La empresa pública 'Acuamed' inflaba artificialmente la obra hasta en un 10%

MADRID.- La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tiene constancia de que la empresa pública Acuamed inflaba el precio final de la obra adjudicada hasta un 10% más. Los investigadores calculan que la cuantía del fraude detectado supera los veinte millones de euros, según adelanta la Cadena SER.

La mayoría de los contratos presuntamente fraudulentos fueron adjudicados en el año 2012 aunque la UCO tiene sobre la mesa adjudicaciones que hizo la empresa pública dependiente del ministerio de agricultura en el año 2007 y hasta el año pasado. 

 

Hay una decena de empresas salpicadas en este nuevo escándalo de corrupción y entre estas grandes constructoras como Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa Acciona, Befesa, Sogecosa y Altec. Según la Guardia Civil, Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.) presuntamente adjudicaba obras sin pasar las tramitaciones públicas pertinentes y después inflaba los contratos para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.

Según los investigadores lo que hacía Acuamed era inflar artificialmente la obra hasta en un 10%. Hay constancia policial de que obras que ya estaban prácticamente finalizadas tuvieron certificaciones finales falsos que inflaban las obras entre un 5 y un 10%. Sin duda es uno de los extremos más relevantes que tienen que aclarar los detenidos y una de las claves de esta investigación.

La cuantía total del fraude no se ha calculado todavía finalmente pero según la UCO el fraude estimado contabilizado hasta ahora es de veinte millones de euros. La Guardia Civil está convencida de que el fraude va a ser mucho mayor a medida que se vayan cotejando los documentos incautados en los registros.

De momento las investigaciones apuntan a corrupción de funcionarios dirigidos por el director general detenido, Arcadio Mateo del Puerto. Sin embargo los investigadores no descartan la posibilidad de que el Consejo de Administración de esta empresa pública no estuviesen al corriente de estas irregularidades. Entre los miembros de este consejo está el que fue hasta el pasado julio Secretario de Estado de Medio Ambiente y Agricutura, Federico Ramos.

La investigación se inició hace un año a raíz de una denuncia presentada por el que fue en Acuamed director general de Construcción ante la Fiscalía Anticorrupción. Francisco Valiente denunció estas contrataciones irregulares por las que las empresas investigadas obtuvieron beneficios millonarios después de que le cesarán de su cargo por desaveniencias con la empresa. Según la Cadena SER al menos tres trabajadores de Acuamed han colaborado con la justicia y con la Guardia Civil aportando datos de estas presuntas irregularidades. Las diligencias se encuentran declaradas secretas. 

 

Una de las variantes del fraude es la siguiente: el adjudicatario fingía utilizar determinados materiales de calidad en obras y Acuamed, conocedora de la falsedad, le abonaba la certificación. Solo en este aspecto, el fraude puede alcanzar los 25 millones, según fuentes jurídicas. A cambio de validar las mendaces certificaciones, funcionarios y altos cargos de Acuamed recibían todo tipo de prebendas. Las contratas investigadas suman cientos de millones de euros. Uno de los contratos bajo la lupa de Anticorrupción es la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona), adjudicada a FCC por 155 millones de euros en 2008, según El País.

La firma estatal Acuamed dispone de un patrimonio de casi 2.400 millones de euros y este año, por ejemplo, cuenta con 207,5 millones de euros para realizar inversiones públicas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Además, ha recibido un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y cuantiosas subvenciones de la Unión Europea.

Por orden de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Velasco, agentes de la UCO registraron por la mañana la sede madrileña de Acuamed y se llevaron detenidos al director general, Arcadio Mateo del Puerto (nombrado febrero de 2012 bajo el mandato en Agricultura del exministro y hoy comisario europeo Miguel Arias Cañete), y a la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, apuntaron fuentes jurídicas. Y en los próximos días está previsto citar en calidad de investigados (la antigua imputación) a otras 35 personas.

Certificaciones falsas

El juez Velasco indaga la presunta adjudicación fraudulenta de obras así como la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las adjudicatarias. Fuentes jurídicas de la investigación señalan que aún es pronto para determinar el monto total del fraude.

El motivo de los registros efectuados este lunes es la búsqueda de numerosos contratos de los años 2007 a 2014 para el desarrollo de obras públicas en la cuenca mediterránea. Las obras bajo investigación están relacionadas, según explicó la Guardia Civil en un comunicado, “con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses”.

Las detenciones se realizaron en Madrid (ocho), Barcelona (tres), Valencia (una) y Alicante (una) y los registros se efectuaron en sedes sociales de empresas y domicilios particulares de esas mismas ciudades más otros dos en Murcia y Tarragona.

Acuamed depende funcionalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero en realidad el 100% de su capital está en manos de Patrimonio del Estado, que depende a su vez del Ministerio de Hacienda. Esta empresa pública de inversión ha manejado en los últimos años cientos de millones de euros en contratos. A 31 de diciembre de 2014 (última memoria publicada), los contratos vigentes que gestionaba eran 58. Acuamed cerró 2014 con un beneficio de 9,8 millones de euros. El año anterior fueron 3,8 millones y en 2011, de 1,4.

Aviso del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ya advirtió a finales de 2014 de los problemas de Acuamed para llevar a cabo sus atribuciones. En un informe de fiscalización sobre las sociedades estatales de aguas en 2010 y 2011, llegó a recomendar que se replanteara su existencia.

“Sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo”, concluyó el órgano fiscalizador de las cuentas públicas.
 

Aparte de los 13 detenidos, el juez imputa a una treintena de personas, entre funcionarios y empresarios que recibieron contratas a dedo, troceadas o infladas, de esta firma estatal. Se investigan delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración.

 

En las próximas horas se va a proceder a citar en calidad de investigados a 35 personas. Además según fuentes cercanas a este caso, no se descartan más registros como los que se practicaron ayer, algunos en domicilios particulares. 

 

De momento hay trece personas detenidas, entre ellos, el director general de la empresa, Arcadio Mateo, la subdirectora de Ingenieria y Construcción, María Gabriela, los delegados de las sedes de la empresa en Valencia y Murcia, y el ex director de Construcción en Trasagua, Nicolás Steegman, predecesora de Acuamed cuando la empresa fue creada por Jose María Aznar. Todos han pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil y mañana pasarán a disposición judicial.