VALENCIA.- El ex ministro y ex president de la Generalitat Eduardo Zaplana cumple este sábado seis meses en prisión incondicional y sin fianza por el caso Erial, aún bajo secreto de sumario, sin que abogados ni familia hayan convencido aún a la jueza ni a los forenses del riesgo para su salud por seguir encarcelado.
El 20 de septiembre se conoció que el cuarto informe médico al que
había sido sometido Zaplana, enfermo de leucemia, concluía que su salud no corre peligro en Picassent,
donde está ingresado en prisión preventiva por su presunta implicación
en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y
prevaricación.
Cada quince días, el también ex presidente del PP
valenciano y ex directivo de Telefónica acude desde la citada cárcel al
Hospital La Fe de Valencia para someterse a distintas pruebas médicas y recibir tratamiento por la leucemia que padece desde 2015, cuando se sometió a un trasplante de médula.
Ese
último examen médico -por parte de forenses del Instituto de Medicina
Legal- fue autorizado por la Audiencia Provincial a petición de la
defensa de Zaplana, que argumenta que, mientras permanece en prisión,
corre el riesgo de sufrir una infección grave con riesgo vital.
Los
abogados han presentado ya cuatro recursos -todos ellos rechazados-
para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario alegando un
"deterioro acusado" del estado de salud del ex ministro.
Fuentes de la defensa del ex ministro lamentan el desconocimiento que tienen del estado actual de la instrucción,
si esta avanza o no, así como si hay requerimientos u otras medidas, y
admiten que no se les notifica más allá de las prórrogas del secreto del
sumario (la última hace cinco días), de las que se suprime cualquier
fundamentación por parte de la jueza.
Otros letrados personados en
la causa coinciden en señalar el hermetismo reinante, y apuntan a la
posibilidad de que el secreto del sumario no se levante hasta que se
resuelvan varias comisiones rogatorias (peticiones de
apoyo judicial entre estados para obtener pruebas en el extranjero) que
la jueza instructora podría haber tramitado.
Desde
su internamiento en Picassent, los letrados de Zaplana han aportado el
informe del doctor Guillermo García-Manero, que desde Houston (EE.UU.)
hace un seguimiento de la analítica y evolución del paciente, y también
los informes forenses realizados hasta ahora.
La defensa alega no
solo razones humanitarias sino también legales, citando el artículo 508
de la ley de Enjuiciamiento Criminal, "que no recoge exclusivamente
supuestos de riesgo vital, sino también de empeoramiento grave de la salud por razón de la prisión, supuestos en los que la ley acuerda la procedencia del arresto domiciliario".
En
el tercer informe médico, elaborado por Guillermo Sanz, jefe de Sección
de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético de
La Fe, se advertía del "deterioro acusado del estado general" del
paciente y señalaba que "la probabilidad de presentar una infección
grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100 %".
El
médico que realizó el trasplante de médula en su día al ex president
especificaba que "un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento
adecuado comprometería seriamente su vida" y añadía que, "al parecer,
las actualizaciones de tratamiento no se efectúan de forma inmediata
debido a las carencias de personal facultativo del centro".
En
septiembre, su familia aseguró que Zaplana había perdido ya ocho kilos
en catorce semanas y estaba "muy mal" tanto física como anímicamente e
insistió en que presentaría todos los recursos necesarios para que sea
excarcelado.
Zaplana ingresó en Picassent después de que la
titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia decretara
prisión incondicional y sin fianza contra él por riesgo de fuga y
destrucción de pruebas.
Dos días antes había sido detenido en su casa de Valencia, en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las ITV, realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
El
mismo día de su detención, Zaplana, de 62 años, fue suspendido de
militancia en el PP mientras Telefónica, para la que trabajaba desde
2008 en su área de Asuntos Públicos, suspendió también su relación
laboral con él.
Además de Zaplana, cumplen también seis meses en prisión provisional el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el exdirectivo del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló.
En la causa figuran como investigados el ex director general de la Policía y ex presidente de Les Corts, Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del ex president, Mitsuko Henríquez.
El
caso de quien fuera portavoz del PP en el Congreso ha generado
reacciones de solidaridad desde distintos ámbitos políticos, desde el ex
presidente del Gobierno José María Aznar hasta la vicepresidenta del
Gobierno valenciano, Mónica Oltra (de Compromís), y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata.
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