PP y Ciudadanos agitan el miedo al ‘procés’ en Navarra, Valencia y Baleares

MADRID.- PP, Ciudadanos y UPN repiten una consigna que ya es lema para las autonómicas de 2019: en Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana hay Gobiernos con partidos nacionalistas que siguen el guion catalán de hace 30 años y aspiran a acabar en un 'procés'. Lo están diciendo incluso en Asturias, donde se está debatiendo la cooficialidad de la lengua asturiana en la próxima legislatura, adelanta hoy El País. 

Para el resto de partidos, incluido el PSOE, que preside en los dos últimos territorios, es puro delirio, una burda estrategia electoral para crear miedo. Rebaten que el independentismo es marginal en esos lugares. 

Pero la derecha subraya precisamente que así era en Cataluña hace diez años, que también estaba ahí el PSC, en teoría para frenarlo, y que este cuadro se puede revertir. Creen que hay una “agenda oculta” y para ello sirven los giros en políticas lingüísticas y educativas. 

En los tres territorios se han dado pasos en estos ámbitos que suponen un cambio respecto a los sistemas consensuados desde hace años.

Del otro lado, acusan a la derecha de querer una polarización similar al de Cataluña. Se repite un diálogo de sordos ya conocido, con referencias al maltrato financiero. Otra pregunta es que, si realmente hay riesgo de deriva soberanista, cuál es el plan del PP y Gobiernos centrales en los próximos años. 

Será un debate creciente, y plantea tensiones de fondo del procés. Emergen discusiones de la Transición y no hay reparos para frases apocalípticas.

Navarra, la pelea de la extensión del euskera

El PP presentó la semana pasada un vídeo con música de thriller que empieza así: “¿Preocupado por la situación en Cataluña? Pues escucha lo que está pasando en Navarra. Desde 2015 el Gobierno está en manos de la izquierda abertzale, que tiene como objetivo que Navarra desaparezca. Está imponiendo un proceso de batasunización”. 

Consistiría en la imposición del euskera, de la ikurriña y la anexión al País Vasco. Para EH Bildu es una “absoluta caricatura”. 

“Aquí no cuela”, opina Bakartxo Ruiz, portavoz de la formación abertzale.

Ana Beltrán, presidenta del PP navarro, no cree que exagere: “Esto pasa totalmente inadvertido, lanzo la alarma”. Opina que Geroa Bai y EH Bildu esperan el momento idóneo para un referéndum de anexión al País Vasco, posible según la Constitución: “Si repiten legislatura, desde luego”. Javier Esparza, presidente de UPN, piensa igual: “Saben que hoy pierden, siembran para el futuro”. El primer pleno monográfico de la legislatura, apuntan, fue para aprobar el derecho a decidir.

Les alarma la ampliación del euskera en administración y en escuelas. Que aparezca primero en papeles oficiales, en carteles viales, cuando solo lo habla un 12,9% de la población, la mayoría en el norte. La reforma para colgar la ikurriña en edificios públicos, si lo aprueba el municipio. La modificación en contratos públicos: las empresas que opten a concursos de atención al público deben tener un plan de euskera para sus empleados. 

“El euskera es una herramienta para la construcción nacional. Para optar a una plaza pública ahora saber euskera vale más que tener un doctorado. Las empresas, y quien quiera ser funcionario, tendrán que ir a La Rioja y aquí vendrán los guipuzcoanos”, acusa Esparza. También alega que se destinan recursos de forma desproporcionada para escuelas con cinco alumnos y además en zonas no vascófonas se les paga transporte y comedor.

El partido socialista comparte las críticas al Gobierno foral, pero acusa al PP y UPN de querer “polarizar con el miedo” a la sociedad. “Este es un Gobierno nacionalista en una comunidad que no lo es, e intenta hacer prevalecer una identidad sobre otra, como hacía UPN”, señala María Chivite, portavoz del PSN. “Deberíamos aprender de lo que ha pasado en Cataluña para no repetir los mismo errores y no alimentar miedos”.

El vasco no es oficial en Navarra, solo en el norte. Una ley socialista de 1986 la dividió en tres zonas: norte, vascófona, la única donde hay obligación de uso en los servicios públicos; centro, mixta; y sur, castellanohablante. Ahora se han abierto ikastolas en el sur. “Nadie está imponiendo nada. Solo hemos dado oportunidad de acudir a la red pública a algunas familias que lo pedían”, replicó la presidenta foral, Uxue Barkos, esta semana en un desayuno en Madrid. 

A preguntas de El País sobre un posible escenario como el catalán respondió: “No hay paralelismo ninguno, por más que se empeñen en buscarlos”. El Gobierno foral alega que con los funcionarios se adapta a la demanda real: de 16.000 solo tenían obligación de hablar euskera 160, con 80.000 hablantes. Argumentan que el salto tras décadas de UPN parece enorme, pero solo es un ajuste a la realidad.

En la Comunidad Valenciana se está volviendo a evocar la batalla de Valencia, un traumático y violento episodio de la Transición, que enfrentó derecha e izquierda por la cuestión lingüística. Lo hace, por ejemplo, Isabel Bonig, la presidenta del PP: "El valenciano nunca ha sido un problema, y están reabriendo una separación, cuando el tema de la lengua se cerró en los ochenta". 

Pero desde el Bloc, el partido soberanista de la coalición Compromís, les acusan a ellos: “Es como entonces, cuando se agitó el fantasma de la lengua para frenar el proceso autonómico. PP y Ciudadanos compiten a ver quién la dice más gorda. Pero el Bloc nunca ha pedido la independencia. Hemos sido extraparlamentarios hasta 2007 y conocemos esta sociedad”, replica Àgueda Micó, secretaria general.

Bonig ve clarísimo que se quiere repetir el esquema catalán: "Están siguiendo los mismos hitos, control de los medios públicos y educación. No hablan de ello porque saben que ese mensaje hoy en Valencia no cala, pero quieren crear un clima". Toni Cantó, de Ciudadanos, valenciano, coicide: "El contagio es obvio. El PSOE no tiene problema en pactar con nacionalistas y ceder competencias, como en Cataluña. Juegan al poli bueno, Mónica Oltra, y el malo, Vicent Marzá, conseller de Educación. 

Están iniciando el camino que nos ha llevado al procés.Tengo sobrinos que solo dan una hora de castellano en su pueblo, y dos de inglés. Y eso lo empezó el PP.En la nueva televisión autonómica tienen más comisarios lingüísticos que realizadores". Se refiere al nuevo canal, À punt, que ha comenzado esta semana sus emisiones cuatro años después del cierre de Canal 9. La directora general, Empar Marco, ha sido 13 años delegada de TV3 en la comunidad.

"Lo que dice Cantó es imposible, que lo denuncie", replica Miguel Soler, socialista, secretario general de Educación. El último conflicto ha sido un nuevo decreto de educación que fue paralizado en julio de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad por discriminar el castellano, porque vinculaba el tener más horas de inglés a elegir la línea escolar en valenciano, entre otras cosas. El Gobierno valenciano reculó y rehizo una nueva ley. 

"Cogimos la sentencia del Supremo de Cataluña para aplicarlo. El ministerio de Educación nos ha dado el visto bueno. Lo más curioso es que Ciudadanos y PP piden en Cataluña lo que aquí critican".

El principal argumento del Gobierno valenciano es que el modelo actual del PP, que lleva veinte años, es en la práctica una inmersión -se elige línea en valenciano o en castellano-, que ellos estarían incluso suavizando con un modelo trilingüe. Actualmente hay un 90% de alumnos en línea en valenciano en Castellón, por ejemplo, la provincia donde esta lengua es predominante. 

 "La nueva ley prevé unos márgenes mínimos, 25% de valenciano, 25% de castellano y de un 10 a un 20% de inglés, y el resto, libre elección. El resultado ha sido muy plural: el 58% de las escuelas tiene 40% de valenciano, y el 40%, un 40% de castellano”, comenta Soler.

Pero Ramón López Cabrera, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alicante (FAPA), que recurrió el decreto, no lo ve tan inocente: “El decreto era llevar al sistema educativo una propuesta ideológica, no pedagógica. Era una evidente discriminación. La nueva ley también tiene una serie de despropósitos que llevan a pensar que es una política nacionalista. Es un tema político puro y duro”.

Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, rechaza de plano la teoría de la agenda oculta: “Es una tesis sin fundamento. Si le preguntas a cualquiera por el independentismo aquí es como muy marciano. Solo está en la agenda de quienes quieren crear caos. Yo me levanto por la mañana y no pienso en Cataluña, sino en el colegio de los niños, en la sanidad, en la vida real de la gente". 

¿Compromís es independentista? "Rotundamente no. No está en su ideario ni en el pacto de gobierno. El valencianismo es defender los intereses de los valencianos en un proyecto de Estado común. No queremos ser españoles de segunda. Fuimos los últimos en inversión estatal en 2017 y los penúltimos en 2018. España se rompe por los Presupuestos”.

“La derecha saca este argumento por dos razones”, opina Enric Bataller, diputado de Compromís en el Congreso. “Una, da votos en el resto de España, y es una línea muy peligrosa, abandonar el consenso para solo imponer mayorías numéricas, para la convivencia es fatal, así empezó Yugoslavia. Y dos, crea un frente interno en cada territorio, como en Cataluña, como Inglaterra con el unionismo en Irlanda del Norte, y tú sacas rédito político”. 

Bataller advierte que esto se puede combinar con una sensación de maltrato que se agudiza con los años, por la cuestión de la financiación: “Y eso sí moviliza a la gente”.

“Ahí tienen razón. Lo triste es que el Gobierno central no reacciona”, apunta Mikel Arteta, doctor en Filosofía Política y autor de La construcción nacional valenciana. “Los frutos de tener partido propio en el Parlamento nacional son evidentes. Ves a Coalición Canaria condicionando los Presupuestos. Basta exacerbar el victimismo y te votan. Es el fin del parlamentarismo”, lamenta. 

Sostiene que está en marcha una silenciosa imposición de la agenda nacionalista, copiada del plan de catalanización de Pujol de los noventa. Ve una “estrategia de la distorsión” con la lengua: “Solo el 30% habla valenciano. Pero si todo está en valenciano, la administración, la tele, los carteles, da la impresión de que es lo que tienes que hablar. Han ganado el terreno de lo políticamente correcto. Van tocando teclas, es cuestión de tiempo y lo saben”.

En esa supuesta agenda oculta estaría Acció Cultural del País Valencià (ACPV), asociación para la difusión de la lengua y la cultura valencianas fundada en 1978. Sería un equivalente de Òmnium, la entidad catalana con la que está asociada, y recibe subvenciones de la Generalitat. “Somos una entidad que difunde la lengua y la cultura, nada más”, rebate su presidente, Toni Gisbert. “Òmnium dio un salto que no hemos dado. No somos independentistas ni nos pronunciamos sobre política. Aquí nadie se cree el independentismo, hay algunos, pero igual que hay gente que cree en marcianos, hay de todo”. 

Considera las acusaciones de PP y Ciudadanos como “una campaña que juega con la verdad, como Donald Trump”. “Las mayorías absolutas se han acabado y los márgenes se juegan en zonas urbanas, votos que la derecha intenta movilizar con el miedo. No estamos en una fase similar a Cataluña ni de lejos, pero sí hay un sentimiento de discriminación que hace diez años no existía. Cada vez más valencianos dicen que hay que crear un problema valenciano para que nos hagan caso. Cuidado con jugar con fuego, porque a base de repetir mentiras puede pasar lo que dijo Montilla en Cataluña, que se cree desafección y sectores se sientan desamparados por Gobierno central”.

Baleares, conflicto en la sanidad

Mariano Rajoy visitó Baleares el pasado 21 de abril y el titular fue que alertaba del riesgo de contagio catalán. “Esperábamos qué venía a anunciar, quizá el descuento del 75% en el transporte para los residentes, y nos dice eso. ¿Hay algo más en este país que las amenazas, algún plan?", reprocha Guillem Balboa, uno de los coordinadores de MÉS Mallorca. 

Este partido, con nueve diputados y en el Gobierno insular, es el origen de la alarma de Rajoy. Es soberanista y tras el referéndum del 1-O anunció que su objetivo era realizar uno igual en 2030, propuesta que luego no prosperó en su congreso.

Balboa, alcalde de Alaró y el primero de raza negra de las islas, cree que “es mucho suponer esta agenda oculta. Al PP le viene muy bien Cataluña como excusa. MÉS Mallorca es un partido soberanista, hay unos independentistas y otros no. Reivindica el máximo de autodeterminación, el máximo que la población quiera alcanzar. Ahora no existe un sentimiento mayoritario de independentismo”.

“No estamos incómodos con ellos. Nuestra hoja de ruta es social, no de autogobierno”, explica Iago Negueruelas, portavoz del partido socialista balear, PSIB. En el PP no se lo creen: “En el MÉS luego se callaron, y así van, a la chita callando. Saben que necesitan tiempo. Son una minoría, pero sus políticas van entrando en la sociedad”, afirma el presidente popular, Biel Company.

El punto más polémico ha sido el decreto de marzo que introduce el catalán en la sanidad. Da dos años para obtener el nivel básico, y sin certificado no se puede optar a traslados ni promociones. Es requisito, no mérito. 

“Esto no es una cuestión sanitaria, la gente no piensa en el idioma cuando va al médico, y nunca había sido un problema, hay muchos médicos de fuera pero todos entienden catalán. En 2017, de 7.000 quejas solo hubo cinco por la lengua”, explica Miguel Lázaro, presidente de Sindicato Médico, central mayoritaria y la única que se opone.

Apunta que es muy importante el contexto: “Somos una comunidad importadora de médicos, con diez años sin oferta pública con niveles de interinidad del 35%. En Ibiza y Menorca hay una gran rotación, también los alquileres influyen. Los ocho gerentes de los hospitales de atención primaria de Baleares enviaron una carta en la que se oponían por razones técnicas: impide captar y fidelizar médicos”. 

Ya se han ido unos 20 facultativos y especialistas, aunque no solo por esta razón, pero ha contribuido a que hicieran las maletas. Han ido saliendo en la prensa: la única neuropediatra de Ibiza; un psiquiatra, un anestesista y una ginecóloga de Menorca… Se da además una circunstancia llamativa: a los médicos de otros países de la UE no les puede exigir el catalán, porque no es cooficial en Europa.

El decreto causó una sorprendente protesta de la nada, el movimiento Mos Movem. “Empezó en una cena, con un amigo médico que se desespera porque traen médicos de Perú, de Argentina, y tratamos de integrarlos para que no se escapen. Si se echan novia menorquina hacemos una fiesta”, relata Úrsula Mascaró, conocida empresaria de calzado, que se ha puesto al frente. Al final, el 17 de diciembre convocaron una manifestación. "Pensamos que seríamos cuatro gatos y según la prensa fueron 2.500, aunque eran más”. Ahora tienen 14.000 seguidores en la red social. segura que son apolíticos. “Yo tengo amigos en todo el mundo y esto es una cosa tan de pueblo… Con la educación tragamos, pero ahora la Sanidad, la orquesta sinfónica de Baleares, hasta los taxistas, no puede ser”. El 5 de mayo es la próxima manifestación, en Ibiza.

“No es un problema real, no ha habido concentraciones de personal sanitario. Si fuera así tendríamos un problema gordísimo. La alarma no cala porque no es verdad, los médicos están tranquilos”, replica Negueruela. Lo cierto es que las mayores protestas que recuerdan las islas se produjeron contra el anterior gobierno del PP, de José Ramón Bauzá. Rompió décadas de tranquilidad al modificar las normas educativas y lingüísticas, del propio PP. Lo pagó en las urnas -de 35 a 20 escaños- y el actual Gobierno ha restablecido el sistema anterior.

En el mismo PP fue derrotado por el ala más regionalista de Company. Por el camino perdió, por ejemplo, a Jaume Font, un histórico del partido que acabó fundando su propia formación, Proposta per les Illes (PI), un centro derecha moderado con tres escaños. “No veo nada de lo que dice Rajoy. Con la situación tan delicada que tenemos en España debería ser más responsable”, dice Font. 

"Los únicos que hablan de soberanismo son MÉS, nueve diputados de 59, y dentro de esos nueve hay de todo, ecologistas, gente que viene de IU…”. Sí cree que crece el malestar por el trato a Baleares: “Llevamos veinte años esperando el régimen especial para las islas. El Estado debería cuidar esto, todos somos españoles y debemos ser iguales”.

Pero a la derecha también le inquieta el PSOE. “El de aquí no es el de Madrid, pregúntale a Joan Mesquida”, dice Company. Se refiere al veterano socialista balear, exdirector general de la Guardia Civil y Policía Nacional, que acaba de dejar el partido. 

Al preguntarle, Mesquida da la razón a Rajoy: “Hay un evidente denominador común con Cataluña. Hay que estar muy vigilantes. El independentismo está permeabilizando puestos de responsabilidad del PSOE en Baleares. Hace diez años en Cataluña estaban con el Madrid nos roba. Estamos ya en esa fase”.