ALICANTE.- El PSPV de Alicante estudia pedir prisión
provisional para la alcaldesa, Sonia Castedo, tras su imputación por
presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la tramitación
del Plan Rabasa, al estimar que existe "riesgo de destrucción de
pruebas" y ante la "alarma social".
Así, el secretario general del Partido Socialista alicantino,
Gabriel Echávarri, ha explicado que ya le he pedido a los abogados de su partido que estudien la posibilidad
de pedir prisión provisional para la primera edil, también imputada por
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Según el dirigente socialista, "creemos que concurren los
requisitos" para que la primera edil espere en prisión a declarar como
imputada el próximo 27 de noviembre, ya que se dan dos de las
condiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por un lado, "riesgo de que se destruyan pruebas". El secretario
general del PSPV ha sostenido que "la alcaldesa lo sigue siendo, sigue
dando órdenes directas a los funcionarios y sigue teniendo acceso
directo a cada uno de los expedientes" bajo investigación, por lo que
"está en posición de destruir pruebas si quiere".
En segundo lugar, Echávarri ha indicado que el otro requisito es
el de "alarma social".
"Cuando el CIS dice que la segunda preocupación
de los españoles es la corrupción, es que todo caso de corrupción genera
alarma social", ha asegurado.
Según el dirigente local del PSPV, Castedo "cumple de forma
estricta" ambas condiciones. "Con que concurra uno de los requisitos
bastaría su ingreso en prisión", ha matizado.
Asimismo, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que
expulse a Sonia Castedo del Partido Popula".
"Si la expulsa pasaría al
grupo de los No Adscritos" en la corporación municipal, "y por tanto la
mayoría podría elegir" otro alcalde, ha afirmado.
"A Rajoy se le llena la boca en Madrid de hablar de regeneración
democrática, de decir que son intolerantes contra la corrupción, y
mantienen en Alicante a una persona que está imputada ya en dos causas y
por cinco delitos graves", ha apuntado Echávarri.
En este sentido, ha criticado que la "línea roja" del 'president'
de la Generalitat, Alberto Fabra, "no cuenta en Alicante", por lo que no
van a demandar al jefe del Consell "que expulse a Castedo del PP o la
quite de alcaldesa".
El dirigente socialista también ha indicado que "no vamos a
pedirle --a Castedo-- que dimita, porque no lo va a hacer, le importa
muy poco la imagen de Alicante". Echávarri ha dicho que su partido
tampoco va a solicitar al grupo popular en el Ayuntamiento "que se
aclaren entre ellos y la sustituyan, porque no lo van a hacer".
"Han
tenido mil oportunidades de hacerlo", tanto con Castedo como con Andrés
Llorens, ha sostenido Echávarri.
A preguntas de los periodistas, ha defendido que su formación se
posiciona contra la corrupción "caiga quien caiga", en referencia a
miembros de su partido que podrían verse involucrados en el proceso
judicial. "A mí me repugna la corrupción de mi partido", ha mantenido
Echávarri, y ha añadido que "seremos los más duros con la gente de
nuestro partido".
De esta manera, el secretario general ha reconocido el "error" del
voto inicial a favor del plan Rabasa en un pleno en la legislatura
2003-2007, aunque ha incidido en que "se varió el criterio"
posteriormente y "ya no se aprobó". "Nosotros lo llevamos al TSJ y lo
declaramos nulo", ha sostenido.
"Entiendo que todos los concejales que votaron ese día no conocían
que detrás había delito", ha afirmado Echávarri, aunque ha exceptuado
en esta cuestión a Sonia Castedo, por entonces edil de Urbanismo.
Sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que aprobó el
Consell para instaurar la tienda Ikea en Alicante, en Rabasa, el
dirigente socialista ha aseverado que "entendemos que la tramitación de
la ATE tiene que ser suspendida, porque no puede venir Ikea con una
tramitación urgente a unos terrenos que están bajo sospecha y
judicializados".
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