ALICANTE/MADRID.- El Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre sendas autorizaciones
para que el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín
Castellano y el expresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante José
Joaquín Ripoll puedan ejercer la actividad privada después de dejar sus
respectivos cargos, según consta en el listado de autorizaciones
publicado en el Portal de Transparencia.
Castellano, cesado el pasado mes de mayo e investigado en la causa
sobre un presunto 'cartel del fuego' de amaño de contratos, fue
autorizado el pasado 21 de diciembre a ejercer la abogacía por cuenta
propia. Castellano se dedicaba a la política desde 1991, cuando fue
elegido alcalde de Benisanó (Valencia) y fue diputado autonómico del PP
desde ese año hasta 2014, cuando fue nombrado delegado del Gobierno.
Ripoll, por su parte, está procesado en la pieza separada del caso
Brugal que investiga un supuesto amaño de contratos para la concesión y
explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. El ex político
'popular' -está suspendido de militancia- fue cesado de su puesto de
presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante en diciembre de 2014 y
ocho meses después se le autorizó a fichar por el bufete Leopoldo Pons
Abogados y Economistas. El pasado 16 de diciembre recibió el visto bueno
para trabajar en la empresa Consultoría Avanzada de Hosting, con sede
en Alicante.
El Gobierno dio también en diciembre el visto bueno a que Pablo
Landecho Campos, ex jefe de gabinete de Francisco Camps y director
general del Consorcio Valencia 2007 hasta mayo del año pasado, fiche por
Business Initiatives Consulting, del grupo Broseta Abogados. También se
autorizó a Jesús Prieto, ex director general de Bellas Artes, Bienes
Culturales, Archivos y Bibliotecas, a trabajar en el Estudio Jurídico
Gabeiras & Asociados.
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