VALENCIA.-
Una funcionaria de la Administración valenciana, que durante años
estuvo adscrita a Presidencia de la Generalitat, obligó
al gobierno valenciano a fimar en 1996 una cláusula por la que el
Consell se comprometía a que en ningún caso ella podría conocer en
persona al presidente de la Generalitat, en aquel momento el cartagenero
Eduardo
Zaplana, hoy preso en la cárcel de Picassent
acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación,
tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal,
falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal, según revela hoy el diario Levante-EMV.
El acuerdo se firmó hace 22 años, aunque ha trascendido
ahora, y tenía por objeto preservar el trabajo de la mujer y asegurar la
imparcialidad de su análisis sobre la figura del presidente.
La
empleada pública no trabajaba físicamente en Presidencia de la
Generalitat pero realizaba trabajos de análisis sobre la figura de
Zaplana, su gestión y su proyección social. La funcionaria fue requerida
en 1996 para formar parte de la Unidad de Documentación de la agenda
del presidente.
Por esa relación laboral tuvo que firmar un contrato de
confidencialidad por el que no podía desvelar detalles de su trabajo
como habitualmente ocurre con numerosos funcionarios, los últimos, por
ejemplo, los integrantes de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción.
Pero a esa cláusula de confidencialidad, la
funcionaria obligó a que se añadiera una nueva, la de que no podía
conocer en persona al presidente, bajo ningún concepto ni circunstancia y
nadie podría obligarle a ello.
Aquella
cláusula se firmó finalmente y durante todo el tiempo en que la mujer
trabajó para el presidente siempre se cumplió. Cuando Zaplana fue
nombrado ministro de Trabajo en el verano de 2002 y abandonó la
Generalitat para marcharse a Madrid se había cumplido la cláusula y
jamás se conocieron. Tampoco después.
La funcionaria, según ha confirmado a Levante-EMV, alegaba que conocer
al presidente podía alterar sustancialmente sus condiciones laborales
ya que podía mediatizar sus conclusiones sobre la figura que tenía que
analizar. Conocerlo podría afectar negativamente a la
imparcialidad de su análisis. Es lo que se alegó para incluir esta
cláusula en el contrato de la funcionaria, que aún sigue en la
Administración y que este diario no identifica para preservar su
privacidad. Además, la persona que firmó por parte del Consell la
cláusula que impedía conocer a Zaplana ya ha fallecido.
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