MADRID.- El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana
no llegó a salir ayer del garaje de su casa en pleno centro de
Valencia. Cuando iba a hacerlo, poco después de las ocho de la mañana,
para acudir a una cita médica, se encontró a una pareja de agentes de la
Guardia Civil, que lo esperaban para detenerlo, recuerda hoy Abc.
La UCO llevaba meses investigando si el expresidente de la Comunidad Valenciana se embolsó 10,5 millones de euros durante
sus años al frente del Ejecutivo (e incluso después) a cambio de
concesiones públicas; si ese dinero lo ocultó en varios paraísos
fiscales a nombre de terceros y si después esas «mordidas» volvieron a
España para reinvertirse y acabar formando parte del patrimonio del que
fue ministro de Trabajo del presidente Aznar.
Los
documentos encontrados en algunos de los registros confirman, según ha
podido saber Abc, los indicios con los que trabajaban los
investigadores. No solo eso, sino que ya se ha logrado localizar una
parte importante de los fondos que habían sido blanqueados a través de
una trama formada por allegados de Zaplana.
La
operación «Erial» -en la que han sido detenidas siete personas- tuvo su
origen en un hallazgo casual durante la operación «Taula», en la que se
investigó a Rita Barberá y sus concejales. Durante el registro de un
despacho de abogados relacionado con el «arrepentido» Marcos Benavent, el «yonki del dinero» según se autodefinió,
la UCO encontró unos documentos que no guardaban relación ni con esos
hechos ni con ninguna de las personas afectadas por la causa.
Benavent
contó entonces que esos papeles se los había entregado en 2012 un sirio
y aseguró que solo estaban bajo su custodia. Localizado el sirio, se confirmó cómo se habían obtenido los documentos y cómo se los había entregado a Benavent.
El
hallazgo era tan importante que motivó una nueva denuncia por parte de
la Fiscalía Anticorrupción en los Juzgados de Valencia. Esos papeles
obtenidos por azar reflejaban licitaciones públicas y exponían
operaciones societarias relacionadas con esas adjudicaciones
fraudulentas e incluso aparecían personas físicas y jurídicas. La causa
recayó en el Juzgado nº 8 y en ella se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude, entre otros.
La
UCO y la Fiscalía Anticorrupción tienen puesto el foco en el
afloramiento de las comisiones que habrían sido entregadas a Zaplana por
los empresarios que se beneficiaron de los contratos públicos bajo
sospecha.
Las
dos adjudicaciones públicas más importantes investigadas son la
concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en 1997 y una
parte del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana,
en concreto una concesión de 2005. Ambas recayeron en sociedades
vinculadas a Sedesa y el grupo empresarial de la familia Cotino. A
cambio de esas dos concesiones millonarias, Zaplana habría cobrado 10,5
millones de euros.
Las investigaciones han
revelado las operaciones fraudulentas que se llevaron a cabo para
adjudicar los contratos investigados, han permitido identificar a sus
responsables, determinar cómo se pagaron las comisiones y cómo se
blanquearon los beneficios a través de sociedades y testaferros. Y lo
más importante: se ha logrado localizar una parte fundamental del dinero
negro en Luxemburgo.
Varios agentes de
paisano se trasladaron ayer a la Consejería de Economía con una orden
judicial y requirieron documentación relacionada con los citados
contratos. Uno de los expedientes que solicitaron fue el de explotación
de la concesión administrativa de las ITV (servicio que se privatizó en
1997), unas adjudicaciones que fueron concedidas a la familia Cotino
cuando Zaplana se encontraba al frente de la Generalitat.
Concretamente,
se apunta a Vicente Cotino, empresario y sobrino del exdirector general
de la Policía Juan Cotino, quien también fue detenido ayer. Este
empresario es uno de los nueve que acaba de pactar con la Fiscalía tras reconocer que pagaron 1,2 millones en negro para saldar la deuda del PP valenciano con la trama Gürtel.
Los
agentes requirieron igualmente el desarrollo y ejecución del Plan
Eólico (adjudicación que se produjo en 2003), realizado por Zaplana
durante su segunda legislatura para el impulso de las enegías
renovables.
El foco está puesto en la Sociedad Proyectos Eólicos Valencianos,
la cual resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo
eólico en varias zonas. La mercantil estaba participada por Endesa,
Bancaja y Sedesa, controlada por Vicente Cotino, quien acabó vendiendo
sus participaciones a Iberdrola.
Sobre
Juan Cotino se sabe que será llamado a declarar primero por los
investigadores y después por el juez como investigado. No se le ha
detenido, pero hay indicios que lo apuntan.
El
resto de personas arrestadas e investigadas, entre ellas la mujer de
Zaplana, Rosa Barceló, forman parte en principio de la trama para
blanquear las «mordidas» y reintegrar los fondos en el sistema legal a
través de distintos mecanismos.
Se
trata del jefe de Gabinete durante el mandato de Zaplana, y mano
derecha suya, Juan Francisco García (era presidente de la mesa de
contratación de una de las licitaciones bajo sospecha); Joaquín Barceló
(exdirector general de Turismo de la Generalitat y alto cargo en Terra
Mítica) y su mujer Felisa López (ambos relacionados con la trama
societaria para repatriar fondos desde Luxemburgo); Francisco Grau,
asesor fiscal y financiero y vinculado a la CAM y otro socio de una de
las sociedades que pagó comisiones.
La
Guardia Civil realizó ayer una veintena de registros en Alicante,
Valencia, Madrid y Barcelona. Se llevó los dos Audi de Zaplana y por la
tarde se trasladó a su chalé de Benidorm.
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