VALENCIA.- Un día después del sorpresivo arresto del presidente de la Diputación de Valencia,
con el consiguiente daño que ha provocado en la imagen del PSPV-PSOE
-aunque también de Compromís-, Jorge Rodríguez ha salido sonriente de
los juzgados alrededor de las 18.15 horas de este jueves.
Lo ha hecho en libertad con cargos
-no especificados- y sin medidas cautelares, aunque seguirá investigado
por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales
públicos -en su vertiente de administración desleal- por irregularidades
en la contratación de personal directivo en la empresa pública
Divalterra. En la misma situación quedan los otros seis arrestados
ayer miércoles: los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de
Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de
esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación
(Manuel Reguart y el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego).
Todos ellos deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia,
que lleva el caso, cuando sean llamados.
Tras permanecer por la noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores, han pasado a disposición judicial al principio de la tarde. Apenas dos horas después, la mayoría había abandonado ya las dependencias judiciales después de acogerse a su derecho a no declarar. A la salida han estado acompañados por familiares, aunque también han sido recibidos por algunos cargos de sus respectivos partidos.
Tras permanecer por la noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores, han pasado a disposición judicial al principio de la tarde. Apenas dos horas después, la mayoría había abandonado ya las dependencias judiciales después de acogerse a su derecho a no declarar. A la salida han estado acompañados por familiares, aunque también han sido recibidos por algunos cargos de sus respectivos partidos.
El
único en atender brevemente a la prensa ha sido Rodríguez, quien ha
declarado que estaba «muy tranquilo» y que todo había «salido bien».
Sobre su comparecencia ante el juez, ha señalado que no podía «decir
nada» puesto que la causa todavía se encuentra bajo secreto de sumario y
tiene que saber primero «de qué va».
Aunque no ha ofrecido ninguna explicación de los hechos que han trascendido hasta el momento, sí ha calificado de «desproporción absoluta» tanto las acusaciones que recaen sobre él como el operativo de su detención.
En cuanto a la medida adoptada por el partido de suspenderle de militancia y de todos sus cargos, ha asegurado que era «la primera noticia» que recibía y que no la iba a valorar. Aun así, ha considerado que este tipo de decisiones son «lógicas en una situación como esta».
En términos similares se ha expresado otro de los arrestados, Manuel Reguart. «Esto es una barbaridad, es una desproporción», ha indicado entre gritos. El resto de investigados no ha realizado ningún tipo de comentario.
Con la salida en libertad se concreta una de las incógnitas más importantes desde que se pusiera en marcha la denominada «Operación Alquería» por la gravedad que habría supuesto que el juez decretara prisión provisional.
El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Udef de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Ciberdelincuencia, mientras que el caso se encuentra coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y por el juzgado.
Durante la jornada del miércoles se practicaron varios registros en la Diputación, en las sedes de Divalterra, en distintas viviendas y en el Ayuntamiento de Ontinyent -del que Rodríguez es alcalde-, donde los agentes accedieron tanto a su despacho como al departamento de informática, lo que apunta especialmente a la búsqueda de información en ordenadores.
Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras de la investigación, en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -aunque anulados hace dos meses- en los que se habría colocado a personas afines a Compromís y al PSPV-PSOE.
El coste de cada uno era de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas al no responder a una necesidad real. Algunas fuentes apuntan a que una de las líneas que podría seguir la Udef es el desvío de ese dinero público a las formaciones, aunque sólo se podrá confirmar con el análisis de la documentación intervenida.
Las contrataciones llegaron a tener doce informes jurídicos en contra. Pese a que aconsejaban convocar las plazas con concurrencia pública, en ningún momento se corrigió. La situación fue denunciada en los tribunales por trabajadores de Divalterra, aunque el PP ya interpuso una denuncia que fue archivada. Ciudadanos también se sumó posteriormente.
Aunque no ha ofrecido ninguna explicación de los hechos que han trascendido hasta el momento, sí ha calificado de «desproporción absoluta» tanto las acusaciones que recaen sobre él como el operativo de su detención.
En cuanto a la medida adoptada por el partido de suspenderle de militancia y de todos sus cargos, ha asegurado que era «la primera noticia» que recibía y que no la iba a valorar. Aun así, ha considerado que este tipo de decisiones son «lógicas en una situación como esta».
En términos similares se ha expresado otro de los arrestados, Manuel Reguart. «Esto es una barbaridad, es una desproporción», ha indicado entre gritos. El resto de investigados no ha realizado ningún tipo de comentario.
Con la salida en libertad se concreta una de las incógnitas más importantes desde que se pusiera en marcha la denominada «Operación Alquería» por la gravedad que habría supuesto que el juez decretara prisión provisional.
El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Udef de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Ciberdelincuencia, mientras que el caso se encuentra coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y por el juzgado.
Durante la jornada del miércoles se practicaron varios registros en la Diputación, en las sedes de Divalterra, en distintas viviendas y en el Ayuntamiento de Ontinyent -del que Rodríguez es alcalde-, donde los agentes accedieron tanto a su despacho como al departamento de informática, lo que apunta especialmente a la búsqueda de información en ordenadores.
Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras de la investigación, en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -aunque anulados hace dos meses- en los que se habría colocado a personas afines a Compromís y al PSPV-PSOE.
El coste de cada uno era de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas al no responder a una necesidad real. Algunas fuentes apuntan a que una de las líneas que podría seguir la Udef es el desvío de ese dinero público a las formaciones, aunque sólo se podrá confirmar con el análisis de la documentación intervenida.
Las contrataciones llegaron a tener doce informes jurídicos en contra. Pese a que aconsejaban convocar las plazas con concurrencia pública, en ningún momento se corrigió. La situación fue denunciada en los tribunales por trabajadores de Divalterra, aunque el PP ya interpuso una denuncia que fue archivada. Ciudadanos también se sumó posteriormente.
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