VALENCIA.- El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso
Imelsa ha impuesto finanzas que suman un total de 965.000 euros a cinco
de los 14 detenidos en la Operación Taula que han comparecido ante el
juez hasta el momento.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV), la fianza pecuniaria de mayor cuantía
asciende a 500.000 euros y se ha impuesto a un empresario exsuegro del
exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Asimismo, pide 150.000 euros a la
exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón
para garantizar responsabilidad civil.
La misma cuantía de 150.000
euros la reclama también el juez a la secretaria del grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, la única
arrestada para la que el fiscal solicitó prisión al término de su
declaración. Del mismo modo, la fianza al exgerente de la Fundación
Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu,
Vicente Burgos, se ha fijado en 150.000 euros.
Finalmente, al ex
secretario autonómico de Deportes y exdiputado en las Cortes
Valencianas, David Serra, el magistrado reclama una fianza pecuniaria de
15.000 euros.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia recibirá
este jueves a otros diez de los 24 detenidos en la operación
desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias
administraciones públicas de la Comunidad Valenciana sospechosa de
amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones
fraudulentas.
Los otros 14 arrestados ya comparecieron ante el
instructor. Todos han quedado en libertad provisional, investigados
--término que sustituye al de imputados tras la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)-- en la causa abierta por varios
delitos contra la administración pública, entre ellos, los de
prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico
de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
La primera en
pasar a disposición judicial fue la exconcejala de Cultura del
Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. Declaró el pasado martes, el
mismo día de su detención. El juez acordó la libertad provisional. Le
impuso una fianza de 150.000 euros para garantizar el pago de la
responsabilidad civil en caso de condena. En el caso de que no la abone
en el plazo establecido, el juzgado procederá al embargo de bienes.
El
miércoles por la tarde noche pasaron a disposición del juez otros 13
detenidos. Las declaraciones se prolongaron hasta la madrugada. Todos
quedaron en libertad provisional. A cuatro de ellos también se les
impuso fianzas pecuniarias.
Además, prestaron declaración dos
arquitectos, un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia --personal de
confianza del grupo popular-- y seis empresarios. Todos quedaron en
libertad provisional y mantienen la condición de investigados.
El
Juzgado de Instrucción 18 tiene previsto recibir este jueves al resto de
arrestados, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil
concluyan sus diligencias y los pasen a disposición judicial. En ellos
se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de
la provincia Alfonso Rus, y el exvicepresidente de la corporación
provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.
También
figuran el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada,
Juan José Medina; el exacalde de Genovés Emilio Llopis y el ex jefe de
sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia,
Salvador Deusa Ibanco, así como cinco empresarios.
La operación
llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la
Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se
ha saldado con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia,
Alicante y Castellón.
En la operación se
llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la
Comunitat. Se han registrado domicilios particulares de los
investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública
Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de
un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue
presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en
Valencia.
La investigación se inició a partir de una denuncia
interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta
gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de
Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent, imputado en la
causa, pero que no se halla entre los arrestados en esta macrorredada.
La
práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de
actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se
recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la UCO bajo la dirección
del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por
turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.
El
Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el
principio. En la causa se investigan varios delitos contra la
administración pública, entre ellos, los de prevaricación
administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
En el marco de esta
diligencias se desarrolló la operación encaminada a la detención de
algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción
de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa
secreta.
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