MADRID.- Letrados de varios exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) alegaron este miércoles la falta de competencia de sus defendidos en la aprobación de las reclasificaciones de créditos y titulizaciones, operaciones que supuestamente habrían permitido generar beneficios artificiales.
Una
acusación que refutó el abogado del exdirector de Riesgos Francisco
Martínez, considerado por la Fiscalía como cooperador necesario de las
irregularidades, quien, si bien admitió que la CAM pudo incurrir en una mala gestión de los riesgos, "ello no colma el delito del que estamos hablando".
Desmarcó así a Martínez tanto de la falsedad contable como de la estafa continuada por los que el Ministerio Público solicita siete años y medio de cárcel, en tanto que "ni procuró, ni ordenó, ni mandó rehabilitar créditos pues carecía de competencias para ello".
Sobre las titulizaciones, relató que éstas se hicieron no para generar falsas ganancias sino "porque la situación era crítica y la liquidez extrema", y sostuvo que los resultados "habrían sido los mismos con ellas que sin ellas".
En
términos similares se mostró la defensa del exdirector de Financiación y
Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, para quien el fiscal pide un año
y dos meses de prisión, cuya participación, dijo, "era perfectamente intercambiable, pues si la mañana en la que se firmaron las titulizaciones no hubiera estado presente, lo habría hecho otra persona".
Por su parte, el abogado del exdirector de Financiación Juan Luis Sabater se refirió a su cliente como un "mero trabajador" que operó "bajo el principio de confianza, sin dolo y con actos neutrales".
La
sesión, en la que también intervino la representación de la aseguradora
Caser como responsable civil directo, estuvo condicionada por la
noticia de la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa,
cuyo abogado se encontraba en una sala que, casualmente, fue la misma
que condenó al exbanquero a seis años de cárcel por el caso de las
tarjetas black con las que la entidad recompensaba a sus consejeros y
directivos con dinero opaco al fisco.
Carlos Aguilar,
letrado de Banco Sabadell en la presente causa, abandonó la sede al filo
de las 11:30 horas tras un receso, visiblemente afectado y a la
carrera, escapando de los periodistas presentes en la zona.
Media
hora antes, el fallecimiento del que fuera presidente de Caja Madrid,
encontrado esta mañana en una finca de la provincia de Córdoba con un
disparo en el pecho, se filtraba en la sala, donde los letrados se
pasaban unos a otros sus teléfonos móviles con claro gesto de
desconcierto.
La jornada ha coincidido además con la publicación de la sentencia en la que el Tribunal Supremo obliga a Banco Sabadell y, subsidiariamente a la Fundación Caja Mediterráneo, a reintegrar las inversiones de los clientes minoristas que adquirieron cuotas participativas de la entidad.
Mañana
la sección cuarta de la sala de lo Penal reanudará la lectura de
informes precisamente con ambas instituciones en la que se prevé sea la
última sesión del juicio contra la excúpula de la CAM, que comenzó el
pasado 30 de mayo.
En esta recta final, la Plataforma
CAM, grupo de afectados por la quiebra de la caja representados por
Diego de Ramón, mostró su malestar e indignación ante
el hecho "surrealista" de que el Ministerio Público sólo reclame
indemnización a quien compró cuotas entre el 1 de marzo de 2011 y el 22
de julio de ese mismo año, fecha en la que la entidad fue intervenida.
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