VALENCIA.- El diputado autonómico del PSOE valenciano Vicente Arques está citado para declarar como investigado (imputado) en una causa abierta por un presunto delito de prevaricación continuada en la firma de convenios
como alcalde de la localidad alicantina de Alfaz del Pi.
Según la
providencia de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de
Benidorm a la que ha tenido acceso 'Abc', Arques deberá
comparecer para declarar ante el juez el próximo 17 de marzo, a las 11
horas, «en calidad de investigado».
La juez
investiga la renovación sistemática de un convenio municipal con la
Asociación para el Auxilio de los Animales -que gestiona un refugio
canino- a pesar de que este incumplía la legalidad y existían evidencias de numerosas irregularidades
en la gestión (incluido presunto maltrato animal), comunicadas al
Ayuntamiento por diferentes vías.
El caso se abrió hace ocho meses tras una denuncia del PP local, y hasta la fecha constaban como imputados tres concejales del PSOE -que gobierna con mayoría absoluta- y varios funcionarios. Todos ellos han declarado ya ante el juez, que ahora ha citado como investigado al alcalde y diputado autonómico a petición del fiscal.
En un escrito remitido al juzgado el pasado 1 de febrero, el Ministerio Público hace notar que «a partir de 2013 la renovación del convenio se fue realizando por decreto directo de la alcaldía», por lo que «se interesa recibir declaración como investigado al alcalde del Ayuntamiento de Alfaz del Pi».
Asimismo, la acusación pública pide que testifiquen de nuevo los concejales del PP para que ratifiquen su denuncia, la vecina «autora de la mayoría de las denuncias por el funcionamiento de la asociación», y a la veterinaria que emitió los informes negativos tras inspeccionar el albergue canino.
A juicio del fiscal, «los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal» -en el que incurren autoridades o funcionarios al dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia-. En caso de ser hallado culpable, el diputado socialista se enfrentaría a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Dado que Arques es aforado, una vez citado por la juez solo caben dos opciones. Que el también alcalde renuncie a su aforamiento y declare en los juzgados de Benidorm, o bien que esgrima su condición para que la juez decida si renuncia a citarlo o bien remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que sí podría investigarlo.
Este no es el primer contratiempo judicial para Arques, que preside en las Cortes Valencianas la comisión de Obras Públicas -por lo que percibe un plus de 584 euros mensuales-. Otro juez lo imputó justo después de las elecciones, en junio de 2015 -cuando todavía no era aforado porque aún no se habían constituido las Cortes Valencianas- por otro presunto delito de prevaricación, esta vez en la concesión de licencias a campings.
Junto al alcalde, están imputados en esta segunda causa el concejal de Hacienda y el arquitecto municipal de Alfaz del Pi, marido de la eurodiputada socialista Elena Valenciano.
El caso se abrió hace ocho meses tras una denuncia del PP local, y hasta la fecha constaban como imputados tres concejales del PSOE -que gobierna con mayoría absoluta- y varios funcionarios. Todos ellos han declarado ya ante el juez, que ahora ha citado como investigado al alcalde y diputado autonómico a petición del fiscal.
En un escrito remitido al juzgado el pasado 1 de febrero, el Ministerio Público hace notar que «a partir de 2013 la renovación del convenio se fue realizando por decreto directo de la alcaldía», por lo que «se interesa recibir declaración como investigado al alcalde del Ayuntamiento de Alfaz del Pi».
Asimismo, la acusación pública pide que testifiquen de nuevo los concejales del PP para que ratifiquen su denuncia, la vecina «autora de la mayoría de las denuncias por el funcionamiento de la asociación», y a la veterinaria que emitió los informes negativos tras inspeccionar el albergue canino.
A juicio del fiscal, «los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal» -en el que incurren autoridades o funcionarios al dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia-. En caso de ser hallado culpable, el diputado socialista se enfrentaría a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Dado que Arques es aforado, una vez citado por la juez solo caben dos opciones. Que el también alcalde renuncie a su aforamiento y declare en los juzgados de Benidorm, o bien que esgrima su condición para que la juez decida si renuncia a citarlo o bien remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que sí podría investigarlo.
Este no es el primer contratiempo judicial para Arques, que preside en las Cortes Valencianas la comisión de Obras Públicas -por lo que percibe un plus de 584 euros mensuales-. Otro juez lo imputó justo después de las elecciones, en junio de 2015 -cuando todavía no era aforado porque aún no se habían constituido las Cortes Valencianas- por otro presunto delito de prevaricación, esta vez en la concesión de licencias a campings.
Junto al alcalde, están imputados en esta segunda causa el concejal de Hacienda y el arquitecto municipal de Alfaz del Pi, marido de la eurodiputada socialista Elena Valenciano.
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