente al procesamiento, Gómez Bermúdez atribuye a
Avilés los delitos de apropiación indebida, administración desleal y
otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero y a Abad los
dos primeros.
El magistrado sostiene que los imputados diseñaron "una
estrategia" para que los miembros de la Comisión de Control de la CAM
recibieran "cuantiosas sumas de dinero" entre los años 2007 y 2011 en
forma de "dietas irregulares" que no se correspondían con la realización
de "ninguna actividad real". Para ello, crearon la Comisión de
Seguimiento y Control de la sociedad 'Tenedora de Inversiones y
Participaciones', participada por la entidad financiera.
La resolución judicial concreta que, en lugar de abandonar su
cargo, Avilés siguió percibiendo unos honorarios que ascendieron a
40.000 euros entre enero y julio de 2011, cuando fue destituido, como
presidente de la sociedad creada y de otros 3.336 euros como responsable
de la Comisión de Control.
Además, el juez sostiene que en diciembre de 2010 los imputados
simularon la venta de acciones de la sociedad 'La Vereda de Sucina',
dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a
la hermana de éste a través de un pago de 90.000 euros que la
compradora ficticia había sido ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al
Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la
entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa,
que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto
Valenciano de Finanzas.
El Banco Sabadell, sucesor del Banco CAM, informó el 27 de
noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a 'La Vereda de Sucina'
fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente
"impagados".
Gómez Bermúdez señala en su auto que "la idea de retribuir a los
miembros de la comisión de control de la CAM, con unos emolumentos
superiores a los que tenían derecho, partió de López Abad". Especifica
que fue él quien explicó los pormenores de estos pagos en una reunión de
la comisión de retribuciones de la caja y otra del Consejo de
Administración celebradas en marzo y diciembre de 2005, respectivamente.
Respecto a Avilés, el juez señala que existen indicios de que
elaboró el contrato simulado de venta de acciones de 'La Vereda de
Sucina'. Apunta que el empresario era el propietario real de los
títulos, que estaban a nombre de su mujer, y agrega que la compradora,
su hermana, siguió sus instrucciones.
El magistrado también acuerda el sobresimiento provisional de las
actuaciones que se seguían contra el que fuera director general de
Inversiones y Riesgo de la CAM, Francisco Martínez García, al considerar
que en su actuación no se desprenden indicios de delito.
La investigación partió de un informe del Banco de España emitido
el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado
dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos en
condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia.
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