ALICANTE.- Un juzgado ha declarado prescrito el
supuesto fraude con subvenciones en la construcción del centro de
oficios y formación de la Confederación Empresarial de la Provincia de
Alicante (Coepa) que había denunciado el Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (Servef).
Así se recoge en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que declara el sobreseimiento libre de la causa por falta de indicios criminales y que puede ser recurrido por las partes.
La titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Alicante, Ana
Hoyos, coincide con el fiscal al apreciar la prescripción de los delitos
de fraude en las subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación
indebida y descarta por otro lado la comisión de otro delito de
insolvencia punible.
El Servef subvencionó entre 2005 y 2010 con 1,9 millones de euros la construcción del centro de formación
de la patronal alicantina, ubicado en la calle Metalurgias de la ciudad
y que costó, según datos de sus propietarios, unos 6,8 millones en
total.
Al mismo tiempo, según la querella del organismo autonómico, Coepa
habría recibido otros fondos entre 2002 y 2009 por parte de otros entes
públicos, el Sepiva y la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Laboral, para las obras y el equipamiento del edificio.
Por último, el Servef acusaba a la patronal de presentar
facturas por duplicado por un importe de 4,7 millones a fin de acceder a
un préstamo de 3 millones del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
La juez ha declarado prescritos los presuntos delitos de fraude, falsedad documental, estafa y apropiación indebida
al haber transcurrido más de cinco años desde que se concedió la última
subvención, 15 de noviembre de 2010, y la presentación de la denuncia, 4
de agosto de 2016.
El Servef también acusaba a Coepa de
un supuesto delito de insolvencia punible por la imposibilidad de
recuperar las subvenciones que le concedió al haber entrado en concurso
de acreedores.
Los empresarios alicantinos solicitaron en 2015 la declaración del proceso concursal,
que tramita actualmente en fase de convenio el Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Alicante, después de que el IVF reclamara la devolución del préstamo
de tres millones concedido para el centro de negocios.
La magistrada no aprecia en esos hechos que se haya producido un "delito de frustración de la ejecución y/o insolvencia punible",
como sostenía el Servef, que creía "frustradas" sus expectativas de
recuperar los fondos públicos aportados debido a la valoración que se
había hecho del edificio de la calle Metalurgias.
"No se
relata (en la denuncia) actos de disposición patrimonial o de generación
de obligaciones que dilate, dificulte o impida un embargo,
procedimiento ejecutivo o de apremio", precisa la juez, ni que "disminuyan su patrimonio" o hayan sido destinados "a pagar a uno o a varios acreedores en postposición del resto".
El sobreseimiento de la causa, en la que está personada tanto Coepa como la Abogacía de la Generalitat Valenciana, como acusación particular, ha contado con el informe favorable de la Fiscalía.
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