MADRID.- Las comunidades autónomas
extenderán la chequera un 4% más que el año pasado y volverán a
incumplir la regla de gasto, que les permitía aumentarlo un máximo del
2,4%. De esa manera, y por segundo ejercicio consecutivo, la
administración autonómica se saltará la Ley de Estabilidad, pondrá en
riesgo el déficit y desembolsará 2.500 millones de euros más de lo que
permiten las normas. Así se desprende del Observatorio Fiscal y
Financiero sobre este subsector que publica Fedea, que en esta ocasión
está elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, según publica hoy El Economista.
Según
el citado documento, las autonomías pasarán de un gasto ejecutado de
149.924 millones de euros en 2017 a bordear los 156.000 millones en el
año en curso, y ello en un momento en el que la regla de gasto les
hubiera permitido alzas de hasta 153.500 millones como tope. Los
proyectos presupuestarios de todas ellas exceden en esos 2.500 millones
el máximo permitido. Y ello pese a que hay dos, Cataluña y Asturias, que
no han sido tenidas en cuenta en el estudio porque no han podido
aprobar sus propias Cuentas Públicas.
Cabe
recordar que en 2019 se celebran las elecciones autonómicas, y el
aumento previsto de los desembolsos puede tener mucho que ver con este
hecho, tal y como apuntan los autores del informe, que aún así no
describe qué administraciones se pasarán más con el gasto.
La pista, aún
así, la dio hace pocas semanas el Ministerio de Hacienda, que situó a
Navarra, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como las que más se
pasaron con los desembolsos en 2017. Un total de 10, de hecho,
incumplieron de largo la regla de gasto.
El mayor
problema, a ojos de Fedea, es que el aumento previsto del gasto puede
poner en riesgo el objetivo de déficit para el subsector, del 0,4%; y
por ende, el de todas las Administraciones Públicas, del 2,2% según
pactaron el Ejecutivo y Bruselas.
Mucho más en un ejercicio en el que el
Gobierno ha aprobado subir las pensiones con el IPC; elevar el mínimo
exento de pago del IRPF; la rebaja de este impuesto para rentas
inferiores a los 18.000 euros; o el aumento del 16,5% en la inversión
para infraestructuras y obra pública.
Y ese no sería el único motivo. Manuel
Díaz y Carmen Marín advierten en su trabajo de que, además del aumento
de gasto previsto, de 6.000 millones, las comunidades prevén elevar
ingresos en 8.000 millones en relación a lo observado en 2017. Un
cálculo, a juicio del think tank, que se pasa en exceso de optimismo.
Si bien es cierto que los Presupuestos
contemplan un aumento de las entregas a cuenta de 4.000 millones de
euros -que, además, podría no producirse si por sorpresa las Cuentas no
se aprueban-, hay otros 4.000 millones de aumento de ingresos por
impuestos (un 9% más que el año anterior) sin casi justificación, porque
"no se han tomado medidas adicionales".
Si bien los autores creen que tributos
como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el de Actos Jurídicos
Documentos (AJD) podrían incluso propiciar una sorpresa positiva "por la
buena marcha del sector inmobiliario", dejando 8.800 millones en las
arcas regionales, hay otras figuras que generan más dudas.
Es lo que sucede con el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, en un momento en el que varias autonomías están
legislando para bajar el tributo. Así ha sucedido en Andalucía, donde
gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos; y en Madrid, comunidad en
la que ostenta el poder el PP también con soporte naranja. Los autores
también ponen el acento en la partida Resto de transferencias de
capital, que ven sobrepresupuestada.
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