ALICANTE.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada,
ha asumido la investigación contra el expresidente de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo y una veintena de
consejeros de esta entidad, ya desaparecida, por el presunto cobro de
dietas millonarias.
Según han confirmado hoy fuentes judiciales, el magistrado
ha recibido la causa por reparto días después de que la titular del
Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se
inhibiera y la remitiera al Decanato de los Juzgados de Alicante.
Crespo está investigado (figura que sustituye a la de imputado
tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por un
delito de apropiación indebida por, presuntamente, embolsarse 300.000
euros en dietas al ser designado presidente de Tinser Cartera, una
empresa participada por la CAM, en 2009.
En su declaración ante la Audiencia Nacional, defendió que no
percibía retribución alguna como presidente de la extinta caja, dado el
carácter institucional de su cargo, y, por esa razón, el consejo de
administración avaló que fuera retribuido con las citadas dietas.
La juez Lamela decidió acumular la pieza sobre las cuotas
participativas emitidas por la CAM a la causa principal por posibles
irregularidades en la entidad, en la que también están investigados
Crespo y los exdirectores Roberto López Abad y María Dolores Amorós,
entre otros, por esconde la real situación de la caja en beneficio
propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.
No obstante, la magistrada remitió las pesquisas relativas a las
dietas, por las que hay imputada una veintena de antiguos consejeros de
la entidad, a los juzgados de Alicante.
Manrique Tejada deberá ahora proseguir la instrucción, que está
prácticamente terminada, y resolver, en primer lugar, las peticiones de
sobreseimiento realizadas por la mayoría de las defensas, antes de
dictar un auto de procedimiento abreviado, según las fuentes
consultadas,
Este juez es el mismo que investiga las supuestas irregularidades
detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante,
una causa derivada de la denominada 'Operación Brugal' en la que figuran
como principales investigados los exalcaldes de la ciudad Luis Díaz
Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y el empresario Enrique Ortiz.
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