Los
candidatos a la presidencia del Partido Popular han iniciado la
campaña sin más sobresalto que el anuncio de José Luis Bayo de acudir
a los tribunales al no admitir la Comisión Organizadora del Congreso
su candidatura al haber presentado avales de militantes que
presuntamente no están al corriente de pago.
Al
margen de este incidente todo va sobre ruedas. Los equipos de los
candidatos están eufóricos. Los tres con más posibilidades de pasar a la
segunda vuelta ya están preparando los papeles de cara al debate previo
a la celebración de la segunda vuelta.
Los más activos parecen ser los miembros del equipo de Sáenz de
Santamaría que han constituido en el edificio de despachos de los
parlamentarios del Congreso de los Diputados su base de trabajo. Quienes
le preparan los trabajos son hombres y mujeres muy experimentados en
hacer este tipo de informes, exministros y exsecretarios de Estado
codirigidos por los hermanos Nadal. Pero todos miran con mucha atención
lo que vaya a ocurrir esta semana en las declaraciones que habrán de
producirse ante la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga el caso
Cifuentes.
Es la misma magistrada que ha preguntado al Congreso de los Diputados
por la situación de aforado de Pablo Casado. En su providencia la jueza
especifica que actúa de acuerdo con los artículos de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y de la Constitución Española que establece que
corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigar, entre
otros, a los diputados del Congreso.
La providencia se lleva a cabo en el marco de la pieza separada del
caso Cifuentes que abrió la magistrada tras oír la declaración como
testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es que destapó el caso.
La primera diligencia fue solicitar a la universidad toda la información
sobre el máster de Pablo Casado en el mismo Instituto de Derecho
Público de la Rey Juan Carlos.
La investigación sobre Pablo Casado es una pieza separada del caso
Cifuentes. En el marco de esta pieza separada, la misma jueza ha
decidido imputar a la profesora Alicia López de los Mozos; al exdirector
del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde; y al anterior
rector de la URJC Fernando Suárez. Los tres están citados a declarar el
próximo 1 de agosto en calidad de investigados, pese a ser
tradicionalmente un mes no hábil en materia de trámites de los
tribunales.
Al menos dos de los citados en el caso específico de Pablo Casado
están citados también esta semana en el caso de la expresidenta de la
Comunidad, como son la profesora Alicia López de los Mozos y el
exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, lo
que podría anticipar el futuro del candidato que cuenta con más apoyos
de los afiliados del Partido Popular para que rija los destinos del
partido.
Por eso tanto el propio caso de los masters, como las candidaturas de la presidencia del PP entran en una semana clave.
En el caso máster, donde habrá una docena de comparecencias, destacan
las del exdirector del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan
Carlos Enrique Álvarez Conde, hoy mismo lunes, y la de la expresidenta
regional Cristina Cifuentes, que se producirá mañana martes. Ambos
acuden como investigados.
El lunes también han sido citadas Alicia López de los Mozos,
presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de Cifuentes, que
ya ha anticipado que su firma fue falsificada en el acta de evaluación y
Cecilia Rosado, secretaria del tribunal encargado de examinarla, la
única que sí firmó el acta.
También comparen los profesores Susana Galera y Rodrigo Martín y
María Teresa Feíto, exasesora del Gobierno madrileño que acudió a la
universidad para eventualmente presionar sobre el esclarecimiento del
caso, tras difundirse las presuntas irregularidades que confesó haber
destapado el profesor de la universidad, Salvador Perelló.
El martes será el día de la declaración de Cristina Cifuentes. Pero
ese mismo día también lo harán Jesús Primitivo González, Manuel Arenilla
Sáez, Elena Pérez Martín y Esther González Hernández, todos ellos
profesores del curso en el que la expresidenta estuvo matriculada.
Además, en este caso lo harán como testigos, el responsable de
Informática de la URJC, Juan Manuel Dévora y Daniel Herrero.
Todos ellos presuntamente conocen los procedimientos de convalidación
a los que se habría acogido Pablo Casado. La jueza no puede intervenir
en el caso de Casado, porque le corresponde al Supremo, pero todos los
que tienen el conocimiento de lo que ha sucedido hablan esta semana.
¿Habría contaminación en el caso si hablaran de Pablo Casado? ¿Quedarías
anulado el mismo por una imprudencia judicial?
Parte de los interrogantes se resolverán en los próximos siete días
que viene cargados de mucha información y en los que además se aprobarán
los Presupuestos Generales del Estado sin la presencia del Presidente
del Gobierno que estará en Bruselas en el Consejo Europeo. Cómo ha
cambiado la vida.
(*) Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario