MADRID.- Eduardo Zaplana habría recurrido a un alto cargo de los gobiernos de la Comunidad Valenciana que él mismo presidió para ocultar parte de un imperio inmobiliario financiado con dinero de comisiones ilegales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
ha conseguido identificar esas propiedades, que estaban a nombre de
terceras personas y mercantiles, para ponerlas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, responsable de la llamada operación Erial.
En esa maquinaria de ocultación, que habría permanecido engrasada
durante más de dos décadas, jugó presuntamente un papel fundamental un amigo de la infancia del exdirigente del PP al que este promocionó de forma insistente para puestos clave de la Administración. Se trata de Joaquín Barceló Llorens,
que compartía con Zaplana hasta una peña de las fiestas de Benidorm, la
ciudad en que ambos crecieron. Agentes de la UCO detuvieron a Barceló
este martes junto a su mujer, Felisa López González, por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales del exministro de Trabajo.
Barceló fue la mano derecha de Zaplana en la sombra. Primero, el político situó a su amigo al frente del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm cuando aún era alcalde de ese municipio
(1991-1994). Después, al llegar a la presidencia de la Generalitat en
1995, confió de nuevo en Barceló para hacerse cargo de la dirección general de la Consejería de Turismo,
un puesto que le permitió controlar todos los centros turísticos de la
comunidad.
Y por último, en 2003, el
entonces titular de la cartera de
Trabajo (2002-2004) volvió a intervenir para que su estrecho colaborador
entrara en el consejo de administración del parque temático Terra
Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en el
cargo hasta 2016.
Los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción
han acreditado tras más de dos años de investigaciones que, en paralelo
a la carrera política del que llegó a ser portavoz del PP en el
Congreso, Barceló y su mujer habrían constituido una decena de
sociedades dedicadas a la promoción y alquiler de viviendas que posteriormente fueron instrumentalizadas por el propio Zaplana para blanquear parte de los 10,5 millones de euros que llegó a esconder en un estructura offshore con ramificaciones en Uruguay, Panamá, Reino Unido, Luxemburgo y Andorra.
Se
trataría de un patrimonio distinto al que oficialmente poseían el
exministro y su mujer Rosa Barceló, también investigada, aunque el
dinero fluía entre esas dos esferas. Uno de esos movimientos fue
precisamente el que hizo saltar las alarmas de forma definitiva. Zaplana
se compró hace solo dos meses un piso de 270 metros en pleno barrio de
Chamberí de Madrid sin necesidad de recurrir a financiación bancaria, como reveló El Confidencial este martes. El inmueble estaba valorado en unos dos millones de euros.
Un patrimonio de 7,4 millones
En
el afloramiento de los fondos habrían intervenido las empresas
inmobiliarias de Barceló y su esposa. La más antigua de las que siguen
en activo es Costera del Glorio SL, controlada por Barceló desde 1999, cuando Zaplana ya llevaba cuatro años instalado en el Palau de la Generalitat Valenciana.
El objeto social de la firma es el alquiler de bienes inmobiliarios.
Tiene un patrimonio en viviendas y locales superior a los 1,9 millones de euros.
Destaca un edificio entero de apartamentos en el número 13 de la calle
Pescadores, de Benidorm, a solo 50 metros de la arena de la playa de
Poniente. Felisa López también figura como administradora.
Otra mercantil bajo investigación es Gesdesarrollos Integrales SL, creada en 2006. En ese momento, Zaplana era el portavoz del PP de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Gesdesarrollos se centra en la promoción inmobiliaria
y a fecha del pasado 31 de diciembre tenía en propiedad terrenos
tasados en 2.056.870 euros. Barceló es su administrador único desde el
primer año de funcionamiento de la empresa. Una tercera compañía suya, Medlevante SL, fue constituida un año antes.
En
2014 tenía activos de 3,1 millones de euros. Y una cuarta, que lleva su
apellido y el de su mujer y en la que participan ambos, Barceló López SL,
controla un chalé en Polop y dos apartamentos en Villajoyosa
“destinados a arrendamientos” que suman otros 430.000 euros. En total,
solo esas cuatro sociedades agrupan bienes por importe de 7,4 millones de euros.
Los movimientos societarios del matrimonio habrían continuado en
fechas más recientes. En 2012, Barceló desembarcó en otra promotora
inmobiliaria, Gavina del Arsenal SL. Y en enero de 2017, su mujer se convirtió en administradora única de Volp Accesories & Others, una empresa dedicada al “comercio al por menor por correspondencia o internet” que había echado a andar un año antes.
En
esa maraña de sociedades se escondería parte de las comisiones ilegales
que presuntamente recibió Zaplana por amañar la adjudicación de
concesiones para levantar parques eólicos y construir centros de
inspección técnica de vehículos (ITV).
Entre los empresarios más
beneficiados por esas licitaciones irregulares se encontrarían los también detenidos este martes Vicente y José Cotino, propietarios de Sedesa y sobrinos del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino, que no fue arrestado pero será citado para declarar en las próximas horas en calidad de investigado.
El abogado uruguayo
Zaplana
habría desviado posteriormente el dinero de las comisiones a Uruguay
para dificultar su detección. Según han confirmado fuentes cercanas al
caso, en ese país habría contado con el asesoramiento del abogado Fernando Belhot, director del bufete con sede en Montevideo South Capital Partners,
especialista en la creación de entramados 'offshore' como el que habría
utilizado el presunto cerebro del caso Erial. El nombre de Belhot
aparece en la investigación de los papeles de Panamá.
La UCO ya se había topado con el letrado en el caso Lezo.
En el trancurso de esas pesquisas, los agentes detectaron
conversaciones en las que Zaplana se coordinaba con Belhot para tratar
de cerrar un acuerdo comercial a tres bandas con el expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González. Finalmente, en febrero de 2017, los tres pactaron la compra de la licencia para España y Portugal de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la marca alemana Shieer.
De los diálogos intervenidos, se desprendía que ese negocio podía ser una excusa,
según el primer auto de imputación de González, para el “afloramiento
de capital de origen ilícito”. “Las diligencias realizadas han revelado
los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a
través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en
que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la
inversión”, apuntó el entonces instructor de la causa, el juez Eloy
Velasco.
En otra conversación de Lezo, “Ignacio González proponía a Eduardo
Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo
—valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay—
'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”.
Según
Velasco, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria
de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce
adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que
materializar las inversiones y que de acuerdo a la información
tributaria no están declarados”.
La operación Erial ha desplazado el foco de esos diálogos hacia Zaplana. En conversación con este diario tras estallar Lezo,
el abogado uruguayo admitió que conocía al exministro desde hacía años y
que fue él quien le presentó a González. Belhot llegó incluso a abrir
una oficina en Madrid en febrero de 2016 para avanzar en esas operaciones comerciales.
La lista de detenidos este martes la completan el antiguo jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García Gómez,
y su asesor fiscal, Francisco Grau, que fue secretario del consejo de
administración de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM). Asimismo, en los próximas días tendrán que prestar declaración en
calidad de investigados otras siete personas. Entre ellas, además de la
mujer de Zaplana y Juan Cotino, se encuentra su secretaria personal,
Mitsouko Henríquez Alcántara.
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