BENIDORM.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 1
de Benidorm ha citado a declarar en calidad de imputado -ahora,
investigado- al ex alcalde socialista de la ciudad, Agustín Navarro, en la causa que sigue por un presunto caso de financiación irregular del PSPV-PSOE, según consta en un auto.
Navarro es en la actualidad diputado del PSPV
en la Diputación de Alicante y, tras archivar por prescripción el
juzgado de Valencia que inició el caso el delito electoral atribuible a
los socialistas valencianos y el Bloc, remitió a Benidorm los indicios relacionados con Navarro para que otro juzgado siga con la instrucción por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Así, el juez investigará una supuesta adjudicación irregular en el contrato de los denominados opinómetros de Benidorm. En concreto, el ex alcalde tendrá que acudir a declarar el próximo 14 de junio y junto a él han sido citados, también el mismo día e igualmente como imputados, Alberto Gomar y José Ramón Tíller,
socios de la empresa Opino Media SL que resultó adjudicataria de aquel
contrato, y la ex concejal Mariola Fluviá, que ostentaba en área de
Contratación.
Este juzgado ya reclamó días atrás al Ayuntamiento de
Benidorm toda la documentación relativa a aquella adjudicación.
El contrato fue adjudicado a Opino Media,
empresa de la cual era socio Alberto Gomar cuya agencia de comunicación
fue la encargada de la campaña electoral de Navarro.
En Opino Media también figuraba como socio José Ramón Tíller, asesor del ex presidente socialista Joan Lerma.
Tiller ejerce en la actualidad un cargo de responsabilidad en Egevasa,
una empresa en la que participa la Diputación de Valencia, y fue
promovido por José Manuel Orengo, ex alcalde de Gandía y actual coordinador de los asesores del presidente Ximo Puig.
En concreto, el coste de los opinómetros
instalados en Benidorm ascendió a 280.000 euros y se compraron con el
dinero que obtuvo el Ayuntamiento con el denominado Plan E, un conjunto
de medidas puestas en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer la economía local.
El proyecto consistía en la instalación de 19
dispositivos fijos y móviles para encuestar a los benidormenses sobre
diversos asuntos. Un año después de su instalación, la prensa local
recogió que todos estaban fuera de servicio.
El Ayuntamiento de Málaga también contrató con
la empresa administrada por el asesor del PSPV los opinómetros. Crespo
Gomar instaló allí 25 dispositivos, seis más que en Benidorm, por
200.000 euros, 80.000 euros menos.
Gandía también contrató estos dispositivos
pero como real adjudicatario figura Infonova, una empresa con sede en
Valencia. Al parecer, en el caso de Gandía los investigadores han detectado
irregularidades en adjudicaciones relacionadas con los opinómetros, pero
no en la adjudicación directa del servicio, pues en principio la
empresa que se impuso en este concurso público no guardaría relación
directa con la agencia electoral del Bloc y PSPV.
El coste de la instalación en Gandía ascendió a 164.000 euros, casi la mitad de lo que pagó Benidorm.
Tiller seguirá por el momento con su puesto en
Egevasa y fue el primer gerente de la nueva época de la empresa pública
Imelsa, que buscaba alejarse de un pasado oscuro en manos del yonki del
dinero, Marcos Benavent.
El sueldo de Navarro
Por el momento Agustín Navarro también seguirá
como diputado provincial. En febrero de 2016, un PP en minoría en la
Diputación de Alicante aprobó en solitario y contra la opinión de su
entonces socio de C's, Fernando Sepulcre, proporcionar un sueldo a dos diputados provinciales imputados, el popular Bernabé Cano y Agustín Navarro.
Aquel acuerdo vulneraba todo lo firmado por el presidente de la institución provincial, César Sánchez
(PP), con C's al principio del mandato sobre regeneración democrática.
Sánchez necesitaba justificar ambos sueldos en dos cargos.
Para ello
nombró al imputado de su partido, Cano, como diputado de Planes de
Mejora con cargo y sueldo. Y al imputado del PSOE, Agustín Navarro, como
vicepresidente de la Comisión de Cuentas de la institución provincial,
cargo que todavía mantiene.
Navarro no dudó en justificar su sueldo (49.962,08 euros brutos) en un pleno acusando a la prensa de ejercer una «persecución» contra él.
Sin embargo, había sido un
juez el que le imputó supuestos delitos de prevaricación
administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales
públicos a raíz de una denuncia de un sindicato policial.
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