La justicia belga es cada vez más contraria a aceptar las dos euroórdenes
que pesan sobre los consellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell
Serret, en este caso, por malversación y desobediencia.
Por su parte, el
tribunal de Schleswig-Holstein, en Alemania, que tiene en sus manos la
decisión respecto al president Carles Puigdemont por
rebelión, malversación y desobediencia descartó la primera
acusación hace varias semanas y, respecto a la segunda, se está
produciendo con el paso de los días un cierto estupor sobre la
insuficiente información recibida por parte del Supremo.
La noticia de la oposición de los tribunales de los dos países ha
originado un enorme enfado en el gobierno español, la judicatura y las
diferentes instituciones del Estado, que se empiezan a preparar ante una
eventualidad de esta naturaleza.
En el plano político, excepto
Ciudadanos, que mira de obtener el mayor rédito electoral posible, salta
a la vista que el Partido Popular ha rebajado sus comentarios para que
el tema no ocupe cada día todas las informaciones. Lo mismo han hecho la
Fiscalía y otros estamentos de la judicatura española.
En el terreno
mediático, una pluma relevante como es la del ex director de ABC José Antonio Zarzalejos,
que se mueve en posiciones siempre próximas a lo que sería el Estado en
su sentido más amplio, ya habla abiertamente de escenarios alternativos
para Llarena si se rechazan las euroórdenes.
El último elemento conocido de la documentación solicitada por la
justicia alemana y belga, para valorar con mayor conocimiento
el supuesto delito de malversación como sostiene el juez Llarena, es la
simple valoración indiciaria de un supuesto delito.
Sin pruebas, sin
apoyo documental del Ministerio de Hacienda, sin ningún
asiento contable en el que figure tal malversación, Llarena pretende
que la justicia europea dé por buenos unos hechos sobre los que no
existe una prueba directa.
Demasiado poco para delitos tan graves,
apuntan unas fuentes. Y, otras, demasiado volátil para aprobar unas
euroórdenes que están siendo miradas con lupa por tribunales de
diferentes países y sobre las que un día se tendrán que pronunciar los
tribunales europeos.
Todo apunta, por tanto, y dicho sea con la mayor prudencia posible,
que podemos estar en vísperas de noticias halagüeñas y definitivas para
los que hemos considerado siempre que el relato policial y judicial era
en buena medida insostenible a medida que se objetivara el juicio y no
fuera una causa general contra el independentismo.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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