ALICANTE.- La creación de suelo industrial en Alicante comienza a perfilarse a través de un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y el primer emplazamiento en el que se pretende darle cabida (antes que se acometa la extensión del Pla de la Vallonga hasta el Parque Científico de la Universidad de Alicante)
es, precisamente, el entorno de uno de sus actuales polígonos: el área
empresarial de Las Atalayas, según avanza Alicante Plaza.
En concreto, las concejalías de Fomento y
Urbanismo que coordinan Mari Carmen de España y Adrián Santos Pérez trabajan conjuntamente en el impulso de una primera modificación puntual del PGOU (a través de un Plan Especial como el que se tramitó para la ampliación del Parque Científico de la UA) que podría ampliar la superficie del recinto industrial en alrededor de otros 1,5 millones de metros cuadrados
(150 hectáreas).
En el caso de que se llegase a completar su
desarrollo, el polígono pasaría a duplicar su superficie actual, de 1,2
millones de metros (121 hectáreas) sobre terrenos que ahora tienen la
calificación de suelo rústico.
Fuentes del equipo de Gobierno consultadas por Alicante Plaza precisaron que la nueva bolsa de suelo apta para la implantación de empresas a la que se pretende dar encaje se
extendería entre el trazado de las A-7 y de la A-31 más allá de los
800.000 metros cuadrados todavía libres de los que dispuso inicialmente
la entidad pública empresarial de suelo, Sepes, cuando acordó
la expropiación de parcelas para configurar el polígono, en 1973.
De esa
superficie, alrededor de 350.000 metros estarían en trámite de
reversión a sus antiguos propietarios, al no haberse ejecutado desde
entonces la expansión del polígono que justificó su adquisición forzosa.
Así,
se programaría la extensión a medio y largo plazo de Las Atalayas en
una mayor dimensión de la pactada inicialmente con Sepes. A lo largo del
pasado mandato, tanto el conjunto del tripartito (PSOE, Guanyar y
Compromís), como el PSOE y el PP en solitario, negociaron un
convenio con la entidad estatal adscrita al Ministerio de Fomento para
que Las Atalayas pudiese crecer en 150.000 metros cuadrados, ampliables
hasta 260.000. Con ese suelo adicional, se atendería la demanda de la docena de empresas que ya han manifestado su interés por ganar espacio en el recinto.
Se trata de Jimten (suministros de fontanería), Truckdeal (reparación de grúas, camiones y carrocerías), Alumed Sistemas (estructuras metálicas); Punto Gofre; Euro Cala 2007 (alquiler de bienes inmobiliarios); Papi Tránsitos (transitario); Peñalver Concept; Atramentum (comercio al por mayor); Cargas Internacionales Alicante (transporte por carretera); ID Electroquímica (productos electrónicos); Logística Quirant (transporte por carretera); y Redpetroil,
la estación de servicio. En su conjunto, las doce empresas
prácticamente agotarían los 150.000 metros previstos en el convenio
entre Sepes y Ayuntamiento de Alicante.
En dicho acuerdo se concretó que la entidad estatal se haría cargo de los costes de urbanización para ampliar el polígono siempre y cuando estuviese garantizada la venta de las parcelas resultantes.
No obstante, ese convenio sigue pendiente de firma
desde finales de 2018. De ahí que, ahora, el bipartito que componen
Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) pretenda retomar las
negociaciones con Sepes -en una reunión que se prevé concertar a finales
de noviembre- no solo para concretar esa primera ampliación ya pactada,
sino para reivindicar que tenga todavía un mayor alcance.
Es decir, que
se tenga en cuenta ese cerca de 1,5 millones de metros adicionales que
se planea promover mediante la citada modificación del PGOU para no
coartar a futuro las posibilidades de crecimiento del principal polígono
de la capital.
De ese modo,
no solo se conseguiría satisfacer la demanda interna de parcelas (la que
procede de empresas ya instaladas en Las Atalayas). También se permitiría que el polígono incorporase todavía más servicios (como los que se pretenden en el proyecto Atalayas 2025) en busca de la calificación de Área Industrial Avanzada (AIA) que certificase su excelencia. Y, además, se
posibilitaría igualmente que se asentasen otras firmas que ya se han
dirigido a la entidad de conservación del área industrial para expresar
su interés en ello.
En la actualidad, Las Atalayas acoge las instalaciones de empresas como Sprinter, Famosa, Verne, Jimtem, Suavinex, Pompadur, Repuestos Serca, Blinker, entre otros, alcanzando una facturación anual que supera los 1.100 millones de euros y dando trabajo directo a más de 6.000 personas, según datos de la propia entidad de conservación.
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