BRUSELAS.- La
economía europea recobra vigor. La Comisión publicó ayer sus
recomendaciones semestrales en un ambiente de optimismo solo matizado
por las incógnitas que plantea el nuevo gobierno italiano y los partidos
que lo respaldan. Pero Francia sale del procedimiento corrector del
pacto de estabilidad porque ha consolidado su control del déficit y
España lo hará -según las previsiones europeas- el año que viene en cuanto se confirmen los datos de este ejercicio, según relata hoy Abc.
Las
previsiones para la economía española son halagüeñas, salvo por
cuestiones que afectan casi en su totalidad al sistema autonómico.
Aunque no lo dice con todas sus letras, cualquier conocedor del sistema
político español que lea el informe publicado ayer se dará cuenta que
los principales puntos que Bruselas dice que hay que reformar, como
unificar el mercado, mejorar la educación o homogeneizar las ayudas
sociales, dependen de las comunidades autónomas.
Y la crítica más aguda hacia las últimas actuaciones del Gobierno, que es la subida de pensiones,
tiene como origen la necesidad de contentar a un partido nacionalista
autonómico, como el PNV, cuyos votos eran imprescindibles para aprobar
el presupuesto.
La Comisión dice -a todos los países- que hay que
aprovechar esta época de vacas gordas para hacer las reformas que
mejorarán la competitividad y reducirán los riesgos del mañana. En el
caso de España, desde luego señala a puntos concretos que llevan años
enganchados en el debate político.
El
informe dice, por ejemplo, que las empresas españolas tienen una
«limitada capacidad» para innovar, por el desajuste del sistema
educativo esencialmente en manos de las comunidades autónomas y que crea
tanto personas sobreformadas como infraformadas. «Aunque ha mejorado en
los últimos años, el índice de abandono escolar está por encima de la media
de la UE» y «el pacto por la educación que pretende una reforma
profunda de la enseñanza sigue en la fase de negociaciones», que es una
manera discreta de decir que está más que muerto.
«Las diferencias
regulatorias en el entorno de negocios juegan un papel importante en la
disminución del crecimiento de la productividad» dice también el
informe refiriéndose a la maraña de legislaciones autonómicas que han
convertido el mercado español en un laberinto.
«En el contexto actual,
las disparidades regulatorias y las restricciones en el ambiente de los
negocios contribuyen a mantener altos los costes, reducen la movilidad
geográfica de las empresas y los trabajadores y restringen el
crecimiento de la productividad».
La Comisión se queja de que la ley de
Unidad del Mercado «ha sido implementada solo en parte»,
debido a la oposición de las comunidades autónomas y por ello da pistas
al Gobierno para que establezca estándares mínimos en los distintos
sectores de actividad económica para homogeneizar la regulación.
El
informe señala que existen problemas de homogeneidad hasta en el caso
de las ayudas sociales.
«El impacto de las transferencias sociales para
reducir la pobreza que no son pensiones -dice- está por debajo de la
media europea y sigue bajando. Los ingresos mínimos garantizados se
caracterizan por las grandes diferencias en las condiciones de acceso en
las distintas regiones y debido a la fragmentación en múltiples
esquemas nacionales los distintos tipos de desempleados son gestionados
por distintas administraciones, lo que tiene como resultado que muchos
ciudadanos que lo necesitan no reciben ningún tipo de ayudas».
El
principal reproche que se le hace al Gobierno, sin embargo, es el de
haber subido las pensiones en este ejercicio, a pesar de que la cuantía
de estas prestaciones «se encuentra entre las más altas de Europa».
El
informe dice que «las proyecciones del próximo informe sobre
envejecimiento y adecuación de las pensiones de este año indican que las
reformas de 2011 y 2013 ayudaron a asegurar la sostenibilidad y su
adecuación a largo plazo. Sin embargo, los aumentos de las pensiones y
el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante la
elaboración del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en duda el
compromiso de esas reformas».
Ese aumento de las pensiones, acordado para contentar al PNV, es lo que impedirá alcanzar este año el objetivo de reducción de déficit.
Y por ello le costará a España una rebaja en la regla de gasto para el
año que viene. Es decir que habrá que pagarlo de todos modos.
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