Las lecciones que deja la DANA

ALICANTE/VALENCIA.- Los vecinos de la Vega Baja no olvidarán nunca la gota fría de septiembre de 2019 que destruyó sus casas, arrasó infraestructuras y anegó poblaciones enteras. Tampoco lo harán los de la Vall d'Albaida, donde la crecida del río Clariano arrasó viviendas y dos colectores vitales para Ontinyent. Fue un episodio histórico, tal y como demuestran las últimas imágenes de satélite, que reflejan un pasado muy lejano, cuando la Vega Baja todavía era un sistema de lagunas naturales aparejadas a los periódicos desbordamientos del río Segura, según revela El Mundo. 

Las precipitaciones fueron excepcionales (en algunos puntos se acumularon hasta 500 litros por metro cuadrado; 300 de ellos en sólo dos horas), pero no desconocidas por completo. A lo largo de la historia, la Comunidad Valenciana ha sufrido episodios esporádicos de inundaciones, principalmente a la vuelta del verano. En la memoria colectiva todavía permanecen la riada de 1957 que anegó la ciudad de Valencia y llevó a desviar el cauce del Turia o la pantanada de Tous en 1982, cuando la presión del agua acumulada rompió la presa y sepultó a decenas de poblaciones.

La recurrencia de estos fenómenos atmosféricos en la vertiente mediterránea española, sin embargo, no impidió una transformación «desmesurada» del territorio en las últimas décadas en las que se omitió, en muchos casos, el riesgo de inundación a la hora de trazar nuevos desarrollos urbanos. «Hemos ocupado los flujos preferentes de agua con infraestructuras y diferentes tipos de construcciones que han empeorado la situación», explica Santiago Folgueral, portavoz del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana.

A la espera de que las administraciones realicen sus informes sobre las causas y efectos de la última DANA, expertos consultados por EL MUNDO apuntan algunas de las lecciones que deja el último episodio de lluvias en la Comunidad Valenciana.

Edificaciones

Uno de los grandes debates sobre los efectos catastróficos de la última DANA en la Comunidad Valenciana apunta directamente a la ordenación del territorio. Y aquí las versiones de ecologistas e ingenieros coinciden: se ha ocupado el tradicional curso de los ríos y ramblas con edificaciones de todo tipo y los efectos son devastadores. «Se ha construido en zonas inundables, creando barreras en zonas de drenaje, lo que contribuye a anegar zonas urbanas. Hay viviendas, infraestructuras y equipamientos sociales sobre zonas de muy alto riesgo de inundación. Se ha visto el caso de un hospital que ha tenido que ser desalojado. Hay que actuar ya y devolver a los ríos los espacios que les hemos quitado», argumenta Julia Martínez, de Ecologistas en Acción. La afirmación la comparte Folgueral, quien, además, pone un ejemplo muy concreto, el de la carretera CV-930, arrasada a su paso por la rambla de Abanilla: «Se han realizado infraestructuras que interrumpen el flujo del agua. La carretera CV-930 ahora está arrasada precisamente a su paso por la rambla. Esta construcción contribuyó a anegar la zona norte de Orihuela, ya que desvió el tradicional curso del agua», incide. No obstante, insiste en que el problema no está en su ubicación sino en la manera en la que se afrontó la obra. Martínez, por su parte, señala también otras infraestructuras que interrumpen el discurrir del agua como la AP7, el AVE o diferentes rotondas.

Otro caso de infraestructura que no ha contribuido a aligerar los efectos de la riada se encuentra en Guardamar del Segura. El pasado martes 17, cinco días después del inicio de las inundaciones, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) autorizó la rotura del dique entre el antiguo cauce y el nuevo del río, en la desembocadura, en Guardamar de Segura. Esta operación, largamente demandada por los agricultores de la Vega Baja, ayudó a un desagüe más rápido. Pero no ha sido suficiente. Otro obstáculo impide la normal salida de las aguas, el espigón construido en los años 90 para el cauce nuevo, de tamaño, orientación y forma «imposible», abierto a Levante y noreste, que como muestran las imágenes aéreas ralentizaba el desagüe.

Se trata de una construcción por la que está siendo investigada la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en el Tribunal Supremo, porque no tiene una función específica más allá de impedir la normal regeneración de las playas. Pero con las inundaciones se ha demostrado un problema estructural -sin necesidad de que haya avenidas por lluvias torrenciales-, que la desembocadura tiene un problema grave para la evacuación de los materiales que trae el río.

Limpieza de cauces

El mantenimiento adecuado de los cauces es otro de los puntos polémicos que deja la DANA. Las imágenes de un inmenso cañar discurriendo sobre las aguas de los ríos y ramblas o taponando el ojo de los puentes sobre el segura han despertado una oleada de críticas de alcaldes y agricultores. Para Martínez las soluciones que se han planteado de limpieza sistemática no son completamente válidas puesto que la vegetación de ribera contribuye a laminar y frenar las avenidas de agua. Eso sí, plantea una solución diferente a las cañas que habitualmente pueblan las márgenes de los ríos. «Hay que recuperar el bosque de ribera en sustitución de los cañares, que es una especie invasora que se desprende con la fuerza del agua. Los sauces, alisos o fresnos, por ejemplo, contribuyen a fijar el terreno y a frenar la velocidad del agua».

Folgueral, mientras tanto, admite la utilidad de la vegetación de los cauces, pero pone en la balanza otro aspecto ante la presencia de una avenida: su arrastre provoca el colapso de los puentes, hace elevar el caudal y contribuye a inundaciones. Por eso, prefiere un mantenimiento más nítido, sin cañas, que permita un discurrir más fácil del agua. No obstante, comparte la dificultad de retirar completamente las cañas.

Legislación

La permisividad que hubo durante años con la construcción en los cauces es otro de los asuntos a apuntar. Aunque Folgueral señala que ahora existe una nueva herramienta, el Patricova (un documento que obliga a analizar el riesgo de inundación antes de permitir nuevas construcciones), reconoce que la legislación fue más laxa durante muchos años, cuando no se obligaba a atender estas consideraciones. «Hace 20 años no existía una legislación tan restrictiva y se realizaron numerosos desarrollos urbanos en zonas inundables. No sólo viviendas, también polígonos industriales e infraestructuras, algo ahora impensable», dije. Por ello, aboga por la implantación del Patricova de manera retroactiva. Es decir, que las consideraciones sobre el riesgo de inundación se apliquen también a construcciones del pasado.

Martínez, sin embargo, insiste en que hace 20 años ya existía legislación al respecto y que fueron las autonomías las que no la hicieron cumplir. Por ello, reclama responsabilidades a todas las administraciones que fueron permisivas. «Debe haber responsabilidades, civiles y penales», apunta.

Actuaciones

Más allá de las medidas para reparar los desperfectos, Martínez incide en la necesidad de articular otro tipo de actuaciones como la reserva de espacios inundables en el cauce medio de los ríos. «Se pueden liberar zonas inundables en el curso medio que no es urbano para evitar que se traslade todo el agua a las zonas bajas. Sería un seguro de vida para los municipios de aguas abajo», explica. A su juicio, el sistema de motas para prevenir avenidas del Segura se ha demostrado una mala solución. «Hay que liberar espacios. Las motas se han roto con el agua y han inundado las superficies anexas porque había un muro que no permitía que regresara al cauce. No son una solución útil», insiste.

No lo comparte Folgueral, quien sostiene que el sistema de canalización ha funcionado durante 32 años. «Ha fallado ahora, pero durante muchos años ha sido una herramienta útil. Se hicieron cálculos para que las motas no se rompieran, pero la presencia de cañas y escombros ha reducido el cauce. Quizás habría que redimensionar, ver cuál ha sido el problema antes de tomar medidas», concluyó.