El abogado Diego de Ramón pide como acusación popular 16 años de cárcel para cada uno de los exdirectivos de la CAM

MURCIA.- En representación de casi un millar de clientes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con cuotas participativas en su poder, el abogado murciano Diego de Ramón acaba de solicitar 16  años de prisión por los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, falsedad en documento mercantil y falseamiento de las cuentas anuales para todos y cada uno de los ocho máximos exresponsables de la CAM contra los que el magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, abrió en su día juicio oral en la denominada pieza principal.

Se trataría del último presidente de la CAM, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

El letrado hace suyos los argumentos que ya aparecían en el auto de Gómez Bermúdez con el que se procesó a estos ocho acusados, que supuestamente alteraron la contabilidad de los ejercicios 2010 y 201,1 al reflejar beneficios donde había pérdidas. 

Según hace constar De Ramón en su escrito, este presunto falseo de las cuentas "se hizo en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección y su finalidad era la integración en el SIP y posterior difusión con otras cajas de ahorro para diluir el verdadero estado de la Caja y así poder cobrar los incentivos por los resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad, ocasionando así un perjuicio".

Respecto a los balances de 2011 dice el citado abogado que se «aparentaron» unos beneficios de 60 millones cuando las pérdidas eran de 1.136 millones y sostiene que, al ser remitidos estos datos al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que los publicó, «agravaron la situación de insolvencia de la entidad, perjudicó a los inversores (en referencia a los compradores de cuotas y preferentes) y demoró la adopción de medidas necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió: la inyección de 5.249 millones de dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos para evitar el riesgo que suponía para el sistema financiero español". 

El abogado de los cuotapartícipes no se olvida del papel que jugaron las titulizaciones (la venta de créditos fallidos pero con opción de recompra, con lo que la Caja se desprendía ficticiamente del riesgo) ni de los más de 47 millones que miembros del comité de dirección "cobraron indebidamente por diversos conceptos".