VALENCIA.- La Generalitat Valenciana rechaza pagar la multa de la UE de
18,93 millones de euros por la manipulación del déficit del anterior
Consell y alega que el Estado no actuó pese a las denuncias del Síndic
de Greugues.
En un comunicado, el Consell ha informado de que ha
presentado alegaciones contra el proceso iniciado por el Ministerio de
Hacienda para repercutir a la Comunitat la citada multa.
El escrito, firmado por el conseller de Hacienda,
recuerda que los informes de la Sindicatura se remitieron al Tribunal de
Cuentas, se hicieron públicos a través del Boletín Oficial de las Corts
Valencianes y tuvieron amplia difusión en los medios.
Tras una investigación, las autoridades europeas constataron que los
anteriores gobiernos valencianos incurrieron en una manipulación de los
datos de déficit al no contabilizar gastos de Sanidad por importe de
1.891 millones, correspondientes al periodo 2008-2011.
Ahora, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler,
solicita archivar y dejar sin efecto el procedimiento abierto por la
Administración central para repercutir el importe de la multa a la
Generalitat, al argumentar que la responsabilidad es del Estado, toda
vez que tiene la competencia de supervisión y remisión de las cifras de
déficit a la Unión Europea.
En ese sentido, las alegaciones de la Generalitat subrayan que
los hechos que han motivado la sanción de la UE, es decir, la práctica
de los anteriores gobiernos del PP de asumir gasto sin cobertura
presupuestaria y no contabilizarlo, eran "notorios, públicos y
sobradamente conocidos por el Ministerio de Hacienda, por la IGAE y por
el INE".
Asimismo, se insiste en que la Sindicatura de Comptes, en sus
informes anuales de fiscalización de las cuentas de la Generalitat, que
se remiten al Tribunal de Cuentas, venía denunciando desde finales de
los noventa esta realidad.
Esas fiscalizaciones no solo se remitían a los organismos
estatales, sino que se publicaban en un diario oficial -concretamente,
en el Boletín Oficial de las Corts Valenciana-, y además gozaban de una
"amplísima repercusión pública".
Como muestra de ello, el escrito de alegaciones de acompaña de
referencias de numerosos medios de comunicación en los que se reflejan
las denuncias del Síndic sobre la ocultación de facturas por parte de
los anteriores ejecutivos del PP.
Es más, el escrito se acompaña de la denuncia que un
viceinterventor realizó en el informe correspondiente a 2003 -y que
formaba parte de un anexo de la fiscalización de la Sindicatura de
Comptes-, en el que se advertía de la posibilidad de "imputación de
responsabilidades" por la "persistencia" de Sanidad en la asunción de
gastos sin cobertura presupuestaria.
Por estos motivos, en las alegaciones se considera "inverosímil"
la versión de las autoridades estatales de que tuvieron conocimiento de
la incorrecta contabilización de gasto sanitario en mayo de 2012, con
motivo de la adhesión del Consell al Mecanismo Extraordinario de Pago a
Proveedores -que obligaba a sacar a la luz las facturas no
contabilizadas hasta entonces-.
"Tales irregularidades eran públicamente conocidas por la Administración del Estado", defiende la Generalitat.
La propia Comisión Europea, en el marco de su investigación,
destacó que "gran parte" de la información ya había sido revelada en sus
informes por la Sindicatura de Comptes".
"Por tanto -asevera- eran hechos conocidos por el gran
supervisor, que era el Gobierno de España. Si el Gobierno no
supervisaba, ahí tiene como mínimo una corresponsabilidad o, diría más,
la responsabilidad de que al final nos hayan puesto una multa".
En el escrito se pide, en primer lugar, el archivo del
procedimiento por considerar que la responsabilidad última de lo
ocurrido es estatal y, subsidiariamente, para el caso de que se rechacen
las alegaciones, se mantiene que en todo caso hubo una "responsabilidad
concurrente" entre el Estado y la Generalitat (por la actuación de los
anteriores gestores).
Asimismo, se solicita la suspensión de la ejecución del
procedimiento, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea dictamine sobre el recurso presentado por el Gobierno de España
contra la imposición de la multa.
El Consell denuncia que la sanción incrementará las cifras de déficit en 2015.
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