VALENCIA.- Esta semana, el Supremo podría dar otro revolcón al Partido Popular de
la Comunidad Valenciana. El alto tribunal tiene previsto celebrar una
vista pública para revisar la condena por el amaño de los concursos de los expositores de Fitur
a los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa, Álvaro
Pérez y
Pablo Crespo) y a altos cargos del Gobierno autonómico de Francisco
Camps, como la que fue 'consellera' de Turismo Milagrosa Martínez,
a la que le han 'caído' nueve años de prisión, recuerda El Confidencial.
Haya o no rebaja de
penas, una resolución confirmando el fallo condenatorio pondrá de nuevo
sobre la agenda política la mancha de la corrupción de los años de
gestión del Partido Popular. Lo hará, además, en un momento en que los
populares, dirigidos por Isabel Bonig, estaban
convencidos de haber asestado un golpe importante a la coalición de
izquierdas que gobierna la Generalitat valenciana, con el tándem de Ximo
Puig y Mónica Oltra al frente.
Por primera vez en los ya casi tres años de legislatura, el escándalo de la posible financiación irregular de PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià durante las campañas de 2007 y los contratos del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero
con la agencia de comunicación proveedora de ambos partidos, Crespo
Gomar, han puesto a la defensiva al Consell de socialistas y Compromís,
que en las últimas semanas ha perdido la iniciativa política.
La longitud del recorrido judicial de los papeles que los populares
llevaron a la Policía Nacional hace un año está por definir. La jueza de
instrucción de Valencia, que inició en secreto las diligencias, ha
cerrado el caso en su juzgado "tras quedar descartado que los hechos
indiciariamente delictivos se hubieran cometido" en su partido judicial.
Con las sedes de ambos partidos en Valencia y la decisión de la jueza
de inhibirse, es probable que la investigación de su financiación y
cuentas electorales haya quedado en vía muerta. Al haber prescrito los delitos electorales
(la financiación ilegal), los informes policiales han sido remitidos a
dos juzgados de Madrid, a Gandía y a Benidorm.
Acreditan la posible
existencia de un mecanismo de facturación falsa con contratistas y
obtención de fondos a través de contratos públicos por parte de Crespo
Gomar, que a la vez prestaba servicios a candidatos. Queda conocer el
alcance de las pesquisas con las administraciones afectadas, entre ellas
los ministerios durante la etapa de Zapatero, como publicó El Confidencial.
Sea cual sea el alcance judicial, el escándalo político va a desgastar
al Gobierno valenciano de izquierdas, cuyos partidos han tratado de
reaccionar anunciando comisiones e investigaciones internas para mostrar
transparencia. Es verdad que los hechos se remontan a más de 10 años
atrás, pero algunos de los protagonistas, como el ex secretario general
del PSPV Joan Ignasi Pla, siguen vinculados a su formación y forman parte del círculo de confianza de Ximo Puig.
Uno de sus asesores, José Manuel Orengo,
era alcalde de Gandía cuando este ayuntamiento contrató con Crespo
Gomar. De momento, oficialmente no hay ningún investigado (imputado).
Los documentos internos de Crespo Gomar también señalan a cargos de confianza del presidente del Parlamento valenciano, Enric Morera, que ha negado cualquier irregularidad en los gastos de campaña del socio nacionalista de Compromís.
Esta suerte de Gürtel de la izquierda se suma a otros acontecimientos
recientes que han debilitado la imagen de algunas de las coaliciones que
propiciaron el cambio político en las municipales de 2015.
El caso más
evidente es el del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. Procesado por fraccionamiento de contratos y
por el despido de una trabajadora interina familiar del portavoz
municipal del PP, ha alcanzado un pacto con la dirección del PSPV-PSOE
para renunciar a su cargo el próximo 9 de abril. El acuerdo incluye el
intento de negociar con el resto de fuerzas de izquierda la investidura
de la número dos de Echávarri, Eva Montesinos. Se han
iniciado contactos con Compromís, Guanyar Alacant (Podemos) y
Ciudadanos, pero todavía sin los 15 votos necesarios para articular una
mayoría.
La renuncia de Echávarri, si se produce tal como se ha comprometido,
pondrá la guinda a una legislatura alicantina marcada por la
inestabilidad y los desencuentros constantes entre las fuerzas de
izquierda, empeñadas en tirar por la borda la oportunidad que les dio el electorado en 2015
tras dos décadas de gobiernos del PP con un final marcado por los
escándalos de corrupción. Los sondeos ya apuntan a Ciudadanos como el
partido que más votos recibiría en unos comicios locales en 2019.
El crecimiento del partido de Albert Rivera, empujado por la situación en Cataluña y la debilidad del PP de Mariano Rajoy,
es generalizado en las grandes ciudades y podría ser suficiente como
para volcar las mayorías en favor del centro-derecha si lleva aparejado
robo de votantes socialistas.
En la Comunidad Valenciana, los estudios
demoscópicos apuntan a un crecimiento notable de la formación naranja.
La situación podría ser frustrante para los populares de Isabel Bonig.
Al cargar todavía sobre sus espaldas con un escenario judicial de causas pendientes
de sus antecesores, el trabajo sucio de zapa y judicialización contra
la gestión del Consell del Botánico que ha encargado a su número dos, Eva Ortiz,
podría tener como beneficiario a Ciudadanos como receptor de votantes
de centro desencantados con PP y PSOE. Aun así, los populares sueñan con
un regreso al poder, aunque sea a expensas de un socio como Ciudadanos.
Este es el escenario que temen en el Palau de la plaza de Manises,
donde Ximo Puig y su equipo se debatían hasta hace muy pocos días sobre
la conveniencia o no de adelantar las elecciones autonómicas para
sacarlas del 'superdomingo' del 26 de mayo, donde coincidirán con
municipales y europeas. Será un test de alcance nacional donde es muy
probable que el pulso por la hegemonía del centro-derecha entre Rivera y Rajoy marque la campaña.
La
política es un estado de ánimo y, en ese contexto, la estrategia de
Puig y Oltra de vender un 'oasis' de normalidad institucional ajeno al
debate nacional para adormecer al votante conservador tiene mal encaje.
Es cierto que en la mente del 'president' socialista está el deseo de
propiciar en algún momento la salida de la elección de las Cortes
Valencianas y la Generalitat del calendario de las municipales para
generar un debate político estrictamente valenciano.
Así lo ha expresado en encuentros reservados con medios de comunicación
en los que ha estado presente El Confidencial. Pero la aparición en
escena de la polémica con la agencia Crespo Gomar, la situación de
interinidad de la segunda capital de la Comunidad Valenciana y la
ausencia de argumentos políticos potentes que justifiquen la
convocatoria anticipada de elecciones emparedan al tándem Puig-Oltra.
Quizá su carta más probable sea el clásico 'wait and see', esperar y ver,
y que sus opciones de conservar el poder pasen por que no aparezcan
nuevos líos, que la llamada 'Gürtel de izquierdas' se desinfle por
ausencia de recorrido judicial, se normalice la situación de Alicante y
Cataluña recobre la estabilidad con un Gobierno autonómico que renuncie a
la vía lateral de la independencia y lleve a corrales el artículo 155 de la Constitución.
En caso contrario, crecen las probabilidades de que las fuerzas del Botánico tengan que acabar haciendo las maletas.
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