VALENCIA.- El PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos proponen la comparecencia de
89 ex altos cargos de la Generalitat en la comisión de investigación
sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de
accesibilidad para las personas dependientes en los centros del grupo
Savia.
Los cuatro grupos han presentado hoy en el registro de Les Corts
su propuesta de plan de trabajo de la comisión, que se reunirá el
próximo 1 de marzo, y que incluye entre los comparecientes a los
exconsellers de Bienestar Social, Juan Cotino, Rafael Blasco, Alicia de
Miguel, Angélica Such, Jorge Cabré y Asunción Sánchez Zaplana, y al
empresario Enrique Ortiz.
La comisión investigará la adjudicación de plazas de residencias
de accesibilidad para personas dependientes del Grupo Savia, formado por
diez constructoras, entre las que figuraban Sedesa, de la familia
Cotino y Ortiz.
Esta empresa resultó adjudicataria del 40 % de las plazas del
"macroconcurso" de plazas de residencias que hizo la Conselleria de
Bienestar Social con Rafael Blasco de conseller, y que luego modificó
Juan Cotino como conseller del ramo.
La iniciativa, presentada por el grupo socialista, ha sido
apoyada por todos los demás grupos a excepción del PP, que se abstuvo en
la votación en el pleno de Les Corts que aprobó la creación de la
comisión, el pasado 21 de octubre.
La diputada socialista, Concha Andrés, ha manifestado hoy en
rueda de prensa su satisfacción porque después de quince años se pueda
investigar este "negocio" que supuso la adjudicación de más de 6.600
plazas, "la mayoría vinculadas a empresas relacionadas con la familia
del exconseller Juan Cotino".
El objetivo de la comisión, ha añadido, es esclarecer si hubo
algún "trato de favor" hacia estas empresas, con un volumen de negocio
"superior a los mil millones de euros"; si no se cumplió con el derecho
de las personas mayores a elegir dónde querían ser atendidos; y si en
caso de incumplimiento de los pliegos se realizaron los expedientes
sancionadores correspondientes y se cobraron.
Por su parte, el diputado César Jiménez, de Podemos, ha señalado
que se ha pedido un extenso expediente de información sobre los
contratos, número de plazas afectadas, revisiones de los precios y
plazas, denuncias presentadas por el sector de la dependencia,
sindicatos, trabajadores y particulares, y expedientes y sanciones
derivadas de estas denuncias.
Respecto a las comparecencias, ha indicado Jiménez, la lista es
muy extensa, 89 personas, para "escuchar a todas aquellas con
responsabilidad en la adjudicación de las plazas", como exconsellers,
directores generales, directores territoriales y responsables de
comisiones de contratación y valoración, que puedan dar "luz a una
supuesta extorsión".
La diputada de Compromís, Mónica Álvaro, ha destacado asimismo
que los cuatro grupos han unido esfuerzos para esclarecer unos hechos
hasta ahora "opacos y oscuros", al tiempo que ha expresado su convicción
de que políticamente "no se han depurado todas las responsabilidades"
necesarias.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, David de Miguel, ha
informado de que el plan de trabajo presentado por los cuatro grupos
pretende ser "una herramienta útil para esclarecer cómo y de qué manera
se llevaron a cabo las adjudicaciones".
La comisión, ha indicado De Miguel, será extensa, y aunque la
periodicidad inicial prevista era quincenal, por el número de
comparecientes solicitados podría ser semanal, y el calendario se
establecerá en la reunión que mantendrá el próximo 1 de marzo.
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