VALENCIA.- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha trasladado al expresidente de la Comunidad valenciana Eduardo Zaplana, detenido en el marco de la operación Erial, desde Madrid hasta Valencia para declarar ante la juez que lleva el caso. A
su llegada a la ciudad, y antes de que la titular del juzgado de Instrucción
nº 8 de Valencia le interrogue, Zaplana fue llevado a la
Comandancia de la Guardia Civil en Patraix.
Zaplana ha pasado la noche en las dependencias del Instituto Armado de
Tres Cantos (Madrid), después de haber asistido al registro de su
vivienda y su despacho en la capital.
La
defensa del exdirigente del PP y exdirectivo de Telefónica ha
solicitado a la jueza que ordenó el pasado martes su detención que lo
ponga en libertad debido a la leucemia que padece desde 2015 y a que,
tras someterse a un trasplante de médula, recibe tratamiento en el
Hospital de La Fe de Valencia.
Sin
embargo, la Fiscalía ha decidido oponerse debido a que el martes fue
examinado y no se encontró ninguna causa que impidiera su retención y su
presencia en los registros.
Aparte
de las declaraciones previstas en la Ciudad de la Justicia de Valencia,
el exdirector de la Policía, exvicepresidente del Consell y
expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha sido citado
también a declarar este jueves como investigado ante la Guardia Civil.
Sus
sobrinos Vicente y Juan Cotino son dos de los detenidos en esta causa,
en la que los investigadores han llevado ya a cabo varios registros,
como los practicados en las viviendas de Zaplana en Valencia y Benidorm y
sus antiguas oficinas en la sede madrileña de Telefónica.
La investigación del llamado caso Erial ha
sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía
Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno
valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de
empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.
Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico,
por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado
mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro
de esas comisiones.
La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte
de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales,
de manera que la conexión de esas cantidades con actividades
presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana
abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.
Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa
y conocido como 'el yonqui del dinero', un documento clave que ha
permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha
llevado a la detención de Zaplana.
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