VALENCIA.- El Gobierno valenciano se plantea acudir a los tribunales si el
Ejecutivo central le repercute los casi 19 millones de euros de la multa
que la Comisión Europea ha impuesto al Estado español por la
manipulación contable y el falseamiento del déficit por parte del
anterior gobierno de la Generalitat.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha anunciado durante la
sesión de control al Consell en Les Corts que el Gobierno valenciano
está a la espera de que el Consejo de Ministros decida si repercute a la
Comunitat Valenciana esa sanción, que el Estado ya hizo efectiva a la
CE a finales de enero.
Soler ha hecho estas manifestaciones en su respuesta a una
pregunta del grupo Compromís sobre cuál es la estrategia del Consell
para evitar que los valencianos tengan que pagar esa multa.
Ha achacado la responsabilidad de esa "manipulación contable" entres
2011 y 2012 al anterior gobierno autonómico (del PP) y al Estado
español, "dado que estas negligencias eran sobradamente conocidas por
Hacienda, la Intervención General y el Instituto Nacional de
Estadística", por las advertencias de la Sindicatura de Cuentas.
"Resulta vergonzosa, triste y patética la gestión del anterior
Cosell y me pregunto cómo fueron capaces de cometer una negligencia de
esta gravedad, escondiendo facturas y obviando las directivas de la
Sindicatura de Cuentas", ha resaltado Soler.
Por ello, el conseller ha instado al PP a "pedir perdón a los
valencianos" y ha asegurado que para "ignorar" durante veinte años las
denuncias de las Sindicatura "hay que tener cara".
Soler ha explicado que en sus alegaciones han pedido al Gobierno
que archive el procedimiento para repercutir al Consell el pago de la
multa y "subsidiariamente, en caso de que no se acepten las alegaciones,
se acepte la existencia de una responsabilidad concurrente".
Además, ha reclamado que al menos, el procedimiento quede en
suspenso hasta que el Tribunal de la UE se pronuncie sobre el recurso de
España por la imposición de la multa.
Su estrategia es de "diálogo razonado" con el Gobierno, ha dicho
el conseller, aunque en caso de no tener éxito se evaluarían "las
opciones de hacer un requerimiento administrativo para que anule la
decisión -del Consejo de Ministros de repercutir la multa- o impugnarla
ante la jurisdicción contencioso-administrativa".
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