VALENCIA.- Les Corts Valencianes han aprobado, con los votos a favor del PSPV, Compromís, Unides Podem y el PP, y la abstención de Ciudadanos,
una iniciativa para pedir al Gobierno la transferencia a las autonomías
de los recursos retenidos correspondientes a la entregas a cuenta y a
la recaudación del IVA.
La propuesta, pactada por los grupos firmantes del pacto del Botànic a partir de una iniciativa de Compromís, reclama incluir la devolución de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017, e insta a trabajar para "desligar futuras entregas a cuenta de la tramitación de la ley de Presupuestos Generales del Estado".
También pide "avanzar en la reforma inmediata del sistema de financiación, basada en las recomendaciones de los expertos nombrados por Les Corts de diciembre de 2017", que contempla la transferencia del 70 % de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales, entre otras medidas.
La iniciativa reclama, además, la aprobación de mecanismos temporales de compensación mientras esta reforma no se produzca; el reconocimiento de la deuda histórica desde que se produjeron las transferencias de competencias a la Generalitat, y la definición y establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficit.
Asimismo, propone modificar la normativa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para convertirlo en un órgano multilateral de decisión efectiva, equilibrando su composición para reducir el peso del Gobierno central en las decisiones y garantizando un mínimo de dos reuniones anuales ordinarias.
El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que la iniciativa busca que nunca más pueda pasar que un gobierno de España pueda "retener de forma arbitraria" el dinero que va a los colegios, hospitales o servicios sociales de los valencianos.
Además, ha dicho, se mantienen intactas las reivindicaciones de los valencianos en materia de financiación, pues, según ha dicho, "podemos hablar del FLA, del FLO, del FLU o del FLI" pero el problema de la Comunitat se llama "discriminación, marginación, financiación injusta".
El popular Rubén Ibáñez ha criticado "la debilidad" de Compromís por cambiar su propuesta inicial, que pedía la convocatoria urgente del CPFF para cambiar el sistema de financiación, por otra que pide "avanzar" en esa reforma, en la que, según Ibáñez, "llevan avanzando desde junio de 2018 pero no han cambiado nada".
Desde Ciudadanos, la diputada Ruth Merino ha considerado que la iniciativa pactada por el Botànic es "demagogia" y "postureo de cara a las elecciones" del 10 de noviembre, y ha presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, para volver "al consenso de todos y a sumar".
Vox ha votado en contra de la iniciativa porque aunque apoya la transferencia de las entregas a cuenta y la recaudación del IVA de diciembre de 2017, no quiere reducir el peso del Gobierno en el CPFF ni en reclamar la compensación de la deuda histórica, pues es partidario de devolver competencias al Estado.
El síndic socialista, Manolo Mata, ha destacado que aunque todos los grupos están de acuerdo en defender una financiación justa, la financiación que quiere el Botànic no es la misma que la que quiere la oposición, y Ferrán Martínez (Unides Podem) ha dicho que si la oposición está en contra de los recortes, que revise la ley de Estabilidad financiera o el artículo 135 de la Constitución.
La propuesta, pactada por los grupos firmantes del pacto del Botànic a partir de una iniciativa de Compromís, reclama incluir la devolución de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017, e insta a trabajar para "desligar futuras entregas a cuenta de la tramitación de la ley de Presupuestos Generales del Estado".
También pide "avanzar en la reforma inmediata del sistema de financiación, basada en las recomendaciones de los expertos nombrados por Les Corts de diciembre de 2017", que contempla la transferencia del 70 % de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales, entre otras medidas.
La iniciativa reclama, además, la aprobación de mecanismos temporales de compensación mientras esta reforma no se produzca; el reconocimiento de la deuda histórica desde que se produjeron las transferencias de competencias a la Generalitat, y la definición y establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficit.
Asimismo, propone modificar la normativa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para convertirlo en un órgano multilateral de decisión efectiva, equilibrando su composición para reducir el peso del Gobierno central en las decisiones y garantizando un mínimo de dos reuniones anuales ordinarias.
El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que la iniciativa busca que nunca más pueda pasar que un gobierno de España pueda "retener de forma arbitraria" el dinero que va a los colegios, hospitales o servicios sociales de los valencianos.
Además, ha dicho, se mantienen intactas las reivindicaciones de los valencianos en materia de financiación, pues, según ha dicho, "podemos hablar del FLA, del FLO, del FLU o del FLI" pero el problema de la Comunitat se llama "discriminación, marginación, financiación injusta".
El popular Rubén Ibáñez ha criticado "la debilidad" de Compromís por cambiar su propuesta inicial, que pedía la convocatoria urgente del CPFF para cambiar el sistema de financiación, por otra que pide "avanzar" en esa reforma, en la que, según Ibáñez, "llevan avanzando desde junio de 2018 pero no han cambiado nada".
Desde Ciudadanos, la diputada Ruth Merino ha considerado que la iniciativa pactada por el Botànic es "demagogia" y "postureo de cara a las elecciones" del 10 de noviembre, y ha presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, para volver "al consenso de todos y a sumar".
Vox ha votado en contra de la iniciativa porque aunque apoya la transferencia de las entregas a cuenta y la recaudación del IVA de diciembre de 2017, no quiere reducir el peso del Gobierno en el CPFF ni en reclamar la compensación de la deuda histórica, pues es partidario de devolver competencias al Estado.
El síndic socialista, Manolo Mata, ha destacado que aunque todos los grupos están de acuerdo en defender una financiación justa, la financiación que quiere el Botànic no es la misma que la que quiere la oposición, y Ferrán Martínez (Unides Podem) ha dicho que si la oposición está en contra de los recortes, que revise la ley de Estabilidad financiera o el artículo 135 de la Constitución.
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