ALICANTE.- El Ministerio de Agricultura, el mismo que acaba de autorizar la reapertura del trasvase Tajo-Segura tras
once meses cerrado para Alicante y Murcia, sí envió durante el año
hidrológico 2016-2017 un total de 47,7 hm3 de agua del Júcar, desde el
embalse de Alarcón a Albacete y los regadíos de Castilla-La Mancha, por
la infraestructura que, sin embargo, mantenía cerrada para la provincia en
los meses más duros de la sequía (de octubre a octubre), revela hoy el diario Información.
En concreto,
del embalse de Alarcón salieron 13,4 hm3; para garantizar el
abastecimiento de la población en Albacete y 34,3 hm3; para los
regadíos de Castilla-La Mancha, básicamente cereales cuya producción
está, además, subvencionada por la Comisión Europea.
Los datos figuran en un informe de la Confederación Hidrográfica
del Júcar sobre la utilización de los recursos hídricos con fecha del pasado
lunes, 2 de abril. Una actuación legal porque parte de Castilla-La
Mancha es territorio cubierto hídricamente por la Confederación del
Júcar, lo mismo que la Comunidad Valenciana.
La misma confederación que,
sin embargo, no tenía en las mismas fechas agua en el embalse de
Alarcón para enviar a Alicante tal como le viene reclamando la Junta
Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, tres años ya sin el
convenio regulador.
Mientras,
la principal alternativa a la sequía en los últimos once meses para la
provincia de Alicante ha sido consumir agua desalada a
0,73 euros el metro cúbico (0,12 euros la del trasvase) de la planta de
Torrevieja hasta que, incluso, el caudal se cortó para destinarlo todo
al abastecimiento urbano. Mientras, en Castilla-La Mancha sigue
regándose sin problemas.
El envío de los 47,7 hm3 de agua por la
infraestructura del trasvase Tajo-Segura del Júcar a Castilla-La Mancha
desde el embalse de Alarcón se produjo entre el 29 de octubre de 2016 y
el 2 de octubre de 2017, y sigue este año, según la documentación a la
que ha tenido acceso este periódico.
En mayo de ese año el Ministerio
cerró el trasvase Tajo-Segura para Alicante aplicando la ley, pero por
parte de la infraestructura siguió circulando agua para el
abastecimiento y regadío en Castilla-La Mancha.
Todo en un periodo de tiempo en el que ni el Consell ni el PP -Compromís y Podemos son abiertamente antitrasvasistas-
movieron un dedo para forzar a la Confederación del Júcar a contemplar
la opción del embalse de Alarcón tal como pedían los agricultores.
El
pasado 26 de marzo, representantes de la Junta Central de Usuarios del
Trasvase Júcar-Vinalopó volvieron a reclamar a la ministra Isabel García
Tejerina, en una reunión celebrada en IFA, que el trasvase
Júcar-Vinalopó debe contemplar, además de los caudales de la desaladora
de Mutxamel, 30 hm3; de agua de calidad de Alarcón para el
abastecimiento de los municipios de l'Alacantí y el Vinalopó.
En la
reunión estaban César Sánchez, presidente de la Diputación; e Isabel
Bonig, presidenta regional del PP en la Comunidad Valenciana. El
convenio sigue sin concretarse, lo que ratifica el ninguneo que sufre el
PP de sus compañeros en Madrid.
El Instituto Universitario de
Geografía de la UA ha advertido en reiteradas ocasiones (la última
observación se la trasladó en persona por el catedrático Antonio Gil
Olcina a la ministra Isabel García Tejerina hace dos semanas), que el
auténtico problema del río Júcar no es que se tengan que trasvasar 80
hm3; todos los años a la provincia de Alicante con agua de cuestionable
calidad captada en la desembocadura (Azud de la Marquesa).
El problema
de esta arteria fluvial es, según el catedrático, el acuífero 23 de la Mancha Oriental, sobreexplotado,
del que en Castilla-La Mancha se extraen todos los años mas de 400
hm3; cuando sólo se disponen, como máximo, de 300 hm3; al año. Una
comunidad con déficit hídrico por la pésima administración del río Tajo,
pero donde en los últimos años ha ido creciendo la superficie de
regadío hasta las cien mil hectáreas, según los datos que maneja el
Instituto.
Además de los recursos subterráneos, el Júcar les
trasvasa también todos los años agua de calidad y mucho más barata que
la de la Marquesa, que debe salvar una elevación de casi 800 metros,
algo que dispara los costes energéticos, y cuyo caudal está sometido
ahora, además, a una investigación de Fiscalía de Valencia tras una
denuncia, por contaminación, de los colectivos ecologistas.
La opción Mutxamel
Pese
a todo y pese a la inminente reapertura del Tajo-Segura, los regantes
que reciben agua del trasvase Tajo-Segura siguen esperando, por otro
lado, la respuesta del Ministerio de Agricultura a su petición de que
incorpore la desaladora de Mutxamel (parada tras una
inversión de 93 millones de euros) al conjunto de medidas puestas en
marcha para tratar de mitigar los graves efectos que está provocando la
sequía en el sector agrícola de Alicante.
La desaladora de
Mutxamel se encuentra inmersa en un entramado legal complicado ya que
forma parte de la «solución trasvase Júcar-Vinalopó», y permanece parada
porque no se ha firmado el convenio que debe regular los usos del agua
relativos al trasvase. Se han cumplido dos años desde que comenzó la
negociación para un convenio que sigue sin concretarse, pese a que
últimamente parece que se han producido ligeros avances.
La
capacidad de producción de la planta es de 18 hm3 al año y hasta ahora
sólo se ha recurrido a ella en una ocasión, hace dos años, cuando hubo
que enviar 5 hm3 a Benidorm para evitar cortes de agua. Una planta que
parece maldita desde que también perdiera protagonismo al anularse el
Plan Rabasa. De hecho, la infraestructura era clave para abastecer a los
45.000 nuevos vecinos de ese macroproyecto urbanístico que acabó en
fiasco. Hoy, los agricultores necesitan sacarle partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario