Uno de cada tres hogares lo mantiene un jubilado

MADRID.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este miércoles la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2017. El dato que vimos en todos los medios es el de que el gasto medio por hogar, que subió un 3,5% el año pasado, lo que supone la mayor subida en una década. Pero la estadística incluye otras cifras que llaman mucho la atención y que resultan muy relevantes en este momento, como el número de hogares que hoy están sustentados por pensionistas, que ya roza el 29%, según Vozpópuli.

Y es que el 'invierno demográfico' que esperan los expertos está cada vez más cerca. En el año 2006 el porcentaje apenas llegaba al 27% y lo peor es que no parará de subir en los próximos años e incluso en las próximas décadas. Y es que la población envejece y lo hace a ritmos agigantados. Es cierto que envejece toda Europa, pero España está a la cabeza en esta carrera.

De hecho, no es la única cifra preocupante que ha publicado el INE esta semana. El martes también dio a conocer la estadística 'Movimiento natural de la población', con un dato demoledor para los indicadores demográficos del país: las muertesvolvieron a superar a los nacimientos en 2017, como ya ocurrió también en el año 2015.

En concreto y, según datos provisionales, durante 2017 nacieron en España 391.930 niños, lo que supone un descenso del 4,5% respecto al año anterior, es decir, 18.653 nacimientos menos. Si echamos la vista atrás la cifra es aún más dramática, puesto que entre 2008 y 2017 el número de niños nacidos en España ha caído un 24,6%. De hecho, la cifra de nacimientos es la más baja desde 1996.

Y lo peor de todo es que en 2017 fallecieron en España 423.643 personas, una cifra que supone un aumento del 3,2% que en 2016 y la cifra más alta desde 1976. La diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones de residentes en el país arroja un crecimiento vegetativo negativo de 31.245 personas, lo que supone la diferencia más amplia desde que existen datos (1941).

Pensiones

Estas dos estadísticas son dos pruebas más de la necesidad de acometer una profunda reforma del sistema de pensiones en España. Y sobre todo ahora que se ha paralizado la reforma que hizo el Partido Popular en el año 2013, que incluía un nuevo índice de revalorización y desarrollaba el factor de sostenibilidad. La reforma iba a dejar las pensiones cuasi congeladas durante décadas, es cierto, pero también iba a contener el gasto lo suficiente como para hacerlo sostenible.

Algunos expertos, como los de Fedea, aseguran que la supresión de la reforma supondrá un coste medio anual durante las próximas cuatro décadas de 3 puntos de PIB. El coste no será igual todos los años. Al principio será más bajo, pero irá creciendo exponencialmente según vaya aumentando la masa de jubilados y disminuyendo la fuerza laboral.

Y es que son muchas las previsiones que apuntan a que en 2050 cada cotizante tendrá que sostener a un pensionista, una tasa difícil de asumir para un sistema contributivo y de reparto como el español. Por eso, se necesita una reforma capaz de asegurar la sostenibilidad del sistema sin vapulear la suficiencia de las pensiones como hacía la reforma de 2013.

El nuevo Gobierno es consciente y ya está calentando motores. Quiere una reforma pactada y consensuada para evitar derogaciones y cambios en el futuro como le ha pasado al PP. Está esperando a recibir las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ha sufrido un nuevo parón por el Congreso del PP, pero ya tiene en mente unas cuantas medidas.

De momento, se sabe que el PSOE tiene intención de recuperar el IPC como indicador de referencia para las pensiones, reducir los gastos, revisar las tarifas planas, atraer talento de fuera para mejorar el número de cotizantes, fomentar las ayudas a la familia para impulsar la natalidad y revisar el sistema fiscal para mejorar los ingresos. 

La ministra Magdalena Valerio ya ha dicho que recurrirá a los Impuestos Especiales, la tasa Google ideada por el Ejecutivo del PP, el impuesto a la banca y la figura que gravará las transacciones financieras.

Y no descarta usar la imposición general para ayudar a la Seguridad Social. En el Presupuesto alternativo del PSOE, el partido quería recaudar 4.000  millones más a través del Impuesto de Sociedades y 1.900 millones más con el IRPF, subiendo el tipo máximo a las rentas de más de 150.000 euros y equiparando de forma progresiva los tipos de rentas de trabajo y de capital.